La conducción de Daniela López al frente del Consejo General de Educación (CGE) de Misiones viene acumulando distintos conflictos, denuncias, reclamos gremiales y cuestionamientos vinculados con decisiones administrativas y con el funcionamiento del organismo. Desde su llegada al cargo en marzo de 2024, se sucedieron diversos episodios que hoy forman parte de una discusión cada vez más amplia sobre la gestión educativa provincial.
El caso Kategora: más de 6.300 días de licencia
Uno de los episodios más recientes involucra a Juan Carlos Kategora, director de la Escuela Provincial N.º 733 de San Vicente. El caso generó cuestionamientos por la acumulación de más de 6.300 días de licencia durante su trayectoria. El CGE había iniciado un sumario administrativo para determinar responsabilidades. La situación volvió a cobrar relevancia el 11 de agosto de 2026, cuando el organismo aceptó su renuncia. La medida fue confirmada por Daniela López y generó cuestionamientos respecto de la continuidad del proceso administrativo.
Valeria Paraná y la Escuela 958 de San Antonio
En 2026, el conflicto de la Escuela Provincial N.º 958 del paraje Barbacuá se convirtió en uno de los mayores enfrentamientos entre una comunidad educativa y el CGE. La Resolución 3177/26 cuestionó la situación laboral de la docente y directora suplente Valeria Paraná, lo que derivó en protestas de padres, cortes de la Ruta Nacional 101 y una huelga de hambre frente al organismo. Tras la protesta, el CGE modificó parcialmente su propia decisión mediante la Resolución 3376/26, restituyendo la estabilidad de Paraná como maestra de grado, aunque mantuvo liberado el cargo de directora. La defensa de la docente judicializó el conflicto.
El sobrino de López y la Dirección de Educación Rural
Otro de los casos que generó fuertes cuestionamientos fue la designación de Darío Marcelo Fernández, señalado como sobrino de Daniela López, como director de Educación Rural. La designación se realizó mediante la Resolución 1743/26, firmada por la propia López y el secretario general del CGE, Francisco Carosini. La situación fue denunciada periodísticamente como un posible caso de nepotismo y conflicto de intereses, debido al vínculo familiar entre la funcionaria y el designado. Estos cuestionamientos fueron publicados por Agencia Hoy y deben ser considerados como denuncias, no como una irregularidad judicialmente comprobada.
El caso Lemos: una denuncia por presunta designación irregular
En enero de 2025, la secretaria general de UDNAM, Estela Genesini, presentó ante el CGE una denuncia por la presunta designación irregular de Lucía Rosana Lemos como bedel superior de la Escuela Normal Superior Estados Unidos del Brasil. La denuncia planteó una posible incompatibilidad de cargos y un supuesto “traslado encubierto”, señalando que Lemos tendría además otros cargos docentes y una licencia gremial. Meses después, se cuestionó públicamente que el CGE, conducido por López, llevara varios meses sin resolver el planteo.
Escuela 622: denuncia por presunta adulteración de documentación y nepotismo
Otro expediente presentado ante el CGE involucró a autoridades de la Escuela N.º 622. La docente Claudia Neustadt denunció presuntas irregularidades relacionadas con la documentación de asistencia y cuestionó que familiares de integrantes del equipo directivo hubieran sido favorecidos en la valoración docente. La presentación fue dirigida a Daniela López y también involucró al entonces jefe de Personal Docente del CGE. Se trata de una denuncia que debía ser investigada administrativamente, no de hechos cuya responsabilidad haya sido judicialmente establecida.
Las liquidaciones docentes
En junio de 2024, a pocos meses de asumir López, los gremios FTEL y MPL denunciaron malas liquidaciones de haberes docentes. Los reclamos incluían descuentos y diferencias en las liquidaciones. López negó que existiera un problema generalizado y sostuvo que los casos debían analizarse individualmente. Posteriormente, en reuniones paritarias también se reconocieron inconvenientes relacionados con determinadas liquidaciones y con el nuevo sistema implementado.
El caso de la Escuela 617 de El Soberbio
La Escuela de Frontera N.º 617 de El Soberbio protagonizó otro de los episodios más graves durante la gestión. En septiembre de 2025, un docente fue denunciado por padres de alumnos por presuntas conductas abusivas y por fotografiar a menores dentro del establecimiento. El CGE intervino la escuela y separó preventivamente al docente denunciado y a integrantes del equipo directivo. Daniela López confirmó entonces la intervención y el inicio de un sumario administrativo. Sin embargo, durante 2026 surgieron nuevos cuestionamientos. Medios periodísticos denunciaron presuntas demoras en los sumarios y cuestionaron la actuación del CGE frente a docentes señalados por las propias víctimas y sus familias como posibles conocedores de lo ocurrido. También fue cuestionada la posterior reubicación preventiva de la exdirectora de la institución.
Los dichos sobre femicidios
En abril de 2026, Daniela López quedó envuelta en otra polémica luego de difundirse declaraciones realizadas durante una conversación con una madre de la Escuela N.º 700 de San Pedro. Según las publicaciones que reprodujeron el audio, la funcionaria vinculó los femicidios con situaciones de “emoción violenta” y reacciones dentro de conflictos interpersonales. Las declaraciones provocaron fuertes críticas de organizaciones feministas y sindicales, entre ellas Mumalá y ATE, que consideraron que sus expresiones relativizaban la violencia de género.
Los cuestionamientos por los cargos docentes
Durante 2025 también hubo fuertes cuestionamientos gremiales y periodísticos relacionados con la distribución y asignación de cargos docentes, especialmente en el nivel superior. En ese contexto, López defendió públicamente su gestión y calificó como “minoritario” al sector docente que se encontraba realizando protestas, mientras continuaban los reclamos por salarios y por la situación de los cargos docentes.
Una gestión con varios frentes abiertos
Así, entre 2024 y 2026 aparecen, entre otros, al menos ocho episodios relevantes vinculados directa o institucionalmente con la conducción de Daniela López: el caso de Juan Carlos Kategora y sus más de 6.300 días de licencia; el conflicto de Valeria Paraná y la Escuela 958 de San Antonio; la designación de un familiar de López en Educación Rural; la denuncia por la presunta designación irregular de Lucía Lemos; las denuncias por presuntas irregularidades en la Escuela 622; los cuestionamientos por liquidaciones docentes; el complejo caso de la Escuela 617 de El Soberbio; y la polémica generada por sus declaraciones sobre femicidios.
El conjunto de estos episodios plantea interrogantes sobre los mecanismos de control, investigación y transparencia dentro del organismo encargado de conducir el sistema educativo provincial.
Cabe aclarar que no todos los casos implican una irregularidad comprobada ni una responsabilidad personal de Daniela López: varios corresponden a denuncias, reclamos gremiales o cuestionamientos periodísticos que deben ser investigados y resueltos por las autoridades competentes.
Pero la acumulación de conflictos y expedientes durante una misma gestión abre un debate inevitable: ¿quién controla al organismo que tiene a su cargo controlar y administrar la educación pública de Misiones?
Información con San Antonio Hoy
