La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) presentó una denuncia formal ante el presidente del Concejo Deliberante de Posadas, Daniel Vigo, por un episodio de presunta violencia verbal protagonizado por la concejal libertaria María Elena Fernández contra un trabajador municipal, mientras este desempeñaba sus funciones en el ámbito de la Comisión de Hacienda.

El hecho denunciado ocurrió el 5 de octubre y motivó una presentación gremial que reclama medidas urgentes, una investigación administrativa y la determinación de eventuales responsabilidades de la edil y de otras personas que pudieran haber participado del episodio.

El planteo tiene una gravedad institucional particular: no se trata de una discusión política entre concejales ni de un enfrentamiento entre representantes de distintos espacios partidarios. Según la denuncia, la situación involucró a una autoridad electa y a un trabajador que estaba cumpliendo sus obligaciones dentro del propio Concejo Deliberante.

En la nota, UPCN identifica al agente municipal y advierte que ningún funcionario puede ampararse en su cargo para ejercer hostigamiento, intimidación o maltrato contra quienes trabajan en una institución pública.

“La autoridad que otorga una banca no concede impunidad”, sostiene el sindicato en uno de los pasajes más contundentes de la presentación.

La denuncia también incorpora un componente político que excede el episodio puntual. Se produce después de otros hechos protagonizados por referentes de La Libertad Avanza en Misiones, que generaron controversias por expresiones violentas, discriminatorias o vinculadas con símbolos de la última dictadura militar.

UPCN exige una investigación y posibles sanciones

La presentación sindical fue recibida formalmente por el Concejo Deliberante y solicita al presidente Daniel Vigo que intervenga de manera inmediata para esclarecer lo sucedido.

“Consideramos que hechos de esta naturaleza no pueden naturalizarse ni quedar impunes, mucho menos dentro de una institución democrática donde debe primar el respeto, el diálogo y el trato digno hacia quienes diariamente cumplen funciones al servicio del Estado municipal”, señala el documento.

El gremio reclama que se arbitren las medidas administrativas e institucionales correspondientes y se promueva un procedimiento disciplinario para establecer las responsabilidades de María Elena Fernández y de quienes hayan participado del hecho.

También exige que se garantice el derecho de defensa de las personas involucradas y el debido proceso, una aclaración relevante porque la presentación constituye una denuncia y todavía no una determinación formal de responsabilidad.

UPCN invoca además el marco de prevención de la violencia laboral vigente en el Concejo Deliberante, que contempla la intervención institucional frente a conductas que puedan configurar maltrato o intimidación. Según el sindicato, la gravedad de los hechos y la jerarquía de los funcionarios involucrados podrían justificar la aplicación de disposiciones de la Carta Orgánica municipal y del propio cuerpo deliberativo.

“El trabajador municipal merece respeto. Ninguna autoridad, concejal, funcionario ni asesor está por encima de los derechos laborales”, advierte la organización.

La presentación no reproduce las expresiones concretas que habrían sido pronunciadas durante el incidente. Por eso, la investigación solicitada será fundamental para establecer qué ocurrió, quiénes participaron y si corresponde adoptar alguna medida disciplinaria.

Fernández ya había protagonizado otra polémica

No es la primera vez que María Elena Fernández queda en el centro de una controversia por sus expresiones públicas. En enero de este año, la concejal generó malestar en el sector forestoindustrial misionero al cuestionar desde su cuenta de Facebook a empresarios que reclamaban medidas para enfrentar la crisis de la actividad.

En respuesta a planteos del ingeniero forestal Nicolás Ocampo, quien había solicitado al diputado nacional Diego Hartfield medidas para reducir costos y mejorar las condiciones de competencia, desde la cuenta de Fernández se publicaron comentarios como “40 años fueron subsidiados y beneficiados con créditos fiscales por ley 25.080 y lloran” y “500 pymes dudo. Mano de obra esclava sí creo”. También se acusó a empresarios del sector de haberse enriquecido y querer continuar con su “fiesta”.

Aquellas expresiones generaron cuestionamientos por generalizar acusaciones contra una actividad que atravesaba dificultades económicas, cierres de establecimientos y pérdida de puestos de trabajo. El episodio fue publicado por Misiones Opina el 26 de enero.

Si bien se trató de una controversia diferente de la denuncia actual, constituye un antecedente público de cuestionamientos a las formas de expresión de la concejal.

Del Falcon verde al desprecio por los yerbateros

El episodio de Posadas vuelve a poner bajo discusión las formas de confrontación política de algunos representantes y militantes de La Libertad Avanza en la provincia.

