El primer dato es que de mínima el peaje más barato subiría de 1300 pesos actuales a 4200 pesos
Se trata de la concesión del primer corredor vial del Mercosur, un trayecto estratégico de casi 700 km que unirá distintas rutas nacionales clave para el comercio internacional. Incluye las rutas nacionales 12 y 14.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el 8 de octubre se realizará la apertura de sobres para definir qué empresa se quedará con la concesión del primer corredor vial del Mercosur. La licitación corresponde a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, integrada por los tramos Oriental y Conexión, que abarcan las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174. Esta instancia, que contiene las ofertas económicas de los operadores privados, es un paso indispensable para adjudicar la explotación del corredor. Se espera que los nuevos concesionarios asuman la gestión hacia fines de 2025 o inicios de 2026, con lo que se convertirá en el primer corredor vial bajo administración privada de este gobierno.
Uno de los datos más preocupantes para los usuarios de las rutas (automovilistas y transportistas) es que los valores se van a multiplicar por 3. Esto significaría que el peaje (por caso de Santa Ana y Victoria) de Misiones de los actuales 1300 pesos pasará como mínimo a 4200 pesos. El área de la provincia además tiene el de ingreso a Ituzaingó que también sufrirá el mismo incremento.
En los años 90, en el inicio del gobierno de Carlos Menem, la llegada de los peajes ocasionó serios inconvenientes. Muchos se negaban a pagar el nuevo canon por pasar por las casillas y aducían que los prestadores debían poner un camino alternativo para el que no quisiera transitar por la ruta. Esto en Misiones nunca ocurrió.
En el final del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, el peaje en Misiones estaba en 100 pesos. Y en pocos días pasó a 200 y siguió subiendo a 300, 500 y 1000 pesos. Ahora se hallaba en 1300 pesos y el salto que se prepara para dar es muy alto. «No se recupera la inversión» afirman los que vienen a gestionarlos. Pero en realidad, en todos estos años, las concesionarias privadas nunca tuvieron que hacer mantenimiento de rutas (solo el recorte de pasto al borde y cobrar) ya que el gobierno nacional a través del Impuesto a los Combustibles se cobraba el dinero para hacer las obras de rutas a través de Vialidad Nacional (DNV). Se supone que los prestadores nuevos harán dicha tarea pero no hay precisiones al respecto. La realidad hoy es que las rutas nacionales se caen a pedazos y nadie está dispuesto a mejorarlas. ¿Por qué? Por el Ejecutivo resolvió eliminar DNV y nadie queda para hacer su tarea. Eso sí: el impuesto se sigue cobrando igual.
El esquema financiero
Para facilitar la inversión, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) ofrecerá a la empresa adjudicataria un esquema fiduciario de garantía y fondeo por hasta $56.000 millones, equivalente al 70% del total de la inversión prevista en el contrato. El financiamiento será en UVA +2%, con un plazo de repago de seis años y un año de gracia.
El llamado corredor del Mercosur está actualmente bajo gestión estatal desde abril, luego del vencimiento del contrato con Caminos del Río Uruguay. La licitación fue lanzada en junio, aunque la fecha de apertura se modificó tres veces antes de confirmarse para octubre.
El proceso forma parte del plan de privatización de Corredores Viales S.A., oficializado el 1° de septiembre mediante decreto. La medida dispone que, en un plazo máximo de 12 meses, las rutas nacionales sean transferidas a nuevos operadores mediante el sistema de concesión con peaje.
Tras la adjudicación del primer tramo, el Gobierno prevé avanzar con el Tramo 2, que incluye otros 4400 kilómetros de rutas nacionales, y posteriormente con el Tramo 3, de 2800 kilómetros, que abarcará autopistas del Litoral y corredores como las rutas 7 y 9.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca -según sus propias expresiones- «reducir el gasto público, atraer inversión privada y modernizar la infraestructura vial estratégica del país».
En realidad, los tramos menos atractivos (en todo el país) es probable que tengan pocos oferentes. Y no se sabe qué harán las autoridades nacionales para tentarlos al negocio. «Solo un tercio de las rutas a concesionar tendrán un retorno de la inversión que garantice su funcionamiento. Del resto, es difícil saber qué ocurrirá», sostienen observadores que conocen el rubro. «Y casi seguro que las rutas seguirán su deterioro actual hacia un nivel de empeoramiento severo».
