Exigen la reinstalación de las familias, la reparación de los daños, la denuncia penal al empresario Alfredo Ruff y el juicio de destitución del juez que ordenó el desalojo.

La decisión favorece a un empresario maderero que había usurpado y deforestado parte de esas tierras indígenas, violando impunemente derechos humanos y una convención vigente. Premiados con el Nobel Alternativo de todo el mundo y organismos internacionales se movilizan para exigir la reinstalación de la comunidad, la reparación de los daños, la denuncia penal al empresario Alfredo Ruff y el juicio de destitución del magistrado.

La Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), ONG con status consultivo en Naciones Unidas, calificó de “escándalo judicial” lo ocurrido en Misiones, donde el juez Roberto Antonio Sena ordenó ilegalmente el desalojo de la comunidad indígena Mbya Guaraní de Puente Quemado II. La medida beneficia al empresario maderero Alfredo Ruff, quien había usurpado y desmontado parte de esas tierras, violando con total impunidad los derechos humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas.

Ante este grave hecho humano e institucional, premiados con el Nobel Alternativo de todo el mundo y organismos internacionales se movilizan para exigir al gobierno de Misiones la reinstalación de la comunidad en el sitio del cual fue desalojada y la reparación de lo dañado.

También solicitan la denuncia penal contra el empresario Alfredo Ruff y el juicio de destitución del juez Roberto Antonio Sena, quien ordenó el desalojo ilegal.

Los laureados están siendo convocados por el Dr. Raúl Montenegro, profesor e investigador en universidades argentinas y del exterior, quien recibió en Suecia el premio Nobel Alternativo en 2004.
La comunidad de Puente Quemado II ya recibió el apoyo, entre otras organizaciones mundiales, del Movimiento Cooperativo Internacional (MCI), con sede en Ginebra, Suiza. La presidenta del MCI, Florence Nuoffer, y el secretario general, Aurélien Stoll, reafirmaron “el respaldo incondicional de su organización a la comunidad en la defensa de sus derechos”. En el comunicado difundido a nivel mundial, indicaron que “el despojo territorial y la criminalización de sus integrantes constituyen graves violaciones a las normas nacionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

Decisión del juez cuestionada por una fiscalía

FUNAM señaló que “el inhumano operativo ordenado por el juez Roberto Antonio Sena fue cuestionado por el Fiscal Héctor Daniel Simón, Fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores nº 1 de la IV Circunscripción Judicial, con oficina en la ciudad de Puerto Rico, Misiones”. Además de recordarle al juzgado lo que establece la Constitución, el fiscal citó el Convenio 169 de la OIT.

Basándose en normas que el juez no puede desconocer, intentó evitar el desalojo, “una medida —subrayó el fiscal— cuyos efectos podrían resultar de muy difícil o imposible reparación ulterior”.

En Misiones, gobierno y empresarios violan impunemente la ley

El Dr. Raúl Montenegro indicó que “el escándalo judicial desencadenado por un juez que viola la ley no es un hecho aislado. El gobierno de Misiones, empresarios como Alfredo Ruff y la justicia injusta tratan, con total impunidad, de despojar a las comunidades de sus territorios ancestrales y de la selva para implantar forestaciones artificiales. No olvidemos la invasión, el desmonte y los atropellos que ya venía sufriendo la comunidad de Puente Quemado II por parte de la empresa chilena Arauco. Está claro que para el gobierno y para las corporaciones una actividad extractiva que expulsa comunidades y empobrece el frágil suelo laterítico de Misiones es más importante que el llanto de los niños Mbya”.

“A nivel internacional —continuó Montenegro— causó indignación ver las imágenes de la policía misionera sacando sin la más mínima humanidad a las familias de sus viviendas y cargando sus pertenencias en un camión. Cuesta creer que en nombre de la ley se actúe violándola. No debe permitirse que un juez pisotee la Constitución y una convención con jerarquía superior a las leyes del país”.

