Es comunicador y empleado de la Vicegobernación de Misiones. Cuestionó al Gobierno de Misiones y calificó el procedimiento como un “atropello a la libertad de expresión”.
Ezequiel Bermejo, periodista y empleado de la Vicegobernación de Misiones, confirmó públicamente que este jueves 10 de septiembre se presentará a la audiencia de indagación sumaria convocada por la Fiscalía de Estado provincial.
La citación se produjo en el marco de la Información Sumaria N.º 29/26, expediente 8120-18-2026, iniciada a partir de una presentación del ministro Coordinador General de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori.
La carátula del expediente hace referencia a “supuestas publicaciones atribuidas al agente Ezequiel Bermejo dirigidas al Sr. Gobernador”. Sin embargo, la documentación conocida no detalla cuáles serían esas publicaciones, qué contenido se cuestiona ni cuál sería concretamente la falta administrativa que se investiga.
“Será un honor enfrentar esta persecución política”
Horas antes de comparecer, Bermejo publicó un fuerte descargo en su cuenta de X, donde confirmó que asistirá a la audiencia y calificó la investigación como una persecución motivada por sus opiniones públicas.
“Mañana me presentaré a la indagación sumaria en la Fiscalía de Estado de Misiones”, anunció.
Bermejo sostuvo que el expediente constituye un “atropello a la libertad de expresión y a la libertad de prensa”. También afirmó que duda de que el ministro Sartori haya impulsado el procedimiento por iniciativa propia y manifestó su sospecha de que existiría una orden y un aval político superior.
Esta última afirmación forma parte de la interpretación del periodista y, hasta el momento, no aparece acreditada en la documentación conocida.
“Me han citado y allí estaré. Será un honor enfrentar esta persecución política por opinar libremente y de manera pública acerca de lo que pienso”, expresó Bermejo.
El “fin del absolutismo”, en el centro de la polémica
En su descargo, el periodista recordó el discurso oficial del 17 de agosto sobre el “fin del absolutismo” y afirmó que aquellas palabras no habrían tenido una aplicación concreta dentro de la administración provincial. Para reforzar su cuestionamiento, reprodujo la definición utilizada en ese mensaje sobre un poder que pretende decidir qué pueden decir, pensar o leer los ciudadanos, así como quién puede crecer y quién queda relegado.
Según Bermejo, la apertura del sumario representaría una contradicción entre aquella proclama pública y la conducta actual del Gobierno de Misiones. El periodista cerró su publicación con una acusación todavía más grave: “Si esto es ‘lo que viene’, sepan entonces que no se trata de nada nuevo: el fascismo ya ha venido varias veces a este país”.
Una investigación, no una sanción
La citación no acredita que Bermejo haya cometido una infracción ni determina responsabilidad administrativa. Se trata de una instancia preliminar destinada a investigar los hechos y recibir el descargo del agente.
La cédula establece que la audiencia se realizará este jueves a las 9:30, “al solo efecto de la indagación sumaria”. Además, intima al trabajador a constituir un nuevo domicilio legal dentro del radio urbano de Posadas y le advierte que una incomparecencia injustificada será considerada falta grave.
No obstante, el caso plantea un interrogante institucional que excede a sus protagonistas: ¿puede el aparato administrativo del Estado investigar o eventualmente sancionar a uno de sus empleados únicamente por expresar opiniones críticas sobre la gestión provincial?
Si no existieron amenazas, agravios, revelación de información reservada o incumplimientos concretos de sus deberes, una medida disciplinaria basada solamente en cuestionamientos políticos podría configurar una actuación desproporcionada, intimidatoria y contraria a la libertad de expresión.
Trabajar para el Estado no supone renunciar al derecho a opinar ni obliga a mantener silencio frente a las decisiones del poder.
Para conocer el verdadero alcance del expediente será fundamental determinar cuáles fueron las publicaciones atribuidas a Bermejo, qué norma presuntamente vulneró y por qué sus expresiones motivaron la intervención de la Fiscalía de Estado.
Hasta que esos elementos sean esclarecidos, el procedimiento deja bajo sospecha una práctica preocupante: la posible utilización de los mecanismos administrativos del Gobierno de Misiones para disciplinar una voz crítica dentro del propio Estado.
Información con Agencia Hoy




