La Argentina cuenta con altos niveles de carga tributaria. En los primeros dos años de gobierno de Milei, la presión tributaria se redujo levemente, si se considera la recaudación como porcentaje del producto bruto interno (PBI). Pero la baja no se produjo por una reforma estructural en el sistema, sino por la decisión de no prorrogar la vigencia del Impuesto PAIS, que se implementó como un impuesto de emergencia y pesaba sobre las operaciones de compra de bienes y servicios en el exterior (un tributo que afectaba a los sectores más acomodados de la Argentina).Por Nicolás Marchiori

Así lo consigna un informe del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, que especifica que la reducción fue ínfima: 0,85 puntos porcentuales.

El estudio expone un rasgo estructural crítico: el sistema tributario argentino es más gravoso que el de sus pares de Latinoamérica y tiene mayores costos de recaudación. Mientras el promedio de América Latina redujo estos costos, Argentina incrementó, alcanzando 1,31 unidades monetarias por cada cien recaudadas, un hándicap que lo ubica cerca de países como Dominica (1,78), Antigua y Barbuda (1,56) y Panamá (1,47). Muy lejos de Brasil (0,32), Chile (0,59) y Paraguay (0,61).

Esta combinación de carga y burocracia impacta directamente en el Índice de Performance de Política Tributaria, elaborado por la casa de estudios siguiendo la metodología diseñada por la Fundación Bertelsmann de Alemania: apenas pasó de 4,3 a 4,4.

Está claro que en Argentina la elevada carga tributaria y la complejidad del sistema afectan negativamente la actividad económica y el desarrollo. Un sistema impositivo mal diseñado o excesivamente elevado como el de nuestro país, constituye una barrera para la formalización, la generación de riqueza y el desarrollo económico.

El alto nivel de informalidad que existe hoy en la economía argentina es consecuencia de la elevada presión fiscal, la complejidad del sistema tributario y la falta de incentivos a la formalización. Esto profundiza las desigualdades y debilita la capacidad del Estado para sostener el gasto público: salud, educación, seguridad, obras de infraestructura.

El avance de la informalidad no sólo reduce la recaudación, sino que también termina afectando a los sectores de menores ingresos.

La tributarista Fernanda Laiún señala que la informalidad representa una porción significativa de la actividad económica: “Se estima que la economía en negro está entre un 40% y 50% del total”, afirma. Este fenómeno implica que una gran parte de las operaciones no tributan, lo que reduce los ingresos del Estado y como consecuencia limita su capacidad para financiar servicios esenciales como los enumerados en párrafos anteriores y jubilaciones, entre otros gastos.

La especialista explica que en este contexto la carga impositiva termina siendo más regresiva porque en el caso del 21% del IVA lo pagan todos por igual y eso afecta especialmente a quienes tienen ingresos más bajos.

Frente a este panorama, debemos decir que el federalismo fiscal argentino sufre un elevado desequilibrio vertical, producto de la asignación de potestades tributarias y responsabilidades de gastos entre los diferentes niveles de gobierno. Como consecuencia, los gobiernos provinciales no pueden financiar con recursos propios la proporción del gasto de la que son responsables. Para ponerlo en números, la Nación recauda la mayoría de los fondos (alrededor del 74%), mientras que las provincias asumen gran parte del gasto social y de servicios (aproximadamente 35% del gasto público consolidado).

Hagamos un poco de historia. Esa brecha en la práctica debería ser compensada a través de un régimen de transferencias cuyo pilar fundamental es la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548, promulgada en enero de 1988 y que tenía un carácter transitorio.

Con la reforma constitucional de 1994, a través del artículo 75 inciso 2 y la cláusula transitoria sexta, se otorgó rango constitucional a la coparticipación federal, exigiendo un nuevo régimen basado en criterios objetivos, equitativos y solidarios, con la creación de un organismo fiscal federal. Aunque la Constitución ordenó sancionar una nueva ley antes de 1996, el mandato sigue incumplido, persistiendo la vieja Ley 23.548 de 1988.

A casi 40 años de la reforma, el federalismo fiscal enfrenta serias dificultades ya que no se ha logrado consenso para acordar un sistema que reemplace a la normativa de 1988, lo que ha generado un sinfín de litigios judiciales y un régimen actual que no cumple totalmente con los nuevos preceptos constitucionales, al tiempo que genera profundas asimetrías y le da al Estado Nacional un poder discrecional en el reparto de fondos que consolida un sistema perverso de apriete y asfixia económica a las provincias.

En virtud de lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que hoy nos encontramos con un federalismo desigual, rígido, centralista y poco transparente. Y vamos a explicar por qué: es desigual y rígido porque los coeficientes de reparto que fija la ley 23.548 no cambiaron desde 1988, pero la actividad económica sí. Para que la distribución sea verdaderamente justa, habría que avanzar hacia un esquema flexible, donde los coeficientes respondan a la necesidad y al esfuerzo de las provincias y no a la arbitrariedad de la historia. Es poco transparente porque los ciudadanos no tenemos en claro adónde van a parar los impuestos nacionales. El federalismo fiscal también es centralista y los gobiernos nacionales han fortalecido esta tendencia, tal como mostramos anteriormente: la Nación recauda el 74% de los impuestos que paga cualquier argentino de a pie.

