La modificación de la Ley de Tierras impulsada por el gobierno nacional genera un intenso debate en el Senado, con especial atención en provincias de frontera como Misiones, donde conviven tierras de colonos, comunidades indígenas y una extensa zona limítrofe con Brasil y Paraguay.
El proyecto, elaborado por el ministro Federico Sturzenegger, modifica la Ley 26.737 de Protección de Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Entre los principales cambios se destacan la habilitación de los llamados “desalojos exprés”, la restricción del margen del Estado para declarar la utilidad pública de un bien y la derogación de las restricciones actuales que limitan la compra de tierras por parte de extranjeros.En Misiones, provincia clave por su posición geopolítica , su biodiversidad y la presencia de comunidades indígenas Mbya Guaraní junto a productores colonos, estas modificaciones generan preocupación por sus posibles efectos en el control territorial, la soberanía nacional y el modo de vida de sus habitantes.
Análisis en la Comisión de Ciencia y Tecnología
La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, presidida por el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, realizó una jornada de debate en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Participaron científicos, especialistas, referentes sociales, representantes eclesiásticos, académicos, dirigentes sindicales, militares y excombatientes.
Los expositores analizaron las consecuencias del proyecto sobre el control del territorio, las zonas de frontera, los recursos estratégicos y la soberanía nacional. Se organizó en tres bloques temáticos:
- El territorio en disputa: extranjerización, manejo del fuego y desalojos.
- Límites al interés público y la defensa nacional: control fronterizo, narcotráfico e impacto sobre la soberanía y la geopolítica.
- Defender nuestro territorio: una causa nacional.
Principales modificaciones del proyecto
La ley vigente limita la titularidad extranjera al 15% del total de tierras rurales del país, con topes por provincia y municipio, y establece que ninguna empresa o persona de una misma nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje.
El proyecto oficial eliminaría estos límites y flexibilizaría controles en zonas de frontera y cuerpos de agua estratégicos.
Además, introduce cambios en el régimen de expropiaciones, acelera procesos de desalojo y modifica las restricciones para el cambio de uso del suelo en áreas afectadas por incendios.
La nueva Ley de Tierras que promueve el gobierno de Javier Milei es uno de los temas de debate en el Senado de la Nación. Dicha modificación, habilitaría los llamados desalojos exprés y derogaría la restricción actual que tienen los extranjeros para comprar hectáreas.
Ante este panorama la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, científicos, especialistas, referentes sociales, representantes eclesiásticos, académicos, dirigentes sindicales, militares y ex combatientes analizaron las consecuencias que podría tener el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” sobre el control del territorio, las zonas de frontera, los recursos estratégicos y la soberanía nacional.
La actividad, realizada en el Salón Azul del Palacio Legislativo, con el foco en las modificaciones que el proyecto propone sobre la Ley de Tierras Rurales y los mecanismos que hoy limitan la concentración extranjera de tierras, proteger cuerpos de agua, áreas estratégicas y zonas de frontera.
Desde los diferentes sectores convocados adviertieron que ese aspecto de la norma podría tener efectos regresivos sobre la seguridad y defensa nacional, al “reducir el control territorial de las zonas de frontera y facilitar el desarrollo del narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otras actividades de crimen organizado”.
La jornada, que se llevó a cabo en la comisión que presidió el senador nacional, Eduardo Wado de Pedro, estuvo organizada en tres bloques temáticos. El primero, titulado El territorio en disputa: extranjerización, manejo del fuego y desalojos, contó con las exposiciones de Matías Oberlin (CONICET y Observatorio de Tierras PRIHA-FCE-UBA), Florencia Gómez (Ceppas y ex directora del Registro Nacional de Tierras Rurales), Ernesto Alonso (CECIM La Plata), Gervasio Muñoz (Inquilinos Agrupados), Lucía Yáñez (CIEPA-FAUBA) y Nahuel Levaggi (UTT y Mesa Agroalimentaria).
El segundo bloque, Límites al interés público y la defensa nacional: control fronterizo, narcotráfico e impacto sobre la soberanía y la geopolítica de la Argentina, reunirá al senador nacional Jorge Capitanich, la subsecretaria de Políticas Ambientales de la provincia de Buenos Aires, Tamara Basteiro, el general brigadier retirado Fabián Brown y el especialista en relaciones internacionales y geopolítica Juan Gabriel Tokatlian.
La actividad concluye con el bloque Defender nuestro territorio: una causa nacional, en el que participaron el secretario general del Sindicato del Seguro y cosecretario general de la CGT, Jorge Solá; el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general retirado Martín Paleo; el obispo de Chascomús e integrante de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Juan Ignacio Liébana; y “Wado” de Pedro.
Durante la jornada se debatieron las consecuencias que distintos especialistas que advierten respecto de las modificaciones impulsadas por el proyecto oficial, entre ellas la eliminación de límites a la concentración extranjera de tierras rurales, la flexibilización del control sobre zonas de frontera y cuerpos de agua estratégicos, los cambios en el régimen de expropiaciones, la aceleración de procesos de desalojo y la modificación de las restricciones vigentes para el cambio de uso del suelo en áreas afectadas por incendios.
El proyecto, impulsado el Ministro Sturzenegger, modifica la Ley 26.737 de Protección de Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, habilita los LLamados «desalojos exprés» y restringe el margen estatal para declarar la utilidad pública de un bien. La norma actual limita la titularidad extranjera al 15% del atotal de tierras rurales del País, con topes también por provincia y por municipio. Además, ninguna empresa o persona de una nacionalidad purede concentrar más del 30% de ese porcentaje.
Fuente: Conclusión







