El reciente episodio en el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible: la delicada relación entre las instituciones públicas y la prensa. Más allá de las aclaraciones oficiales y las denuncias opositoras, lo ocurrido deja lecciones que van mucho más allá de un mensaje mal redactado.
El comunicado del presidente Carlos Ríos es claro y contundente: no hubo ni hay intención de censurar a la prensa. Las puertas del Concejo están abiertas y la libertad de expresión se reconoce como pilar democrático. Eso es positivo y necesario. Sin embargo, el hecho de que un mensaje interno haya sido interpretado como una restricción a la cobertura periodística habla de un problema que no se resuelve solo con desmentidas.
La comunicación institucional no es un detalle administrativo. Es la cara visible de la democracia en acción. Cuando un secretario de Prensa envía una nota que genera confusión —aunque la intención haya sido recordar normas de orden internas ya conocidas—, el resultado es previsible: desconfianza, amplificación mediática y un costo político para toda la institución. En tiempos de redes sociales y velocidad informativa, las ambigüedades se convierten en titulares en cuestión de horas.
No se trata de criminalizar un error. Los errores ocurren. Lo preocupante es que este no parece ser el primero en un área tan sensible. Los cambios frecuentes en responsabilidad de prensa y comunicación (dos responsables en menos de dos meses) sugieren que la gestión de la información pública aún no encontró la estabilidad y profesionalismo que merece. La idoneidad en estos cargos no es un lujo: es una necesidad para evitar que errores puntuales terminen pintando a toda la gestión como opaca o restrictiva.
Desde el otro lado, la reacción de algunos sectores también merece análisis sereno. Denunciar “censura” antes de agotar la verificación puede ser tan dañino como la mala comunicación. El concejal Fabián de Sa y otros ediles levantaron la voz con vehemencia, lo cual es legítimo en su rol opositor. Pero la democracia se fortalece cuando las alertas vienen acompañadas de contexto completo y no solo de titular impactante. Acusar sin matices diluye la seriedad de las críticas reales cuando estas sí ocurran.
Lo sucedido en Iguazú no es un caso aislado en la provincia ni en el país. En un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia, las instituciones deben anticiparse. Eso implica:
Protocolos claros y por escrito sobre el acceso de prensa y público.
Capacitación continua en comunicación institucional.
Canales directos y fluidos entre el Concejo y los medios locales para resolver dudas en tiempo real.
Designaciones basadas en experiencia probada, no solo en lealtades políticas.
La prensa, por su parte, tiene la obligación ética de verificar antes de amplificar. Cuestionar al poder es su rol, pero hacerlo con precisión es lo que le da credibilidad.
En definitiva, ni todo es un ataque a la libertad de expresión, ni todo error se reduce a “mala interpretación”. Este episodio debe servir para mejorar, no para atrincherarse. Una democracia sana necesita instituciones que comuniquen con claridad y periodistas que fiscalicen con rigor. Cuando ambos roles se cumplen, gana la ciudadanía de Puerto Iguazú, que merece sesiones accesibles, información confiable y debate de altura.
La transparencia no se declara: se ejerce. Y se ejerce con profesionalismo, previsión y respeto mutuo. Ojalá este momento sea el impulso para consolidar mejores prácticas en el Concejo Deliberante. La comunidad lo está observando.
