La Cámara alta aprobó por amplia mayoría un marco regulatorio para el mercado voluntario de carbono y los activos financieros ambientales. El proyecto, que unificó tres iniciativas, obtuvo 60 votos a favor y solo 2 en contra, y pone el foco en la posibilidad de exportar servicios ambientales y generar ingresos significativos para el país. La voz de la senadora misionera Sonia Rojas Decut fue una de las más destacadas en el debate.
La votación se concretó este jueves con un amplio respaldo. Los únicos votos negativos correspondieron a los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. Tras la aprobación en general, se introdujeron modificaciones en los artículos 3°, 5°, 6°, 13° y 14°. El bloque Justicialista acompañó casi todos los cambios, excepto el del artículo 14° referido a la estabilidad fiscal, que elevaba de 10 a 30 años el plazo de beneficios impositivos para los proyectos registrados en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe). Esa única votación discordante resultó 44 a 19.
La iniciativa es producto del trabajo sobre tres proyectos. Uno de la salteña Flavia Royón, que establece un marco regulatorio para el mercado voluntario de carbono; otro impulsado por los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, que fija presupuestos mínimos de protección ambiental y vincula estos mercados con el de capitales; y un tercero de Jorge Capitanich, orientado a regular los Activos Financieros Ambientales (AFA).
Durante el debate, la senadora neuquina Nadia Márquez resumió el trabajo de tres comisiones, que escuchó a 25 expositores. Luego intervino Flavia Royón, quien definió el mercado de carbono como “un mecanismo que permite asignarle un valor económico a una reducción o remoción de gases de efecto invernadero”. Aclaró que la ley no crea un mercado de cumplimiento obligatorio ni interviene en los mercados voluntarios, pero sí habilita que los créditos generados en Argentina puedan comercializarse en mercados regulados internacionales o en mecanismos como el artículo 6 del Acuerdo de París y CORSIA. Según estimó, un marco que permita las autorizaciones y ajustes correspondientes podría generar entre 1.400 y 3.900 millones de dólares en exportaciones de servicios ambientales.
La mirada de Misiones
A continuación tomó la palabra la senadora Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones), quien puso el acento en el patrimonio natural de la provincia: “1.600.000 hectáreas de selva paranaense en pie; árboles que conservan agua, que protegen nuestros suelos, que albergan el 52% de la biodiversidad argentina y que sostienen comunidades, familias y actividades productivas”.
Subrayó que esa selva se mantiene por una decisión política de Misiones de demostrar que conservación y desarrollo económico pueden avanzar juntos. “Hoy debatimos una ley que puede definir cómo se integra la Argentina a los mercados internacionales de carbono. Un mercado en donde conservar bosques y reducir emisiones puede generar inversión, financiamiento y oportunidades para las provincias argentinas, para las empresas argentinas y para los productores argentinos”, afirmó.
Rojas Decut remarcó que Misiones necesita reglas claras y que la provincia aporta experiencia concreta: “Misiones creó el primer programa jurisdiccional forestal liderado por un gobierno subnacional en el mundo. Por eso Misiones es líder en acción climática”. Abogó por una norma que respete las competencias provinciales y los derechos de los particulares.
Posteriormente, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) acompañó el dictamen de mayoría, aunque expresó “desazón” porque no se incorporaron todas las propuestas de su espacio. Cuestionó la ausencia de Daniel Scioli y sostuvo que los servicios ecosistémicos ambientales son complementarios de los mercados de carbono y de otros instrumentos financieros para proteger la biodiversidad.
Qué establece la norma
El proyecto crea un marco regulatorio para promover proyectos que reduzcan o capturen emisiones de gases de efecto invernadero y permitir la comercialización de los créditos de carbono. Crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), reconoce a los créditos como bienes con entidad jurídica propia y habilita a las provincias a desarrollar programas jurisdiccionales, respetando el dominio provincial sobre los recursos naturales.
Entre otros puntos, exime de derechos de exportación a las transferencias internacionales de créditos, otorga estabilidad fiscal por diez años a los proyectos registrados y habilita instrumentos financieros respaldados por estos activos. Contempla la intervención de la Comisión Nacional de Valores y fija las condiciones para que los créditos argentinos puedan usarse en los mecanismos del Acuerdo de París, exigiendo autorización estatal y el ajuste correspondiente en el inventario nacional cuando otro país contabilice esas reducciones.
La aprobación representa un avance hacia un mercado de carbono con reglas claras, en el que provincias como Misiones, con una política consolidada de conservación de la selva paranaense, buscan convertir su capital natural en oportunidades de inversión y financiamiento.
Información con Parlamentario
