Exenciones impositivas para Misiones, una reorganización interna y el sano equilibrio entre gestión y construcción política son hoy las señales que ordenan el inicio de un nuevo ciclo político en la provincia y que dejan en claro que la maquinaria electoral ya está en movimiento.
Y no lo hace en cualquier momento: lo hace en un contexto donde la economía asfixia, el consumo cae y la sociedad exige respuestas inmediatas con cada vez menos margen de espera. Todo esto se encuadra bajo la consigna génesis del Misionerismo “el poder está en la gente”, que funciona como eje ordenador y empuja a la dirigencia a reencontrarse con su base real, allí donde la urgencia cotidiana no da tregua y donde, mucho antes que en las urnas, se define el verdadero pulso y sentido de la política.
En ese marco, el reclamo por un régimen diferencial para la provincia, basado en exenciones impositivas para Misiones, reaparece con una fuerza particular. A diferencia de otras ocasiones, no surge solo como una bandera histórica, sino como una respuesta directa a un escenario económico que se volvió más restrictivo. La combinación de inflación elevada, caída del consumo y aumento de costos —especialmente en tarifas y combustibles— reconfigura el debate: lo que antes era una demanda estructural ahora adquiere carácter de necesidad urgente.
La singularidad geográfica de Misiones, con más del 90% de sus fronteras internacionales, deja de ser un dato conocido para transformarse en un argumento central. Competir con Brasil y Paraguay en condiciones fiscales y cambiarias desiguales no es una abstracción técnica, sino una dificultad concreta que impacta sobre comercios, industrias y productores. A esto se suman los costos logísticos y la distancia de los grandes centros económicos, factores que profundizan la asimetría.
En ese sentido, la propuesta impulsada desde la Cámara de Representantes no solo plantea un marco general, sino medidas específicas: revisión del IVA, reducción o eliminación del impuesto a las ganancias para sectores productivos, alivio en el impuesto al cheque, eliminación de tributos a los combustibles y beneficios aduaneros para exportaciones clave como la yerba y el té. Aquí aparecen datos duros que explican la magnitud del problema: la inflación en el Nordeste alcanzó en marzo el 4,1%, la más alta del país, y en algunos productos la carga impositiva nacional puede representar hasta el 80% del precio final.
Ahora bien, mientras el frente económico se recalienta, el oficialismo provincial también comenzó a moverse. La convocatoria al llamado Encuentro Misionero —impulsada bajo la conducción de Carlos Rovira— no puede leerse como un evento aislado, sino como el primer gesto de una reorganización más amplia. La decisión de ampliar la base política, recuperar territorialidad y ajustar el lenguaje indica que hay una lectura interna sobre la necesidad de aggiornamento frente a un electorado más exigente.
En ese proceso, además, se empezaron a definir herramientas concretas: la conformación de una mesa de coordinación y el inicio de un armado territorial anticipado, con dirigentes que comienzan a recorrer la provincia. Entre ellos aparece el intendente de Posadas, Lalo Stelatto, junto a otros referentes que buscarán reconstruir cercanía. Todo esto ocurre en un contexto donde parte de la dirigencia todavía procesa las señales del 2025.
La voluntad de volver a los orígenes atraviesa todo el movimiento. El Misionerismo busca reanclarse en su matriz fundacional, aquella que proponía una construcción amplia, con vocación de sumar voluntades y defender el modelo provincial desde una identidad propia. La consigna “el poder está en la gente” reaparece no como un eslogan vacío, sino como una guía en un tiempo donde la cercanía, la escucha y la interpretación política se vuelven condiciones indispensables.
En paralelo, la gestión busca sostener niveles de actividad en áreas sensibles. La Expo Agroindustrial en Oberá, con más de 5 mil personas por día, funcionó como una vidriera del potencial productivo. Al mismo tiempo, el gobernador Hugo Passalacqua volvió a poner en agenda un reclamo concreto: la regularización de una deuda superior a los 2.500 millones de pesos del programa Incluir Salud, cuya demora impacta directamente en instituciones y familias vinculadas a la discapacidad.
Misiones parece haber entendido que se abre una nueva etapa. Hay un reclamo económico firme, una reconfiguración política en marcha y una gestión que busca sostenerse en medio de un contexto adverso. Pero el verdadero desafío recién empieza: traducir ese movimiento en respuestas concretas para una sociedad que mira con atención, pero también con cautela.
(*) Politólogo y Periodista.
