Un fuerte cruce político se produjo este jueves en la Cámara de Representantes de Misiones por la responsabilidad del Estado en la atención de personas electrodependientes. El diputado Walter Báez (La Libertad Avanza) presentó un pedido de informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de EMSA y del Ministerio de Salud Pública, acompañado por la exposición del caso de un niño de tres años con discapacidad severa que falleció en julio de 2020 tras reiterados cortes de luz mientras estaba en internación domiciliaria.

El caso que llegó al recinto

Báez presentó el expediente 71.704/26, un proyecto de comunicación respaldado por legisladores de la UCR y el PRO, en el que solicita datos sobre la cantidad de pacientes electrodependientes registrados en la provincia, la disponibilidad de grupos electrógenos y el cumplimiento de las obligaciones de las empresas distribuidoras.

Durante su intervención relató la situación de un menor cuya vida dependía de equipos médicos conectados de forma permanente a la red eléctrica. Según expuso, la familia padeció cortes reiterados durante once meses y debió recurrir a mecanismos manuales de asistencia respiratoria cada vez que se interrumpía el suministro. Citó una sentencia judicial que, de acuerdo con su relato, estableció que EMSA reconoció nueve interrupciones del servicio en el domicilio, pese a conocer la condición de electrodependiente del niño. También mencionó una pericia que detectó deficiencias de mantenimiento en las instalaciones del barrio.

El legislador sostuvo que la familia nunca recibió el grupo electrógeno solicitado y que debió trasladar al menor, junto con sus equipos, a viviendas de vecinos y familiares durante los cortes. El niño falleció el 17 de julio de 2020. Según Báez, la Justicia vinculó las deficiencias del servicio con el deterioro de su calidad de vida y salud, y condenó a la distribuidora. El fallo, tal como fue presentado, estableció responsabilidades por la prestación del servicio y sus consecuencias sobre la salud del menor, aunque no permite afirmar por sí solo que los cortes hayan sido la causa directa del fallecimiento.

Cruces políticos: recortes nacionales y denuncias en ANDIS

La respuesta llegó desde el bloque del Movimiento por lo que Viene. El diputado Juan Ahumada cuestionó que se tomara un caso particular para proyectar una imagen general sobre la atención a las personas con discapacidad en Misiones, pero centró su intervención en lo que consideró contradicciones de La Libertad Avanza.

“Hablar de los costos de vida de una persona con discapacidad desde La Libertad Avanza, hablar de la desfinanciación a personas con discapacidad, hablar del costo de la energía cuando aumentaron un 200 o 300% a todos los misioneros… La verdad que uno muchas veces siente hasta que es una cargada”.

Ahumada recordó los cuestionamientos a las políticas nacionales de discapacidad, las controversias por la revisión de pensiones y prestaciones, y sostuvo que existe “una doble vara tan grande de exigir en la provincia de Misiones cosas que en la Nación hacen todo lo contrario”. También señaló que los recortes de fondos nacionales afectan la capacidad de respuesta de las provincias.

Al debate se sumó Héctor “Cacho” Bárbaro, del Partido Agrario y Social, quien recordó las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Cuestionó especialmente las irregularidades vinculadas con la provisión y adquisición de sillas de ruedas. “Robaban con sillas de ruedas a los discapacitados”, afirmó, en una denuncia política que no constituye por sí misma una constatación judicial de esos hechos.

Respuestas de libertarios y del oficialismo

La diputada Samantha Steckler (La Libertad Avanza) respaldó el pedido de informes y criticó la respuesta oficialista: “A mí me parece lamentable disminuir, minorizar el drama que tienen las familias de los electrodependientes”. Aclaró que la iniciativa no se limitaba al caso expuesto por Báez, sino que también surgía de inquietudes transmitidas por el presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes.

“Aquí no se están haciendo acusaciones, se está pidiendo que se informe el grado de cumplimiento para que también desde nuestro lugar podamos adoptar las medidas necesarias”.

En una segunda intervención, Báez rechazó las referencias a las políticas nacionales y afirmó que las obligaciones reclamadas corresponden a organismos provinciales. Recordó que los hechos judicializados ocurrieron entre agosto de 2019 y julio de 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández y la gobernación de Oscar Herrera Ahuad. También cuestionó un convenio de 2018, aprobado durante la gestión de Hugo Passalacqua, que según su interpretación trasladó al Ministerio de Salud responsabilidades relacionadas con la provisión de grupos electrógenos. Citó la Ley Nacional 27.351, que establece obligaciones concretas para las empresas distribuidoras, entre ellas garantizar la continuidad del suministro y proporcionar equipos de respaldo. “Nada de lo que hoy reclamamos depende de fondos nacionales”, aseguró.

Desde el oficialismo, la diputada Lilian Tartaglino tomó la palabra para referirse al caso sin entrar en la confrontación partidaria.

“No podemos hablar de un caso aislado cuando es una persona, cuando es un niño y cuando podría ser familiar de cualquiera de nosotros. No se puede subestimar. Por más que sea un caso, es el ciento por ciento para esa familia”.

Se manifestó a favor de solicitar la información necesaria y revisar los procedimientos que pudieran requerir modificaciones: “No hay ningún problema en pedir un informe a quien corresponda y corregir lo que haya que corregir”.

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