“Cabe preguntarse —agregó— por qué la crueldad e ilegalidad institucional pueden coexistir tan impunemente en Misiones. Si el juez Roberto Antonio Sena, el gobierno de Misiones, el empresario Alfredo Ruff y la compañía chilena Arauco creen que sus atropellos a los derechos humanos pasarán desapercibidos, se equivocan. Sus nombres y malas decisiones ya circulan internacionalmente como una cruel muestra del genocidio silencioso que sigue ocurriendo en una provincia de Argentina. Más aún, los consumidores de productos con materias primas producidas por Arauco también castigarán tanta crueldad e impunidad”.

También se moviliza el Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo, que tiene campus en 9 universidades de todo el mundo

Las justas reivindicaciones de la comunidad Mbya de Puente Quemado II “también son acompañadas por el Campus Córdoba del Right Livelihood College, una institución donde quienes recibieron sus premios en Suecia son profesores, entre ellos Vandana Shiva (India), Greta Thunberg (Suecia), Leonardo Boff (Brasil) y Paul Walker (Estados Unidos)”.

El Dr. Raúl Montenegro, quien dirige el Campus Córdoba del Right Livelihood College, ubicado en la Universidad Nacional de Córdoba, anticipó que en los próximos días “estaremos convocando a los otros campus ubicados en la Universidad de Lund (Suecia), la Universidad de Bonn (Alemania), la Universidad de Zurich (Suiza), la Universidad de Port Harcourt (Nigeria), la Universidad de California Santa Cruz (Estados Unidos), la Universidad Austral de Chile y la Universidad de Chulalongkorn (Tailandia) para que sepan del desalojo y de la crueldad de un gobierno provincial y de un juez. Como ya lo hicimos en años anteriores, en Argentina y a nivel internacional, pueblos y gobiernos deben conocer cómo se siguen violando los derechos del pueblo Mbya en Misiones”.

El desprecio de algunos productores y de Arauco por las comunidades indígenas y la biodiversidad de la selva paranaense
FUNAM recordó públicamente que el territorio de la comunidad Puente Quemado II “ya había sido desmontado por el empresario maderero Alfredo Ruff, en una zona donde tenía prohibido hacerlo. Quien debe ser castigado penalmente es esta persona”.

“Ya en diciembre de 2025, Santiago Ramos, mburuvicha de Puente Quemado II, denunció que la Dirección de Asuntos Guaraníes del gobierno de la provincia había facilitado ese desmonte argumentando que la comunidad ‘no sería afectada’. Tanto el gobierno como el empresario Alfredo Ruff siguen ignorando el relevamiento territorial y violando el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada establecida por el Convenio 169 de la OIT”.

Arauco, la misma empresa que se vende a sí misma como generadora de productos “sostenibles” y se compromete públicamente a “inmovilizar carbono” para que no llegue como gas de efecto invernadero a la atmósfera, viene mostrando un absoluto desprecio por la comunidad Mbya de Puente Quemado II. El territorio de la comunidad había sido relevado en el marco de la Ley 26.160, determinándose que ocupan y tienen posesión de 659 hectáreas. Pero en 333 hectáreas de esa superficie Arauco plantó pinos. No satisfechos con esta invasión, le ofrecieron a la comunidad que podía “seguir viviendo” en 5 hectáreas de su propio territorio, es decir, en un 1,5% del territorio de la comunidad.

Con un dejo de tristeza, Santiago Ramos lamentaba el año pasado que la biodiversidad de su territorio fuera “exterminada por la empresa; hoy por hoy es solo monocultivo, hectárea por hectárea, ya no convivimos con la biodiversidad, que son todos los seres vivos”.

Como indica EMIPA: “El negocio cimentado en el modelo extractivista, al que se sumaron los incendios, hicieron estragos en la selva. Tardará años en recuperarse, o lo hará en forma aún más lenta, o no se permitirá su recuperación. Lo poco que queda debe ser resguardado por los únicos capaces de hacerlo: los Guaraníes”.