La Cámara de Representantes de Misiones aprobó, en su última sesión del año, una modificación a la ley orgánica del Tribunal de Cuentas que amplía sus facultades de fiscalización sobre empresas y sociedades con participación estatal. La iniciativa, impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua, incorpora el control externo de los fondos públicos que administran estas organizaciones y establece la obligación de remitir anualmente los resultados de las auditorías a la Legislatura. La norma comenzará a regir el 1 de enero de 2027.
La propuesta incorpora un segundo párrafo al artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. El nuevo texto extiende la fiscalización a empresas y sociedades del Estado provincial y municipal, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y otras entidades empresariales en las que el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o intervenga en la formación de las decisiones societarias.
El diputado provincial José Luis Pastori destacó el alcance de la reforma y sostuvo que la medida introduce una obligación de control que, según afirmó, no se había establecido anteriormente en la provincia.
“La propuesta le otorga más facultades al Tribunal de Cuentas, obligándole a controlar, auditar el dinero público que va a las empresas del Estado y en aquellas sociedades donde la provincia tiene participación”, señaló. Agregó: “Esto representa un avance en materia de transparencia y permite que los misioneros conozcan en qué, cómo y cuándo se utilizan los recursos públicos en estas empresas”.
El diputado Juan José Szychowski consideró que la modificación se suma a los controles internos, balances y auditorías que ya realizan las propias organizaciones. Explicó que la intervención del Tribunal de Cuentas deberá concentrarse en los fondos públicos, sin sustituir las funciones de administración, gobierno o fiscalización propias de cada sociedad. “El articulado establece expresamente que el organismo tendrá que respetar el régimen federal vigente en materia societaria y comercial, por lo que la ampliación de sus facultades no implica que pase a dirigir las empresas”, aclaró.
Por su parte, el diputado Alejandro Fabián Arnold señaló que ese límite resulta importante porque algunas de las sociedades alcanzadas también se rigen por normas comerciales. La intención, sostuvo, es que “el Estado pueda controlar los recursos dentro de las atribuciones que le reconoce la ley, sin interferir en las competencias de los órganos societarios”.
La modificación también establece que los resultados de la fiscalización deberán remitirse anualmente a la Cámara de Representantes. Esta obligación quedó incorporada en el artículo 2 de la norma aprobada y crea una instancia formal para que la Legislatura reciba información sobre los controles realizados en las empresas y sociedades comprendidas. Arnold explicó que la periodicidad de los informes responde a los cierres de ejercicio de cada sociedad, permitiendo adecuar la rendición a esos períodos contables.
Pastori puso el foco en la responsabilidad de quienes administran esos fondos y en la documentación que respalda cada gasto. “Quien no está preparado para rendir cuentas no puede estar frente a un organismo”, afirmó. Precisó que el Tribunal de Cuentas deberá verificar “si el gasto que hacen estas empresas se corresponde, si contiene los papeles respaldatorios”. Para el diputado, el cambio debe traducirse en “mayor claridad sobre el manejo de los recursos estatales. Así que me parece que esta es una ley que mejora la institucionalidad y la transparencia de la provincia”.
Desde el 1 de enero de 2027, el Tribunal de Cuentas contará con las nuevas atribuciones de fiscalización, mientras que la Cámara de Representantes deberá recibir anualmente los resultados de esos controles.
Información con Canal 12 de Misiones
