Un caso que tomó repercusión en los medios paraguayos y generó polémica en el sistema judicial del país, se encuentra en el centro de la atención: Carlos Roberto Valiati, empresario de doble nacionalidad paraguayo-brasileña, fue extraditado desde Argentina y, apenas 24 horas después, un juez le concedió arresto domiciliario pese al alto riesgo de fuga señalado por otro juzgado.
Valiati, prófugo de la justicia durante casi una década, fue detenido en Argentina en diciembre de 2025 mediante una alerta roja de Interpol. Tras cuatro meses preso en ese país, sin lograr su liberación, fue extraditado a Paraguay el 21 de abril de 2026.Sin embargo, el 22 de abril, dos decisiones judiciales diametralmente opuestas marcaron su destino inmediato.
Mientras el Juzgado Penal de Garantías N° 7 ordenó su reclusión en el penal regional de Ciudad del Este, argumentando un elevado riesgo de fuga por su prolongada evasión, su doble nacionalidad y la existencia de bienes en Brasil, el Juzgado de Garantías N° 6, a cargo del juez Nelio Prieto Otazú, dispuso su arresto domiciliario.
Según la resolución del juez Prieto Otazú, la medida se sustentó en un certificado de residencia expedido el mismo día de su llegada al país (21 de abril), en el que se indica que Valiati reside en el barrio San José de Ciudad del Este. El documento, firmado por un jefe policial y respaldado por dos testigos, ha generado fuerte escepticismo, ya que el imputado acababa de ingresar al territorio nacional bajo custodia policial tras años de ausencia.
La defensa también alegó problemas de salud, presentando un informe sobre carcinomas de piel. No obstante, no se acreditó que se trate de una enfermedad terminal ni se realizaron estudios médicos concluyentes que justificaran impedir su reclusión en un centro penitenciario. Además, la caución impuesta fue de 100 millones de guaraníes (aproximadamente USD 13.000), monto considerado insuficiente frente a los fraudes que se le imputan y su historial de fuga.
Valiati enfrenta dos graves causas en Paraguay: una por estafa de USD 2,3 millones al Banco do Brasil y otra por un desfalco cercano a los USD 7 millones contra la firma CAISA S.A. Además, existían planes para su eventual extradición a Brasil, donde también registra denuncias pendientes.
Este caso, ampliamente difundido por medios paraguayos como Diario Global Paraguay, generó inmediatas críticas y cuestionamientos sobre la coherencia y los criterios aplicados en la administración de justicia. Dos juzgados, en un mismo día, tomaron resoluciones completamente contradictorias sobre un imputado con claros antecedentes de evasión prolongada.
Especialistas consultados por distintos medios coinciden en que este episodio deja en evidencia serias contradicciones dentro del propio sistema judicial paraguayo y abre un debate sobre la transparencia y uniformidad de las decisiones en casos de alta complejidad.
Hasta el momento, no se han registrado pronunciamientos oficiales del Ministerio Público ni de la Corte Suprema de Justicia sobre las aparentes inconsistencias. El caso continúa en desarrollo y promete generar nuevas repercusiones en los próximos días.
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