El fiscal de Instrucción Héctor Daniel Simón se pronunció a favor del recurso presentado por la Comunidad Puente Quemado II y solicitó que se deje sin efecto la resolución que ordenó su desalojo. La decisión se conoce en el marco de un conflicto que generó preocupación nacional e internacional.

En su dictamen, el fiscal calificó la medida como de “extrema gravedad institucional”, al tratarse del “desplazamiento inmediato de una Comunidad Indígena”. Sostuvo que una decisión de esa naturaleza exige un análisis especialmente riguroso de los derechos involucrados.

Para la fiscalía, el caso “evidencia la existencia de un conflicto jurídico de mayor complejidad que el de una mera controversia posesoria”. Por esa razón, antes de ejecutar el desalojo debían analizarse de manera integral los derechos territoriales indígenas protegidos por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.

Simón también destacó que la defensa había denunciado la falta de tratamiento de distintos planteos, la omisión de medidas de prueba y la incorporación de documentación vinculada al reconocimiento de la Comunidad y al relevamiento territorial realizado por organismos estatales. Estos aspectos, señaló, deben ser analizados antes de adoptar una medida de ejecución inmediata.

Por ello, consideró que corresponde al juez revisar su decisión y, en caso de mantener el criterio, conceda la apelación para que el expediente sea revisado por la Cámara de Apelaciones.

En paralelo, el Mouvement pour la Coopération Internationale (MCI), asociación suiza con sede en Ginebra y activa en el ámbito de la solidaridad internacional desde 1962, emitió un comunicado en el que manifiesta su profunda preocupación por los hechos y expresa su apoyo a la comunidad Mbyà Guaraní Puente Quemado II.

El MCI se sumó a las organizaciones provinciales, nacionales e internacionales para denunciar el desalojo forzoso y las detenciones arbitrarias sufridas por la comunidad. La entidad reafirmó su respaldo incondicional a la recuperación del territorio y consideró que el despojo territorial y la criminalización de sus integrantes constituyen graves violaciones a las normas nacionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El comunicado, fechado en Ginebra el 30 de julio de 2026 y firmado por Aurélien Stoll (secretario general) y Florence Nuoffer (presidenta), subraya el respaldo a la defensa de los derechos de la comunidad ubicada en el departamento de Garuhapé, Misiones.