El oficialismo y bloques dialoguistas firmaron despacho de mayoría con cambios al proyecto original, que elimina límites a la compra de tierras por extranjeros pero deja su autorización en manos provinciales.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado emitió este miércoles dictamen sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Poder Ejecutivo, tras un debate atravesado por diferencias sobre los tiempos de tratamiento y el alcance de las reformas propuestas.

La reunión fue encabezada por la senadora libertaria Nadia Márquez, quien destacó la amplitud de posiciones expresadas durante el proceso, centrado en la protección del derecho de propiedad y en aspectos sensibles como las expropiaciones, los desalojos y la regulación de la tierra rural. Al término del encuentro, se habilitó la firma de un despacho de mayoría con modificaciones y otro de minoría presentado por el bloque Convicción Federal.

El dictamen impulsado por el oficialismo reunió el respaldo de La Libertad Avanza junto a sectores de la UCR, el Pro y otros espacios provinciales, lo que permitirá llevar la iniciativa al recinto en las próximas semanas, con la expectativa de seguir sumando apoyos en el camino.

Durante el debate, la senadora Patricia Bullrich explicó los cambios incorporados al texto original, varios de ellos producto de aportes de especialistas y legisladores de distintos bloques. Entre las principales modificaciones, mencionó la fijación de límites al lucro cesante en expropiaciones, la definición de una tasa de interés específica, y la diferenciación entre ocupantes legítimos e intrusos en los procesos de desalojo.

En este último punto, el proyecto establece un mecanismo de desalojo abreviado en casos de usurpación, mientras que para los inquilinos en mora se amplía el plazo de intimación a diez días antes de habilitar la vía judicial. Según se explicó, la intención es dotar de mayor claridad operativa a la norma y evitar interpretaciones dispares.

Otro de los cambios relevantes es la exclusión del capítulo vinculado al régimen de barrios populares (RENAVAP), que será abordado en una iniciativa específica, así como la incorporación de disposiciones sobre registros de terrenos.

En materia de tierras rurales, el proyecto elimina las restricciones vigentes para la adquisición por parte de extranjeros, aunque introduce un esquema descentralizado: serán las provincias las que definan si autorizan o no esas operaciones, en línea con sus competencias constitucionales sobre los recursos naturales. No obstante, se mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal accedan a la propiedad de tierras.

Bullrich defendió este enfoque al señalar que busca “salir de una visión centralista” y fortalecer el federalismo, permitiendo que cada jurisdicción regule de acuerdo a su realidad.

Desde la oposición peronista surgieron cuestionamientos tanto al contenido como al procedimiento. La senadora Florencia López pidió postergar la firma del dictamen y convocar a una nueva reunión para analizar en detalle las modificaciones introducidas, al advertir que el texto fue distribuido con escaso margen de estudio.

En la misma línea, el senador Jorge Capitanich planteó la necesidad de un abordaje más integral en materia dominial y propuso que los cambios en la ley de Manejo del Fuego sean sometidos a audiencias públicas y armonizados con la legislación ambiental vigente y compromisos internacionales.

A su turno, el radical Eduardo Vischi respaldó el despacho al destacar que varias de las modificaciones reflejan propuestas de su bloque, y consideró coherente que las provincias tengan un rol central en la regulación de la venta de tierras a extranjeros.

Desde Convicción Federal, la senadora Carolina Moisés sostuvo que es posible mejorar la iniciativa y propuso avanzar hacia un texto más consensuado. Ante la falta de acuerdo, su espacio presentó un dictamen alternativo.

El proyecto incorpora además ajustes en la normativa sobre manejo del fuego en zonas agropecuarias, un punto que también generó debate por su alcance y sus implicancias ambientales.

Con la firma de los despachos, el Senado dio un paso clave para el tratamiento de una ley que el oficialismo considera estratégica, aunque su aprobación definitiva dependerá de la capacidad de construir consensos en un escenario todavía atravesado por diferencias de fondo.

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