Uno de los antecedentes más controvertidos fue protagonizado por Patricia Buckmayer, concejal libertaria de Montecarlo, quien en julio de 2025 compartió una publicación que mostraba un Ford Falcon verde y aludía a la posibilidad de transportar “zurditos llorando” en su baúl.

La publicación provocó fuertes cuestionamientos y derivó en denuncias por presunta apología del delito. El Falcon verde constituye uno de los símbolos asociados a los grupos de tareas que durante la última dictadura militar secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer personas.

La controversia trascendió una diferencia ideológica. La discusión giró en torno a la utilización de imágenes y referencias relacionadas con el terrorismo de Estado para descalificar a adversarios políticos.

Otro episodio ocurrió en septiembre de este año, durante la visita del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú.

Una joven referente juvenil de La Libertad Avanza en Oberá, quedó involucrada en la difusión de un video en el que se escucha la expresión “qué asco que da esta negrada”, mientras el vehículo en el que viajaba pasaba frente a productores yerbateros que participaban de una protesta.

Los manifestantes reclamaban por la crisis de la actividad y las consecuencias de la desregulación del mercado yerbatero. La expresión generó críticas por su contenido despectivo hacia trabajadores y productores rurales.

Godoy, mencionada en publicaciones periodísticas como una posible candidata para 2027, quedó así en el centro de una polémica que también provocó respuestas desde el Gobierno provincial. El ministro del Agro, Facundo López Sartori, cuestionó públicamente el episodio y pidió reflexionar sobre el lenguaje utilizado desde la política.

Los episodios tienen características distintas y no corresponde atribuir automáticamente a uno las responsabilidades de los otros. Sin embargo, permiten abrir una discusión sobre los límites del discurso político, especialmente cuando las expresiones cuestionadas provienen de dirigentes que ocupan cargos institucionales o aspiran a representar a la ciudadanía.

Cuando la confrontación política llega a las instituciones

La confrontación verbal ocupa un lugar importante en la comunicación política del presidente Javier Milei, quien ha utilizado descalificaciones personales contra periodistas, opositores y otros actores públicos.

Ese estilo también forma parte del debate sobre las prácticas de algunos dirigentes que se identifican con su espacio político. Pero existe una diferencia fundamental entre la confrontación pública, por áspera que sea, y las conductas que puedan afectar los derechos de trabajadores dentro de organismos estatales.

El Concejo Deliberante es precisamente una institución donde deben convivir representantes de distintas posiciones políticas, discutir proyectos, controlar al Ejecutivo municipal y respetar las reglas que regulan su funcionamiento.

Ninguna pertenencia partidaria debería justificar excepciones a esas obligaciones.

La denuncia contra Fernández plantea entonces un interrogante que va más allá del enfrentamiento entre una concejal y un agente municipal: cuáles son los mecanismos concretos de protección para los trabajadores cuando una situación de presunto maltrato involucra a alguien que ocupa un cargo de representación popular.

El respeto a la investidura institucional no puede funcionar en una sola dirección. Así como los funcionarios tienen derecho a ejercer sus atribuciones, los empleados públicos tienen derecho a desarrollar sus tareas sin sufrir intimidaciones ni destrato.

La responsabilidad institucional

Con la nota presentada por UPCN, el presidente del Concejo Deliberante de Posadas quedó formalmente informado de la denuncia y del pedido de intervención.

Ahora corresponde determinar qué actuaciones se realizarán para esclarecer el episodio, escuchar a las personas involucradas y establecer si existieron conductas incompatibles con las normas de convivencia institucional y protección laboral.

La intervención solicitada no implica anticipar culpabilidades ni desconocer el derecho de defensa de la concejal. Por el contrario, un procedimiento formal permitiría comprobar los hechos y evitar que la discusión quede reducida a versiones contrapuestas.

La presentación gremial también introduce un principio que debería ser compartido por todos los espacios políticos: el mandato popular otorga facultades y responsabilidades, pero no privilegios personales frente a las normas que protegen a los trabajadores.

En medio de un clima político donde el insulto y la descalificación suelen ocupar más espacio que la discusión de ideas, la denuncia contra María Elena Fernández abre una cuestión concreta que deberá responder el Concejo Deliberante de Posadas.

No se trata de sancionar una ideología ni de impedir que una concejal ejerza su función política. Se trata de investigar una denuncia de violencia verbal contra un trabajador municipal y determinar, con las garantías correspondientes, si hubo una conducta que merezca una respuesta institucional.

Información con Misiones Opina