Herrera Ahuad y Hartfield concordaron un acuerdo legislativo para sostener el financiamiento del sistema de discapacidad
Los diputados nacionales por Misiones Oscar Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal, y Diego Hartfield, de La Libertad Avanza, coincidieron en un paquete de garantías para transparentar deudas, actualizar prestaciones y evitar que Nación traslade sus obligaciones a las provincias.
Los legisladores nacionales misioneros Oscar Herrera Ahuad y Diego Hartfield concordaron un acuerdo legislativo sobre discapacidad en el marco del dictamen tratado en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
El entendimiento apunta a dar previsibilidad al sistema y a incorporar al texto mecanismos para garantizar el financiamiento, proteger el Nomenclador Único, actualizar las prestaciones y cancelar deudas con prestadores. Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal, impulsó el grueso de esas modificaciones. Hartfield, de La Libertad Avanza, formó parte del acuerdo que permitió avanzar con el dictamen.
La posición de Herrera Ahuad se sostuvo en la necesidad de una ley permanente. “Yo quiero que haya una ley que proteja y cuide a la discapacidad, no importa el presidente que tengamos y no importa el Congreso que tengamos constituido dentro de dos años, dentro de cuatro años, dentro de diez años”, afirmó.
Los nueve puntos del acuerdo
1. Partida presupuestaria específica y protegida.
La propuesta busca evitar que el cumplimiento de la política de discapacidad dependa de la disponibilidad discrecional de otras partidas. Herrera Ahuad planteó incorporar una asignación presupuestaria específica y un mecanismo de protección para que los recursos del sector no pierdan previsibilidad.
2. Actualización automática de los recursos.
Argentina Federal propuso que las partidas destinadas a discapacidad tengan mecanismos periódicos de actualización para impedir que la inflación deteriore su capacidad real de financiamiento. Herrera Ahuad explicó que la propuesta contempla una actualización trimestral de la partida presupuestaria.
3. Defensa del Nomenclador Único.
El acuerdo ratifica un nomenclador de alcance nacional, para evitar que los valores de las prestaciones queden determinados solo por negociaciones particulares entre financiadores y prestadores.
4. Actualización de los valores de las prestaciones.
Uno de los puntos reclamados es que la actualización de los valores quede expresamente establecida, reduciendo la discrecionalidad y procurando evitar nuevos atrasos. Herrera Ahuad señaló la necesidad de hacer taxativa la actualización periódica.
5. La pensión no se pierde definitivamente por conseguir trabajo.
Cuando una persona supere el límite de dos salarios mínimos, vitales y móviles, el beneficio se suspende de manera transitoria y no se elimina.
6. Restitución automática del beneficio.
Si la persona deja de percibir esos ingresos o vuelve a quedar por debajo del límite previsto, la prestación debe restablecerse automáticamente, sin iniciar de nuevo un procedimiento administrativo ni acudir a la Justicia.
7. Transparencia sobre las deudas con prestadores.
El acuerdo reclama mecanismos explícitos para conocer no solo qué obligaciones fueron devengadas administrativamente, sino cuáles fueron efectivamente pagadas y transferidas a los prestadores. Incluye información pública y reportes sobre el estado de esas obligaciones.
8. Cronograma para las deudas pendientes.
Las obligaciones generadas durante la emergencia no deberían desaparecer con la nueva legislación. El planteo es preservarlas y fijar un cronograma de cancelación.
9. Evitar que Nación transfiera el costo a las provincias.
Las responsabilidades financieras correspondientes al Estado nacional no deben ser trasladadas de manera unilateral a las provincias.
El debate sigue en el recinto
En conjunto, el acuerdo suma disposiciones sobre actualización de recursos y prestaciones, protección del Nomenclador Único, compatibilidad entre pensión y empleo, y transparencia de las deudas pendientes.
Herrera Ahuad firmó el dictamen en disidencia. Esa firma no implica un cheque en blanco: Argentina Federal mantiene diferencias y reclama, entre otros puntos, modificaciones en disposiciones del Presupuesto 2027 que considera regresivas para el sector.
“Nosotros estamos para dar soluciones al colectivo de discapacidad de la República Argentina”, sostuvo el diputado. Y sintetizó su posición de cara al recinto: “Yo no quiero que se judicialice, yo quiero que se cumpla”.
