El organismo nacional refuerza los requisitos y avanza en un operativo de fiscalización para que los controles de velocidad respondan a problemas reales de seguridad vial y no a fines recaudatorios.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intensificó el control sobre los radares fijos y móviles que operan en rutas nacionales. Para autorizar nuevos cinemómetros o mantener los existentes, las jurisdicciones deben presentar informes técnicos que demuestren, con estadísticas concretas, la existencia de un problema real de siniestralidad en el tramo.

Según la normativa vigente, los municipios y provincias tienen que aportar antecedentes de accidentes, análisis de velocidades y características de la infraestructura.

También se exige una planimetría detallada de la zona, la señalización adecuada y la evaluación técnica de distintos organismos nacionales antes de habilitar cada equipo.

Además, los radares solo pueden ser operados por personal matriculado ante la ANSV y las funciones de control y juzgamiento de las infracciones deben quedar exclusivamente en manos de funcionarios públicos. Queda vedada la administración de estos procesos por empresas privadas.

Durante 2026, la ANSV relevó más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales y detectó irregularidades: 152 radares fijos operaban sin autorización y otros 124 equipos autorizados no se encontraban en el lugar habilitado. El organismo ya comenzó a dar de baja autorizaciones e intimar a las jurisdicciones para que regularicen su situación.

Con estas acciones, la ANSV busca ordenar el sistema de fiscalización de velocidad en todo el país, garantizar la transparencia de los controles y asegurar que su instalación esté respaldada por evidencia objetiva, priorizando la prevención de siniestros por sobre cualquier objetivo recaudatorio.