En una votación ajustada, el oficialismo aprobó la iniciativa con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones. El Capítulo de tierras obtuvo amplio respaldo y volvió a poner en vigencia los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, en un giro respecto al DNU 70/23 y a la propuesta original del Gobierno.

La Cámara de Diputados devolvió al Senado el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, con la modificación clave de restituir la plena vigencia de la Ley de Tierras (26.737). En una votación ajustada, el oficialismo y sus aliados lograron aprobar el texto con 124 votos positivos, 119 negativos y 6 abstenciones. Las abstenciones resultaron decisivas: sin ellas, el proyecto habría sido rechazado. Votaron en ese sentido cinco diputados del cordobesismo —Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y Juan Schiaretti— y el diputado del Pro Álvaro González.

El Capítulo IV, referido a tierras, fue el único que se votó de manera nominal y obtuvo más de dos tercios de apoyo: 239 votos a favor, 4 en contra (de las tucumanas Gladys Medina y Elia Fernández, la neuquina Karina Maureira y el salteño Pablo Outes) y 6 abstenciones de los cuatro diputados del Frente de Izquierda (Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Juan Carlos Giordano), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Marcela Pagano (Coherencia).

El giro sobre la Ley de Tierras y el DNU 70/23

La semana pasada, el texto —que también incluye cambios en desalojos, expropiaciones y el Registro de Propiedad Inmueble— se dictaminó de manera exprés en comisiones, convocadas de urgencia por La Libertad Avanza en un intento de salvar el DNU 70/23 (objetivo que también se alcanzó), el cual la oposición había llamado a rechazar tras el primer fallo de la Corte Suprema.

Con las modificaciones incorporadas, el proyecto que ahora vuelve a la Cámara alta contempla derogar el artículo 154 del DNU 70/23, que había dispuesto originalmente la derogación total de la Ley de Tierras, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Kirchner. Esa norma prohibía que los extranjeros superaran el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. El texto restituye su “plena vigencia”.

El capítulo sobre tierras había generado fuerte rechazo en el Senado. En la versión original impulsada por el ministro Federico Sturzenegger se proponía eliminar cualquier límite a la compra de tierras por parte de extranjeros, en línea con el DNU fundacional de Javier Milei. En medio de una intensa presión social, la jefa de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, anunció dos días antes de la sesión un tope del 25%, pero no alcanzó y el capítulo terminó siendo retirado.

Los fallos de la Corte y el contexto judicial

Dos meses después, la Corte Suprema provocó un cimbronazo al rechazar el reclamo del CECIM La Plata (organización de excombatientes de Malvinas) por falta de “legitimidad procesal” y revocar el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la ley. La medida fue duramente cuestionada y el máximo tribunal emitió al día siguiente una “aclaratoria”, en un hecho inusual. La oposición más dura reaccionó rápido y convocó a derogar el mega DNU, algo que no logró en la sesión del 15 de octubre por falta de quórum.

Antes del plenario de comisiones en Diputados, la Corte dictó otra resolución en la que suspendió la derogación de la Ley de Tierras mediante una medida cautelar interina, con voto dividido y participación de conjueces, en el marco de un reclamo de una organización ambiental. Aún no resolvió sobre el fondo de la cuestión.

A pesar de esa resolución, el oficialismo avanzó con el plenario y plasmó en el dictamen la restitución de la Ley de Tierras, una decisión que contradice tanto el DNU de Milei como la propuesta original de inviolabilidad de la propiedad privada. El proyecto vuelve ahora al Senado, donde tuvo un tratamiento complejo, con casi una veintena de cambios y postergaciones. Otros capítulos que ya habían quedado afuera allí se referían a la Ley de Manejo del Fuego y al Registro de Barrios Populares.

El debate en el recinto

El miembro informante del oficialismo, el diputado Santiago Santurio, inició su intervención con una larga referencia a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Señaló que “esta es una ley muy importante”, recordó que “la discusión sobre la propiedad privada viene de los griegos” y sostuvo que violarla “está mal, no importa si lo haga un individuo, un grupo de individuos o desde el aparato estatal”. Afirmó que “el límite del Estado es importante para los goces de derechos del ciudadano” y que “el socialismo ataca la propiedad privada” mientras “la democracia la garantiza y la promueve”.

