Tras el veto total del intendente Claudio Filippa a la ordenanza que buscaba autonomía presupuestaria del Concejo, el edil Alejandro Verón elevó el expediente 98/26 para constituir el Tribunal de Cuentas Municipal. El órgano está escrito en la Carta Magna local hace 32 años, nunca se eligió y, por ley, no puede votarse junto con el intendente en 2027. El debate ya no es solo jurídico: atraviesa la frase de que el Concejo “está al pedo”, la ruptura del oficialismo y la pregunta de si Iguazú necesita un parche o una Convención Constituyente.
El Ejecutivo vetó “totalmente” la ordenanza “por los fundamentos establecidos en los considerandos”. Citó el artículo 88 de la Carta Orgánica —el intendente ejecuta y hace cumplir el presupuesto—, el artículo 89 en lo que respecta a la readecuación presupuestaria y los artículos 3, 4 y 7 de la Ordenanza 31/25, el presupuesto 2026, que reservan facultades de manejo al Departamento Ejecutivo. En criollo: el Concejo tiene partidas, pero no decide cuándo ni cómo se ejecutan.
Verón lo sintetizó así en declaraciones posteriores al veto: la autonomía de los poderes, dijo, es ficticia si para comprar un insumo o pagar un sueldo hace falta la firma del intendente.Ese voto de Ríos no fue un detalle. En agosto el oficialismo se partió. El presidente del HCD armó bloque propio y dejó de votar en bloque con Matkoski, Sosa y Humberto Pereyra, que ratificaron alineamiento con Filippa. Sin ese corrimiento, la ordenanza 14/2026 no salía.
Ahora el mismo mapa —oposición más Ríos— es el que muchos dan por descontado para acompañar, al menos en comisión o en recinto, el proyecto del Tribunal de Cuentas.
Lo que ya dice la Carta, y lo que nunca se cumplió
Los artículos 89 a 95 no son un deseo. Son norma vigente.
El Tribunal debe integrarse con tres miembros elegidos en forma directa por el cuerpo electoral, en distrito único y por D’Hont, en una elección que no coincida con la del intendente. Duran cuatro años y pueden ser reelectos. Para postularse hay que ser abogado o contador público nacional con cinco años de ejercicio, nativo de la ciudad o con dos años de residencia inmediata, y reunir los mismos requisitos, inmunidades e incompatibilidades que un concejal.
La Carta le reconoce autonomía de funcionamiento y de presupuesto de gastos, con un techo: no puede superar el 25 por ciento del presupuesto asignado al Concejo Deliberante. Se constituye por sí mismo, redacta su reglamento interno y elige presidente cada año.
Su atribución sustancial, artículo 94, es el control de legalidad del gasto municipal, “sin tener en cuenta valoraciones de conveniencia y/u oportunidades”. Puede exigir libros y expedientes, auditar la Hacienda Pública, dictaminar estados contables en un plazo de 30 días, hacer auditorías externas, entender en juicios de cuentas y —punto clave— visar previamente los actos administrativos que dispongan gastos. Si detecta un ilícito, debe remitirlo a la Justicia.
La disposición transitoria quinta fue explícita: solo en 1995, por única vez, la elección del Tribunal podía coincidir con la del intendente. Después, nunca más. Ese “nunca más” tiene consecuencia concreta en el calendario electoral que se viene. En 2027 Iguazú elige intendente y renueva cuatro bancas del Concejo: las de Alejandro Verón, Omar Gómez, Raquel Matkoski y Humberto Pereyra. Por el artículo 89, el Tribunal de Cuentas no puede ir en esa boleta. La primera ventana ordinaria sería 2029, en la elección de medio término, cuando se renuevan las otras tres bancas.
Mientras tanto, el control externo sigue recayendo en el Tribunal de Cuentas de la Provincia. No es un dato menor: ese organismo desaprobó la rendición 2023 del municipio, formuló cargos y multas, y ya había sancionado presentaciones extemporáneas e incompletas. El Concejo local, en cambio, aprobó balances por mayoría aun cuando la oposición denunciaba falta de comprobantes. El contraste alimenta la tesis de Verón: el órgano que debería controlar al Ejecutivo no controla, o controla tarde, o depende del mismo Ejecutivo para funcionar.
“El Concejo está al pedo”: la frase que abrió otro frente
El proyecto no nace en el vacío. Nace después de que el propio Verón dijera en el recinto que el Concejo Deliberante “está al pedo”. La frase —brutal, de barrio, difícil de disimular— desató un cruce de opiniones que vale más que el expediente, porque pone sobre la mesa para qué sirve hoy el Legislativo municipal.
El exconcejal radical Kevin Florentín, abogado, tomó la frase en serio. No la festejó ni la descartó. Preguntó si los concejos no terminaron convertidos en una interpretación meramente formal del sistema republicano. Si el órgano que debe controlar al Ejecutivo depende de los recursos que ese Ejecutivo le gira, el contrapeso es una ficción. Si la mayoría responde primero a la lógica oficialista que a la discusión pública, la representación también. Y dejó la pregunta más incómoda: cuántos seguirían en la banca si el cargo fuera ad honorem.
Verón adhirió. Dijo que en casi tres años presentó más de 120 expedientes, participó de innumerables comisiones y igual sostiene el diagnóstico: si no controla, no propone y no discute, ¿para qué sirve? Citó dos casos que, según él, muestran el vacío: una muerte en una obra ejecutada bajo la Dirección de Obras Privadas —el municipio controlando a profesionales que a su vez controlan obras— y el robo de la recaudación de la Tasa de Abasto, causa en la que un juez local le negó ser querellante y cuyo monto, afirmó, el contador municipal todavía no precisó.
