El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado aprobó este miércoles el dictamen del proyecto que reemplaza el régimen de emergencia vigente hasta el 31 de diciembre por un marco legal permanente. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, quedó en condiciones de ser tratada en la sesión ordinaria del 19 de noviembre.
El acuerdo se logró luego de que el senador justicialista Carlos Linares retirara su proyecto de prórroga de la emergencia y respaldara la propuesta de la Cámara baja. Linares explicó que la decisión busca “despejar la incertidumbre” del colectivo de personas con discapacidad, aunque aclaró que “no es lo ideal” y que “es mucho lo que falta”.
La senadora Alicia Kirchner, titular de la comisión de Población y Desarrollo Humano, insistió en la necesidad de sancionar la ley antes del vencimiento de fin de año para “garantizar la mayor cobertura”.
Desde el oficialismo, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró que el proyecto “busca dar una respuesta permanente y genera previsibilidad después de muchos desencuentros”. Subrayó que “esto no es un plan social, es una pensión a la discapacidad” y destacó la importancia de los controles y de la compatibilidad con el empleo registrado.
La senadora peronista Juliana Di Tullio calificó las palabras de Bullrich como un “relato perverso” y cuestionó la política del Gobierno, pero adelantó que acompañará el proyecto “porque el 31 de noviembre se terminan las sesiones ordinarias”.
En disidencia, la senadora peronista Alejandra Vigo calificó la iniciativa de “oportunista” y reclamó modificaciones, al considerar que el sector atraviesa una emergencia severa. Su postura fue cuestionada por el oficialismo, que priorizó la urgencia de sancionar la norma.
En el debate económico, el senador libertario Bruno Olivera Lucero valoró que el proyecto fije las fuentes de financiamiento. El legislador peronista Fernando Salino ironizó: “A nosotros nos dicen ‘queremos saber de dónde sacar…’, saquénsela a la SIDE, muchachos”.
Qué establece el nuevo régimen
El proyecto fija que las pensiones no contributivas por invalidez equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio y se actualizarán por inflación. Mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito de acceso, junto con el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.
El beneficio será compatible con el empleo formal, siempre que el beneficiario no perciba más de dos salarios mínimos, vitales y móviles. En materia sanitaria, garantiza la cobertura del Programa Incluir Salud conforme a la ley 24.901.
Finalmente, si al momento de la sanción existen deudas pendientes con los prestadores, el Poder Ejecutivo tendrá 30 días para difundir un cronograma de saldos y 90 días para cancelar la totalidad de los pagos a quienes hayan cumplido el trámite.
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