Sobre expropiaciones, subrayó que “el Estado no puede de manera caprichosa y arbitraria tomar un bien que no le corresponde” y que se busca que se realicen con “el menor daño” y resarcimiento del lucro cesante. En relación con los desalojos, dijo que “es importante que cuando haya una ocupación, rápidamente ese derecho sea resarcido al dueño de la propiedad”.

El diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano le respondió que “en esta exposición no se planteó que han vuelto a la ley del peronismo, y en eso la verdad que estamos de acuerdo. Han vuelto a ratificar la Ley de Tierras Rurales”. Destacó que fue “una vuelta de campana que dio el oficialismo” frente a la “inmensa oposición que provocó la extranjerización de la tierra”. También observó que el concepto absoluto de propiedad privada “ni los romanos lo plantean en esos términos” y recordó que el artículo 17 de la Constitución ya establece que la propiedad es inviolable. Criticó que las modificaciones “encarecen” las expropiaciones y “aceleran el proceso” de desalojos “sin ningún análisis empírico”.

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) afirmó que el proyecto “pretendía avanzar sobre leyes muy sensibles desde el punto de vista social” y que “fracasaron en el Senado”. “Hoy tenemos al propio oficialismo reculando en chancletas”, dijo, y cuestionó las contradicciones del Gobierno y la inconstitucionalidad del DNU 70/23.

El radical Martín Lousteau criticó los “títulos grandilocuentes” de los proyectos del Ejecutivo y señaló que la protección de la propiedad privada “ya está garantizada por la Constitución Nacional desde el año 1853”. Advirtió además que “el viraje de esta ley no basta” porque sigue vigente el DNU 366/25, que modificó la Ley de Nacionalidad, y planteó: “¿Qué sentido tiene tener una Ley de Tierras si cualquiera puede ir y comprar un pasaporte por 350 mil dólares, y después comprar lo que quiere?”.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman sostuvo que “esta no es una ley cualquiera, es una ley para atacar conquistas sociales” y que “ponen las expropiaciones mucho más caras” mientras “aceleran los desalojos”. El diputado de UP Aldo Leiva cargó contra el oficialismo: “Hablan de inviolabilidad ustedes, los violadores seriales”, y acusó a Sturzenegger, Caputo y Milei de generar inestabilidad.

Marcela Pagano recordó la ley de intangibilidad de los depósitos de 2001 y advirtió que “cuando ustedes gobiernan de espaldas al bolsillo de la gente empiezan a aparecer promesas con títulos como los de esta ley, pero esconden ‘corralitos’ en los artículos”. Afirmó que el debate se daba como “excusa” para evitar el quórum en la sesión convocada por la oposición para derogar el DNU.

Pamela Verasay (presidenta del bloque de la UCR, aliado de LLA) defendió la postura de su bancada: “En esta Argentina de los extremos, nosotros creemos que hay otro lugar”, el que entiende que un Gobierno necesita herramientas, pero “bien construidas”. Señaló que “el Congreso no se mide por la cantidad de sesiones que tiene, sino por cuántos problemas resuelve”.

Paula Penacca (UP) habló de un “volantazo fenomenal” del oficialismo y advirtió que lo que no puedan hacer por la vigencia de la Ley de Tierras “lo van a hacer a través de la compra de la ciudadanía argentina, sin ningún límite”. Sobre los otros capítulos, remarcó que “le quitan herramientas al Estado” para expropiar y generan “una situación de ultra debilidad para los inquilinos”, igualando al moroso con el usurpador.

Cerró el debate el oficialista Nicolás Mayoraz, quien señaló que “hay 816 causas de expropiación en trámite” en la Justicia, con juicios que duran alrededor de 18 años. “Díganme si se respeta el derecho cuando una persona demora 18 años para que le paguen una indemnización”, desafió. Sobre desalojos, informó que “solo entre 2020-2021 hubo más de 17 mil usurpaciones en la provincia de Buenos Aires” y aclaró que “no es lo mismo el inquilino moroso que el usurpador”.

El proyecto ahora regresa al Senado para su tratamiento final.

Información con Parlamentario