La medida fue oficializada por la Jefatura de Gabinete y combina refuerzos para ANSES y el Poder Judicial con ajustes en áreas clave como energía, infraestructura, salud, educación y programas sociales. La confirmación fue este lunes mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por el ministro de Economía, Luis Caputo.
El Gobierno Nacional dispuso una nueva modificación del Presupuesto 2026, con reasignaciones de créditos entre distintas jurisdicciones y organismos de la administración pública.
La medida fue oficializada por la Jefatura de Gabinete y combina refuerzos para ANSES y el Poder Judicial con ajustes en áreas clave como energía, infraestructura, salud, educación y programas sociales. La confirmación fue este lunes mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por el ministro de Economía, Luis Caputo.
LOS AJUSTES EN EL PRESUPUESTO
La reasignación incluye, en paralelo, recortes en varias áreas. Entre los movimientos de mayor magnitud figuran una reducción de $359.496 millones en el programa de uso racional y eficiente de la energía del Ministerio de Economía; una baja de $320.670 millones en el Programa Federal de Infraestructura Deportiva del Ministerio del Interior; y una disminución de $97.103 millones en obras de rehabilitación y repavimentación vial de la Dirección Nacional de Vialidad.
También se observan recortes en programas sociales y sanitarios: $78.711 millones menos para el Fondo de Compensación Salarial Docente, $63.021 millones menos en acciones vinculadas a «investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer», $55.465 millones menos en integración social y fortalecimiento de ciudadanía, y $39.441 millones menos en integración socio urbana.
Además, la norma incorpora adecuaciones de cargos y créditos por transferencias de personal entre organismos, entre ellas movimientos desde Jefatura de Gabinete, Defensa, Capital Humano y Economía hacia otras dependencias.
La modificación presupuestaria también incluye señales vinculadas al reordenamiento de personal estatal. En ese sentido, contempla un refuerzo de créditos para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca en ANSES, lo que supone la cobertura presupuestaria de salidas acordadas de trabajadores del organismo.
También se formalizan transferencias de agentes de planta permanente entre distintas jurisdicciones, entre ellas desde Jefatura de Gabinete hacia el Ministerio de Desregulación, desde Defensa hacia organismos de su órbita y desde Capital Humano y Economía hacia otras dependencias. En paralelo, el anexo registra reducciones en partidas de gastos en personal en varios programas.
RECORTE EN UNIVERSIDADES
El Gobierno nacional dispuso un recorte millonario a las obras públicas y perjudicó a universidades claves del AMBA y el interior del país. Asimismo, eliminó el fondo de compensación salarial docente y afectó a cientos de docentes en las provincias. La medida se dispuso en la previa de la marcha universitaria que se llevará a cabo este martes en todo el país.
A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, la administración libertaria quitó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales.
EDUCACIÓN PÚBLICA, EN JAQUE
El ajuste también impactó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288.051.713. Este programa estaba orientado a garantizar la enseñanza básica en todo el país y dependía de transferencias directas a las provincias para su implementación.
Además, el Ejecutivo eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, por un total de $8.929.835.294. Este mecanismo tenía como finalidad equiparar los salarios mínimos de los docentes provinciales, especialmente en las jurisdicciones con mayores desigualdades.
Por otro lado, en materia de infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $21.686.636.818, lo que implica la paralización de proyectos de construcción y modernización de establecimientos educativos en distintas provincias.
Asimismo, el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas sufrió una reducción de $6.649.536.538. Dentro de este ajuste se incluye una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles, lo que afecta directamente a miles de jóvenes que dependen de ese apoyo para continuar sus estudios.
Conclusión