No todos compraron el diagnóstico. María Soledad Ríos respondió que hablar de un Concejo “al pedo” es injusto y demasiado general: hay ediles que presentan proyectos, concurren a comisiones y atienden reclamos. Se puede cuestionar la gestión, escribió, pero también hay que reconocer el trabajo. El respeto y el debate, dijo, suman.
Horacio Spallanzani —exdiputado, exconcejal y exdirector de Radio Nacional Iguazú— fue más lejos en la receta y más cauto en el diagnóstico. El problema, escribió, no son los síntomas: es la enfermedad. No se puede dudar de la existencia del órgano más democrático del gobierno local, el que representa pluralidad mientras el Ejecutivo representa solo a la primera minoría. Propuso voto electrónico por cargo; reforma de la Carta Orgánica sin reelección indefinida y con menos poder al intendente; fin de la Ley de Lemas; incompatibilidades a rajatabla —empleados públicos y de empresas de servicios no pueden ser concejales, aunque pidan licencia—; y un electorado menos emocional. Advirtió que insinuar que el Legislativo no debería existir es música para aprendices de tiranos. Y recordó un dato de funcionamiento: las sesiones cada quince días, a la mañana, y los aplazos cuando el oficialismo no produce despachos.
El contador Nicolás Silverio, exdirector del Hospital SAMIC Iguazú, cambió el eje. Habló del “problema del despechado”: el que está afuera denuncia desmanejos e incumplimiento de la Carta; cuando asume, descubre que para gobernar hace lo mismo que criticaba. Relativizó la eliminación de la Ley de Lemas y de la reelección indefinida como meros artilugios que favorecen a unos y perjudican a otros, sin atacar la cuestión de base: la oposición, dijo, no convence, no llega a la gente y se queda en la denuncia. Preguntó, además, cómo piensan mejorar calles quienes apoyan a un gobierno nacional que recortó la obra pública, si no hay respaldo provincial ni nacional. La gente, escribió, quiere propuestas alcanzables.
En el hilo aparecieron otras voces vecinales: que el sueldo de concejal debería parecerse al de un docente y caer cuando termina el mandato; que el Legislativo se volvió “escribanía del Ejecutivo” cuando hay mayoría automática; que ya no hay “ñoquis” sino “queso rayado”. Son frases de red, no dictámenes. Pero describen un clima: descreimiento, bronca y, al mismo tiempo, la certeza de que sin Legislativo el control queda aún más lejos.
Parche o Convención: la discusión de fondo
Hay una tentación política evidente: votar ahora una ordenanza de “creación”, alinear a Ríos, marcar la cancha rumbo a 2027 y decirle a la ciudad que por fin habrá un contralor propio. El riesgo también es evidente. La Carta ya creó el Tribunal. Lo que falta es la ordenanza de implementación, el cronograma electoral compatible con el artículo 89 y, sobre todo, la voluntad de que el órgano no nazca dependiente del mismo poder que debe controlar.
Por eso el atajo de una sola reforma —un artículo, un organismo, un gesto de campaña— choca con una deuda más vieja. Iguazú vive con una Carta de 1994. En más de treinta años hubo momentos para abrir una Convención Constituyente. El más citado en la memoria local es el de la consulta por las tierras de las 2000 hcts, cuando el entonces intendente Sánchez tuvo respaldo político para una reforma integral y no se hizo. Hoy algunos de aquellos aliados están en otros espacios y piden cambiar un solo punto. El método se repite: se parchea lo que duele en el presente y se deja intacto el diseño de poder.
Un Tribunal de Cuentas municipal bien constituido podría visar gastos, auditar la Hacienda, exigir comprobantes y llevar ilícitos a la Justicia sin esperar a Posadas. También podría convertirse en un sello más caro si se elige con la misma lógica de lemas, lealtades y presupuestos condicionados. El artículo 91 pone un límite de gasto —25 por ciento del presupuesto del Concejo—, pero no garantiza independencia cultural. Esa se construye con incompatibilidades reales, con audiencias públicas y con un electorado que deje de votar como hinchada.
Quedan preguntas que el expediente 98/26, cuando se conozca, debería responder con precisión y no con eslogan:
- ¿El proyecto convoca a elección en 2029, como manda el artículo 89, o intenta forzar un atajo junto a 2027?
- ¿Quién paga el funcionamiento del Tribunal hasta que haya miembros electos?
- ¿Se respeta el control de legalidad puro del artículo 94 o se le carga un juicio político de oportunidad que la Carta le prohíbe?
- ¿El Concejo insistirá con la ordenanza 14/2026 —hacen falta cinco votos para superar el veto— o reemplazará esa pelea por la bandera del Tribunal?
- ¿Se va a discutir, de una vez, una Convención Constituyente, o cada bloque va a traer su artículo predilecto cuando le convenga?
2027 está cerca. Se elige intendente y se renuevan cuatro bancas. Las tribunas, salvo cuando un edil las llena, suelen estar vacías. Las sesiones quincenales ya son rutina. El veto de Filippa y el expediente de Verón no cierran el debate: lo destapan. El Concejo no está “al pedo” por decreto de un edil. Está en cuestión porque gran parte de la ciudad dejó de ver en él un lugar donde se piensa la ciudad a cinco, diez o veinte años, se controla el peso público y se representa algo más que el mapa de la última elección.
Poner en marcha el Tribunal de Cuentas que la Carta escribió en 1994 puede ser un paso serio de control. También puede ser, otra vez, un parche de coyuntura. La diferencia no la va a escribir un título de expediente. La va a escribir si Iguazú discute el órgano, el calendario, las incompatibilidades y, sobre todo, si está dispuesta a reformar la regla de juego o solo a usarla hasta la próxima campaña.
Fabio A. Pereyra
RadioCataratas.Com
