El Senado aprobó este jueves con 42 votos a favor y 21 en contra la reforma de la Ley 26.657, vigente desde 2010. La iniciativa amplía los criterios para las internaciones involuntarias, reincorpora a los hospitales psiquiátricos especializados y fortalece el rol de los médicos psiquiatras. El senador misionero Carlos Arce logró incorporar un artículo que garantiza financiamiento federal para las provincias.

La norma, sancionada definitivamente el 25 de noviembre de 2010, había sido celebrada por introducir un cambio de paradigma al abandonar el modelo centrado en la internación y adoptar un enfoque basado en derechos humanos. Con el tiempo, sectores profesionales, judiciales y familiares de pacientes cuestionaron su implementación efectiva. El oficialismo había anunciado el 14 de octubre que avanzaría con la reforma, que formaba parte de la Ley de Bases original, fue impulsada por un proyecto del Ejecutivo en abril y recibió modificaciones acordadas para llegar al recinto.

La votación en particular se realizó por tandas. Los artículos 1° al 22° se aprobaron por 42 a 21; los 23° y 24°, por 41 a 22; y del 25° al 34°, con el agregado impulsado por Arce. El senador misionero solicitó incorporar como artículo 41 bis de la Ley Nacional de Salud Mental el siguiente texto sobre financiamiento federal:

“El Estado Nacional brindará asistencia técnica, económica y financiera a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para implementar las obligaciones y prestaciones de la presente ley. Esta asistencia se implementará mediante convenios con cada jurisdicción, los que deberán establecer los costos estimados de implementación, los aportes comprometidos por cada parte, las metas, el cronograma de transferencia y los mecanismos de rendición de cuentas. Los compromisos de co-financiamiento deberán contemplar la capacidad fiscal y sanitaria de cada jurisdicción. La insuficiencia de recursos propios de una jurisdicción no podrá constituir, por sí sola, motivo para denegar la asistencia nacional prevista en este artículo”.

El artículo, aprobado por 42 votos a 21, establece que el Poder Ejecutivo Nacional debe prever anualmente en el presupuesto nacional partidas específicas en la jurisdicción del Ministerio de Salud, destinándolas prioritariamente al fortalecimiento de equipos interdisciplinarios, formación y contratación de recursos humanos, teleconsultas, dispositivos comunitarios, atención infanto-juvenil y sistemas de información. También fija criterios objetivos de distribución vía COFESA con coparticipación del COFESAMA, considerando población, necesidades sanitarias, condiciones socioeconómicas, dispersión geográfica y disponibilidad de profesionales. La autoridad de aplicación deberá publicar anualmente un informe de ejecución física y financiera.

Posturas en el debate

La senadora oficialista Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud, explicó que se busca “llegar a tiempo” y que la ley vigente está “desactualizada”.

Destacó que el dictamen resultó de un proceso amplio de escucha, con más de 70 expositores y aportes de ministros provinciales en el COFESA.

Desde Convicción Federal, el catamarqueño Guillermo Andrada reconoció avances de la ley de 2010 pero criticó que “durante 15 años no ha podido cumplir con esos principios” por falta de recursos. Advirtió que “la tinta legislativa puede ser infinita, pero cuando se habla de salud, los recursos tienen que estar”.

El misionero Carlos Arce puso el foco en el financiamiento: “Como médico quiero destacar la enorme importancia de una evaluación clínica integral: hay enfermedades orgánicas o sistémicas que pueden manifestarse con cambios en la conducta”. Anticipó la incorporación de “una garantía concreta de financiamiento territorial, con concertación en el COFESA”, porque “esta reforma establece obligaciones que requieren equipos, capacitación, conectividad, infraestructura y servicio comunitario”.

La radical Silvana Schneider habló de un “debate histórico y profundamente humano” y un reclamo de familias. Señaló que el criterio de “riesgo cierto e inminente” dejó solas a muchas familias y que la reforma permite intervenir ante “riesgo grave para la vida”, considerando intentos previos. Resaltó las herramientas para el interior (teleconsulta) y el apoyo a las familias.

La justicialista María Celeste Giménez Navarro calificó la reforma como “regresiva” en un contexto de ajuste y vinculó la salud mental con pobreza e incertidumbre económica. Lucía Corpacci (Catamarca) advirtió que el suicidio es la primera causa de muerte (promedio de 14 diarios en el país) y que la solución pasa por “dotarla de lo que necesite”, no solo cambiar la ley.

Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, sostuvo que la norma de 2010 dejó un vacío al exigir “peligro inminente” y que la reforma permite “intervenir a tiempo”, manteniendo la internación involuntaria como excepcional. Aclaró que los hospitales especializados “no son manicomios”.

Principales cambios del proyecto

La reforma mantiene principios de protección de derechos e incorpora expresamente las adicciones. Redefine las internaciones involuntarias ante “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física” de la persona o terceros, contemplando antecedentes y evolución previsible. En urgencias, un solo médico puede ordenar la internación, a ratificar por equipo interdisciplinario en 48 horas; los jueces pueden ordenarla si los prestadores se niegan.

Las internaciones podrán realizarse en hospitales generales, especializados en psiquiatría y salud mental e instituciones públicas o privadas, manteniendo la prohibición de nuevos manicomios y el impulso a dispositivos comunitarios. Incorpora obligaciones y derechos para familiares y cuidadores, mecanismos de orientación y acceso a información. Modifica artículos del Código Civil y Comercial, reafirma el control judicial y crea herramientas estadísticas. Con la media sanción, el proyecto pasa a Diputados.

El texto destaca la intervención del senador Carlos Arce, que logró anclar en la norma un mecanismo concreto de financiamiento federal para que las provincias puedan cumplir las nuevas obligaciones sin que la falta de recursos propios sea motivo de denegación.

Información con Parlamentario