El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional modifica las reglas de defensa, endurece las sanciones por explotación de recursos en las islas y crea un Consejo de Seguridad Nacional con facultades ante amenazas externas.
Argentina
El Presidente pidió a la dirigencia política “máxima prioridad y celeridad” en el tratamiento y sostuvo que no se puede dar “el lujo” de no trabajar juntos por la recuperación de las islas.
Sanciones por explotación de recursos
El texto ya no se limita a hidrocarburos. Prohíbe cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables.
Las sanciones pueden alcanzar a empresas, proveedores, socios, accionistas y controlantes. Las penas llegan hasta 20 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones. En los casos más graves vinculados a hidrocarburos se prevén condenas de 15 a 20 años y multas equivalentes a hasta tres millones de barriles de petróleo.
También se contempla juicio en ausencia para estos delitos.
Qué les espera a las empresas sancionadas
Quienes queden alcanzados podrán quedar impedidos de operar en la Argentina, perder habilitaciones y beneficios impositivos o previsionales, y ver rescindidos contratos con el Estado.
Se crea un registro público de infractores. Quienes figuren en él no podrán ser contratados por el Estado ni por particulares.
El Consejo de Seguridad Nacional
El organismo estará encabezado por el Presidente e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Tendrá funciones de coordinación estratégica en materia diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, e intervendrá en la protección de infraestructuras críticas.
Espacio aéreo y marítimo
Ante una aeronave considerada hostil se establece una secuencia: identificación, advertencia, demostración de fuerza y, como último recurso, uso de la fuerza por orden expresa del Presidente, facultad que podría delegarse en el ministro de Defensa.
Para buques se prevén medidas progresivas: persecución, inspección, disparos de advertencia e inutilización. El hundimiento será excepcional y requerirá autorización presidencial. Queda prohibido usarlo como sanción contra un buque civil o solo para impedir su fuga.
Amenazas extranjeras e influencia política
El Consejo podrá adoptar medidas urgentes ante amenazas graves e inminentes: restricciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, suspensión de autorizaciones y contratos, límites a importaciones y exportaciones, y aumentos temporales de derechos aduaneros.
Se restringirán aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
El proyecto incorpora delitos vinculados a revelación de secretos, operaciones clandestinas de inteligencia, desinformación masiva destinada a alterar procesos electorales y acciones de violencia o sabotaje financiadas desde el exterior.
También eleva a rango legal el RePET (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento), con inmovilización de bienes y prohibición de operaciones económicas o financieras con quienes figuren en él.
El texto ingresó a la Cámara de Diputados y deberá ser girado a comisiones para su tratamiento.
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