El ministro de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración detalló en un comunicado las sentencias revisoras del Tribunal de Cuentas que modificaron los fallos iniciales, aseguró haber pagado los cargos residuales de su propio bolsillo y se presentó espontáneamente ante la Justicia para solicitar el archivo de la causa. Calificó la acusación de construida sobre información parcial, desactualizada y con intencionalidad política.

Matías Vílchez salió al cruce de la denuncia penal promovida en su contra por el diputado provincial Ramón Oscar Amarilla, vinculada a las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre su gestión como intendente de San Javier (ejercicios 2021, 2022 y 2023). A través de un comunicado difundido este lunes, el funcionario sostuvo que la acusación se apoyó en datos incompletos y omitió deliberadamente resoluciones posteriores del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) que, según explicó, modificaron los pronunciamientos originales.

“¿Quiénes y por qué ocultaron maliciosamente las sentencias de los recursos que revocaron los fallos iniciales?”, planteó Vílchez en uno de los pasajes más contundentes del texto. Según su posición, las actuaciones ordinarias utilizadas como fundamento de la denuncia fueron oportunamente recurridas y dieron lugar a nuevas resoluciones.

Para respaldarlo, detalló la evolución de tres expedientes:

Ejercicio 2021: la Sentencia 388/2023 fue recurrida y obtuvo una revocación parcial de los cargos mediante la Sentencia de Revisión 274/2024.

Ejercicio 2022: la Sentencia 907/2023 fue modificada sustancialmente a través de la Sentencia de Revisión 664/2024.

Ejercicio 2023: la Sentencia 895/2024 también fue recurrida y el procedimiento concluyó con la Sentencia de Revisión 916/2025.

Vílchez argumentó que utilizar únicamente los fallos iniciales, sin incorporar las resoluciones posteriores, distorsiona el resultado definitivo de las actuaciones y presenta una situación que ya había sido revisada por los organismos correspondientes.

Otro eje central de su defensa es el pago de los cargos residuales. Afirmó que, tras la intervención obligatoria de la Fiscalía de Estado, canceló íntegramente esos cargos y las multas con recursos personales. Esa cancelación, sostuvo, permitió consolidar formalmente la cosa juzgada conforme al artículo 76 de la Ley I N° 3. Sobre esa base, planteó la inexistencia de delito y habló de una situación de “atipicidad absoluta”, por lo que no habría sustento jurídico para avanzar con una persecución penal. La valoración de este descargo corresponde a la Justicia.

El comunicado también contiene una acusación directa sobre las motivaciones: “El ocultamiento de las sentencias revisoras solo buscó descontextualizar la realidad para generar un daño reputacional y un impacto mediático difamatorio. Hay real malicia”, expresó Vílchez. Trasladó así el eje de la discusión hacia la forma en que se construyó y difundió la denuncia, al utilizar resoluciones iniciales sin contemplar el desenlace posterior de los procedimientos administrativos.

En cuanto a los pasos judiciales, el ministro informó que no esperó una citación: se presentó espontáneamente ante el agente fiscal de Instrucción dentro de las 48 horas de haber tomado conocimiento de la denuncia a través de los medios. En esa presentación solicitó el rechazo in limine y el archivo directo de las actuaciones por inexistencia de delito. Remarcó que la decisión respondió a la voluntad de esclarecer los hechos y poner a disposición los antecedentes que, según su postura, desvirtúan la acusación.

En el tramo más político del texto, Vílchez vinculó los cuestionamientos con su manera de ejercer la función pública: “Tal vez incomode que una gestión esté en el territorio, escuchando de primera mano las necesidades de los vecinos y trabajando para transformar esas demandas en soluciones concretas”. Defendió una gestión basada en el trabajo, el compromiso y la transparencia, y cerró con dos afirmaciones: “La verdad ya está en manos de la Justicia” y “Seguiré trabajando con la misma dedicación de siempre”.

La denuncia de Amarilla, presentada días atrás en el Ministerio Público Fiscal, había solicitado investigar las rendiciones contables observadas por el Tribunal de Cuentas y acceder a expedientes, registros municipales y extractos bancarios correspondientes a los períodos 2021-2023, en un contexto en el que Vílchez había sido sumado al gabinete provincial pese a esas observaciones.

Información con Misiones Opina