Representantes de la provincia llevaron al Congreso un reclamo para extender la Emergencia Nacional en Discapacidad, acelerar entregas y pagos, y preservar las herramientas del sector en el Presupuesto 2027. Advirtieron demoras en medicamentos de alto costo, ayudas técnicas, cirugías y atrasos a prestadores.
Misiones reclamó este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El planteo se formuló en una reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, con el foco puesto no solo en mantener vigente la normativa, sino en asegurar los recursos para que se aplique de manera efectiva.
La posición provincial fue expuesta por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez. También participaron los diputados nacionales Oscar Herrera Ahuad y Yamila Ruiz, del bloque Argentina Federal.
Antúnez detalló las dificultades que enfrentan personas con discapacidad, familias y prestadores en Misiones: demoras en medicamentos de alto costo, ayudas técnicas, elementos ortopédicos y sillas de ruedas; cirugías pendientes; y atrasos en los pagos a prestadores y transportistas.
“No pueden ser una variable de ajuste”
“Las personas con discapacidad no pueden ser consideradas una variable de ajuste fiscal de ningún gobierno”, afirmó Antúnez. Y agregó: “No solamente estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de derechos, estamos hablando de personas que están esperando una respuesta”.
En la provincia hay alrededor de 36.000 personas con Certificado Único de Discapacidad y unas 48.000 afiliadas al Programa Federal Incluir Salud. Parte de esa población, dijo, tiene problemas para acceder a tratamientos, medicamentos y otros elementos indispensables.
Mencionó casos de pacientes con hemofilia cuyos tratamientos pueden costar entre $30 millones y $40 millones, y personas con ELA que requieren terapias de hasta US$60.000.
Medicamentos, ayudas técnicas y fondos demorados
Según la funcionaria, 316 pacientes esperan desde mayo respuestas vinculadas a medicamentos. Hay demoras cercanas a seis meses en la entrega de ayudas técnicas y cirugías pendientes desde febrero de 2025.
También señaló atrasos en los pagos a prestadores y transportistas, y dificultades para ejecutar recursos del Fondo Nacional de Discapacidad. Misiones tiene proyectos aprobados cuyos desembolsos tardaron unos ocho meses; otras iniciativas aprobadas en junio todavía no se implementaron.
“Imagínense que todo esto pasa con el respaldo de la ley de emergencia en discapacidad. Imagínense si nosotros no tuviéramos esta ley”, planteó ante los legisladores.
Pedido sobre el Presupuesto 2027
Otro eje del reclamo fue el proyecto de Presupuesto Nacional 2027. Antúnez expresó preocupación por modificaciones que, según sostuvo, podrían afectar herramientas previstas para las personas con discapacidad.
Pidió que el debate presupuestario contemple la continuidad de las condiciones que justificaron la emergencia y que las decisiones fiscales no impliquen retrocesos en prestaciones y derechos. Reclamó además mayor participación del Consejo Federal de Discapacidad en las decisiones nacionales que luego las provincias deben aplicar.
Dictamen unificado y próxima reunión
Herrera Ahuad propuso que las comisiones avancen hacia un dictamen unificado que garantice la continuidad de la Emergencia Nacional en Discapacidad y que lo resuelto por el Congreso se contemple en la discusión del Presupuesto 2027.
El objetivo es extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia de la Ley 27.793, hoy establecida hasta fines de 2026. Las comisiones se volverán a reunir el 23 de septiembre para intentar avanzar hacia un dictamen.
El planteo de Misiones concentró sus propuestas en prorrogar la emergencia, asegurar su financiamiento, agilizar medicamentos y ayudas técnicas, normalizar pagos a prestadores, ejecutar fondos pendientes y garantizar que el Presupuesto 2027 preserve las herramientas de protección para las personas con discapacidad.
