El cacique Santiago Ramos, de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado 2, denunció un violento desalojo contra siete familias ocurrido este martes por la mañana, alrededor de las 6, en un territorio donde la comunidad sostiene que viven familias desde hace más de 50 años y que además cuenta con un relevamiento territorial a nombre de Puente Quemado.
La comunidad anticipó que reclamará judicialmente por los daños y las pérdidas ocasionadas durante el operativo. Ramos cuestionó además la actuación del juez interviniente y aseguró que es falso que las familias hayan abandonado el territorio por voluntad propia: “Él vino ordenando a los policías para sacar a la gente”, afirmó.
El hecho se produjo pese a que, según la defensa de la comunidad, existía una apelación interpuesta el 17 de julio que suspendía el acto de desalojo. Efectivos policiales se habían presentado previamente en la zona de Garuhapé con una supuesta orden que se negaron a mostrar. La defensa había advertido que el juez debía desprenderse de la competencia y elevar el expediente a la Cámara de Casación.
En declaraciones a teleSISA, el cacique Santiago Ramos relató los hechos:
“Hola, soy Santiago Ramos, soy el cacique de la comunidad Puente Quemado 2. Hoy a las 6 de la mañana hemos sufrido un grave desalojo. Ahora, donde estoy es una comunidad actual que ya está asentada más de 50 años, pero sí nosotros tenemos en otra parte el relevamiento que está a nombre de Puente Quemado también. Y bueno, desde ese lugar lo que desalojaron a 7 familias hoy en la mañana. Atropellaron a las 6 de la mañana y para las 8 de la mañana ya les sacaron, y los policías cargaron todas las cosas”.
Ramos calificó el operativo como un acto de violencia: “Para nosotros fue una violencia, porque se tiene que respetar. Si hubo una anulación de la notificación de desalojo, los policías tienen que respetar”. Señaló que el propio juez llegó al lugar leyendo papeles de notificación que pertenecen a Ruff, a quien calificó como “supuesto propietario”.
“La gente está en la comunidad actual, o sea la comunidad antigua, acá en Puente Quemado 2. Toda la familia está acá ahora, pero dejaron su socha, las plantaciones, todo lo que es maíz, mandioca, la casita… Nosotros tenemos que hacer una demanda, un juicio por daño y perjuicio también contra el juez, contra Ruff y también a los policías”, explicó.
El cacique desmintió de plano la versión de que las familias se hayan retirado de manera voluntaria: “Hubo una gran mentira del juez Sena, que la gente se retiró por voluntad. Pero pura mentira, es una mentira del juez, porque él vino ordenando a los policías para sacar a la gente, con su secretario y el jefe de los policías también estaba. Y eso para nosotros fue una violencia”.
Ramos enfatizó que el operativo viola la Constitución Nacional: “Se está violando la ley, Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17, y se habla de territorios indígenas. Y bueno, no respetó eso acá dentro de la provincia de Misiones”.
Desde la comunidad advierten que las familias desalojadas perdieron sus viviendas precarias, plantaciones y enseres, y que iniciarán acciones judiciales por los daños y perjuicios causados.
