Productores yerbateros preocupados por la situación del sector y representantes del INYM que defendieron la desregulación, fueron las posturas que se escucharon este jueves en la Cámara de Diputados durante una reunión que se extendió por largas horas.
El plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales, presidido por Julia Strada y Luis Basterra (Unión por la Patria), respectivamente, se llevó a cabo en la Sala 1, donde asistieron trabajadores, empresarios y funcionarios del Instituto Nacional de la Yerba Mate, cuyas facultades para -entre otras- fijar un precio mínimo se desregularon por el decreto de necesidad y urgencia 70/23.
Los oradores fueron más de una docena y tras la exposición de todos comenzó el intercambio entre los diputados del oficialismo y la oposición, que se manifestaron a favor y en contra de la desregulación del mercado.
En primer lugar, Ángel Ozeñuk, referente del sector yerbatero de la zona norte de Misiones, señaló que “no se puede pasar por alto una ley”, en relación a la que creó el Instituto Nacional de la Yerba -INYM- (N°25.564), y resaltó que “se tiene que cambiar por algo que sea superior, no inferior”, en relación a la profunda modificación que se hizo mediante el DNU 70/2023.
A continuación, recordó que “en abril de 2023 la hoja verde puesta en secadero se estaba pagando 400 pesos, teníamos una corresponsabilidad gremial de 13,5 pesos y el gasoil a 190 pesos el litro. Un productor necesitaba dos kilos de hoja verde”. “Hoy, en la actualidad, el productor necesita 11 kilos y medio para un litro de gasoil”, comparó.
Ozeñuk subrayó que “muchas empresas se hicieron grandes gracias al pequeño productor” y “esas empresas hoy en lugar de ayudar al productor le están quitando la posibilidad de que el productor mejore en su chacra”.
A su turno, Manfredo Seifert, gerente de Producción de la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo Limitada, mencionó que “en la década de los ’90 la actividad se desreguló igual que en el 2023 por el decreto 70, con el mismo argumento de los economistas de ahora, de que los mercados imperfectos se ordenan por sí solos y decían que hay que dar libertad. Si esto fuera cierto, en los ’90 no hubiéramos terminado en la peor crisis de la historia de la actividad”, sin embargo, de esa experiencia “podemos decir que el mercado no se ordena solo”.
“La crisis no solamente es en el productor, sino en toda la cadena, al resto de la economía provincial y al propio Estado, realmente lamentable”, expresó y afirmó que “en este tipo de mercado no es solamente la oferta y la demanda la que define el precio, sino que prevalece siempre el poder dominante del comprador y del más fuerte de la cadena. Antes con el INYM consensuábamos un precio”. “La desregulación no generó un mercado más competitivo, sino más salvaje y concentrado”, enfatizó.
Por su parte, Ana Cubilla, Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, advirtió: “Nos estamos yendo todos del país, nos estamos yendo a Brasil, donde conseguimos mejores condiciones laborales y mejores pagas. Los productores se pueden quedar sin trabajadores”.
En ese sentido, la representante de los trabajadores habló de “una problemática social muy fuerte” que se traduce en “una provincia deshabitada por culpa del bendito DNU, porque a partir del minuto cero de este DNU nos desregularon nuestras vidas, la vida de la mayoría de las familias misioneras. Trajeron la destrucción con este DNU 70/23”.
Presidente hace cinco meses del INYM, Rodrigo Correa reveló: “Al asumir nos encontramos con un organismo sobredimensionado en todas sus áreas y capturado por la inercia burocrática”. Sobre el Instituto, dijo que “hubo un 40% de aumento de la planta de trabajadores entre 2020 y 2023” y “no había control operativo ni transparencia”.
Además, se manifestó en contra de “la fijación de precios como un techo artificial”. “El precio regulado operó históricamente como un impuesto invisible al consumo”, apuntó y remarcó que desde la liberación del precio, el producto “bajó el 46%”.
“Es fundamental desarmar la retórica populista de que la regulación protegía al más débil”, planteó Correa y anunció que “el Instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios”.
Al cruce salió Luisa Fleitas, productora yerbatera, quien aseguró: “En ningún momento el paquete de yerba en góndola bajó, no, se mantuvo y aumentó también. Hay yerbas que se consiguen a 1.000 pesos el kilo, pero ¿cuál es calidad de esa?”.
“Se está ahorrando un montón de dinero en el INYM, pero todavía nosotros los productores no lo vimos reflejado”, denunció y agregó que le gustaría que “el presidente (Javier) Milei vaya y conozca nuestro territorio. Hicieron un DNU desde la base de la escritura, pero no sobre el territorio”. “Misiones no es viable para cambiar de un día para el otro de actividad. Nosotros defendemos nuestra identidad que es la yerba. Misiones se está viniendo abajo”, enfatizó.
Dentro de la extensa lista de oradores, Hugo Humeniuk, intendente de Concepción de la Sierra, alertó que “en todo el sur de Misiones la actividad económica está muy caída. Desde la Municipalidad cada día estamos asistiendo más a los trabajadores de la yerba mate. La asistencia social aumenta cada vez más”.
“En estos 20 años del INYM se mejoraron las condiciones de trabajo de toda la cadena”, valoró y mencionó la erradicación de trabajo infantil, gracias a este organismo y expresó: “Ahora lo que estoy viendo es que se está volviendo a precarizar el trabajo”.
Joaquín Comas, presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes, reivindicó el DNU 70/23, al decir que “el decreto no produjo el problema que hay hoy, lo produjo simplemente la oferta y la demanda”. “Las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagarlas”, dijo y opinó: “No podemos estar pidiéndole a ‘papá Estado’ cuando me va mal, ‘emparéjame la cancha y poneme restricciones'”. Y sumó el DNU justo “coincidió con la sobreoferta”.
Para Comas, el INYM lo hizo fue “restringir, restringir y poner palos en la rueda a toda la cadena” y “en 25 años no abrió ni un solo mercado en el exterior”.
Parlamentario