Vayamos a un ejemplo práctico en el caso de Misiones: de una compra de $10.000 en el supermercado, un misionero tiene solamente $200 de impuestos provinciales y $1.800 de impuestos nacionales. Pero cuando sale del supermercado se encuentra con un móvil de la Policía de Misiones, si tiene un siniestro va a tener una ambulancia y si tiene hijos van a poder ir a la escuela que sostiene el Gobierno provincial. Ahora es muy difícil saber cuál es el servicio que presta el Estado Nacional por los impuestos que cobra. Por cada $100 que aporta Misiones a la Nación, a la provincia sólo vuelve el 15%.

La coparticipación debe ser más simple, transparente y flexible a los cambios en la economía y a las necesidades de las provincias; y debe ser más justa y más federal para que todos los argentinos tengan acceso a la misma calidad de bienes públicos sin importar en qué provincia nacieron, y para que los gobernadores puedan conducir los destinos de cada territorio con verdadera autonomía. Se puso muy de moda, con la excusa de la famosa “batalla cultural” libertaria, decir que los fondos coparticipables sirven para sostener privilegios de los gobiernos provinciales.

Absolutamente falso: los fondos coparticipables corresponden a los habitantes de cada provincia y los gobiernos locales, que fueron elegidos por el voto popular, son los encargados de gestionarlos en pos del bien común.

El plan de alivio fiscal más importante de la historia de Misiones

El gran caballo de batalla para la construcción narrativa de un vasto sector de la oposición, oportunista y miserable por cierto, fue la vulgarmente llamada “aduana paralela”. Un recurso argumentativo que, en términos discursivos, rindió muy bien a los enemigos del modelo impulsado por el Misionerismo. “Todo sale más caro en Misiones por culpa de la ‘aduana paralela’”, lograron instalar en los empresarios más encumbrados, en los asalariados del sector público cuyos aumentos de sueldos dependen de lo que recauda la provincia, en los productores primarios que están excluidos del pago de Ingresos Brutos, en los cuentapropistas que manejan un Uber o pedalean con una mochila de Pedidos Ya y en cuanto sector social se nos ocurra.

Los mismos que se encargaron de instalar el concepto de “aduana paralela”, son los mismos que miran para otro lado cuando se da la discusión en torno al “costo argentino”. Difícilmente un libertario reconozca en público el ancla que significa para el desarrollo productivo tener un IVA del 21%; cargas sociales por encima del sueldo bruto del trabajador que en términos porcentuales representan entre un 18 y 24% más, y un 35% en concepto de Impuesto a las Ganancias. Decimos en público, porque en privado lo reconocen. Es más, acompañado de una sonrisa burlona afirman que “es el precio de la libertad”.

El 1° de mayo, en la apertura de sesiones ordinarias del Parlamento Misionero, el gobernador Passalacqua anunció una medida que retumbó fuertísimo en Buenos Aires y que dejó aturdida a una oposición que vio cómo se hizo trizas el principal recurso discursivo que tenían para confrontar con el oficialismo. “No habrá más cobro de ningún tipo en los puestos de control de acceso a Misiones, quedando los mismos únicamente para verificación de documentación”, afirmó el mandatario misionero.

En términos concretos, la disposición alcanza a 16.000 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados, es decir el 95% del padrón queda excluido de ese pago a cuenta.

La medida se enmarca dentro del plan de alivio fiscal más importante de la historia de Misiones. En ese sentido, la Provincia impulsa la ampliación del régimen de proveedores, que corrige superposiciones impositivas para más de 4.900 empresas.

Por si fuera poco, desde el 1° de agosto Misiones deja de aplicar retenciones automáticas sobre transferencias bancarias, pagos con tarjeta y operaciones realizadas mediante billeteras virtuales. Esta reciente medida implementada a través de la Resolución General N° 11/2026 de la Agencia Tributaria de Misiones beneficiará a pequeños monotributistas que cumplan con los requisitos establecidos y busca adaptar el sistema tributario al crecimiento de los medios de pago digitales.

Misiones escuchó el reclamo de la gente y cumplió con su parte. Ahora surge una pregunta: ¿y la Nación qué hace por los misioneros? Si la verdadera intención es aliviarle a la gente de cargas impositivas y hacerle la vida menos costosa, podríamos empezar a discutir una verdadera reforma tributaria integral en donde provincias como Misiones, que tienen más del 90% de los límites internacionales y padecen de las asimetrías propias de las zonas de frontera, puedan contar con un IVA del 10,5% como tiene Paraguay o una tarifa eléctrica subsidiada para la actividad industrial como tiene Brasil. Pero la discusión debe darse dejando de lado las mezquindades y las ambiciones políticas, porque cuando se lanzan al aire eslóganes y promesas pensando en la próxima elección, se le está faltando el respeto a la gente y jugando con sus necesidades.

Nicolás Marchiori
Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).