Un sargento de 44 años y un agente de 25 se abstuvieron ante el juez Martín Brites. La causa investiga un esquema de cobros a familiares para evitar golpizas, abusos, ingreso de celulares y visitas íntimas en la División Resguardo de Detenidos.

Dos suboficiales de la Policía de Misiones, que prestaban servicios en Puerto Iguazú, se negaron a declarar este jueves ante el juez de Instrucción N.º 3, Martín Brites, y permanecen detenidos. Están imputados de forma preventiva por extorsión, exacciones ilegales, cohecho pasivo, apremios y vejaciones.

Se trata de un sargento de 44 años, que se desempeñaba en la Comisaría Segunda, y un agente de 25 años, del Comando Radioeléctrico. Ambos fueron arrestados el miércoles y trasladados al juzgado para la indagatoria. El magistrado ordenó que continúen privados de la libertad.

La investigación se originó a partir de una denuncia —presentada por una persona que tenía una causa por abuso sexual— que derivó en la intervención de la Comisaría de la Mujer y de la Dirección de Asuntos Internos de la Jefatura de Policía. Los dos efectivos pertenecían a la Unidad Regional V y ya fueron apartados de la institución.

Según la hipótesis judicial, en la División Resguardo de Detenidos —ubicada en el mismo predio de la Unidad Regional— funcionaba un sistema de recaudación. Internos de mayor antigüedad, conocidos como “kapangas”, sometían a golpizas a los recién llegados. Luego se ofrecía “protección”: evitar agresiones, evitar abusos sexuales, ingresar mercadería y obtener otros beneficios a cambio de dinero.

Quienes cobraban a los familiares eran, según la pesquisa, los dos policías. Parte del dinero se entregaba a los internos que colaboraban dentro del predio. Los pagos se realizaban, en parte, mediante transferencias a billeteras virtuales. En un mes se detectó que uno de los efectivos recaudó 2.500.000 pesos, sin contabilizar eventuales entregas en efectivo.

El rastreo de esos movimientos de cuentas, ordenado por la Justicia, fue clave para avanzar en la causa.

La investigación también apunta a otros cobros: alrededor de 100.000 pesos por el ingreso clandestino de cada celular y unos 30.000 pesos semanales para permitir su uso. En un momento habría habido unos diez teléfonos en los pabellones. Por visitas íntimas fuera del régimen se habrían pedido entre 50.000 y 70.000 pesos.

Otra línea busca determinar si algunos detenidos eran golpeados de manera deliberada para forzar a sus familiares a enviar transferencias, y si parte de esos fondos terminaba en manos de los uniformados.

Los teléfonos de ambos imputados fueron secuestrados y serán peritados para reconstruir comunicaciones, transferencias y eventuales contactos con internos y familiares. Los hechos investigados se habrían producido entre enero y junio de este año. La Justicia analiza si intervinieron más personas y cuál fue el alcance del esquema.

El sargento ya había sido investigado por exacciones ilegales y en 2022 fue sobreseído porque no se alcanzó certeza suficiente sobre su responsabilidad.

Ambos se abstuvieron de declarar. La causa continúa con las pericias y las restantes medidas de prueba.