El Ministerio de Justicia creó, mediante la Resolución 397/2026, un programa destinado a modernizar y capacitar a los Juzgados de Paz en todo el país, con el objetivo de acercar una justicia más ágil, comprensible y accesible a las comunidades, especialmente en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.
El Ministerio de Justicia de la Nación lanzó el “Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Justicia de Paz”, una iniciativa que reconoce el rol fundamental de estos juzgados como primera y, en muchos casos, única presencia estatal con capacidad jurisdiccional en el interior del país.
La medida, oficializada a través de la Resolución 397/2026, apunta a modernizar el funcionamiento de los Juzgados de Paz y capacitar de manera continua a sus operadores. Entre los objetivos principales se destacan la formación en derecho de familia, protección de niños, niñas y adolescentes, derechos de adultos mayores, acceso a la justicia y resolución alternativa de conflictos.
Además, el programa busca incorporar herramientas contemporáneas como la oralidad procesal, sistemas de gestión digital y el uso de lenguaje claro, con el fin de lograr una justicia más ágil, comprensible y cercana a la gente. También se prevé el impulso de acciones de cooperación y asistencia técnica con los Poderes Judiciales provinciales y el Sistema Universitario Nacional, para garantizar una formación integral y de calidad.
La coordinación general estará a cargo de la Dirección Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La resolución invita a participar a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JuFeJus), a las Cortes provinciales, a las universidades y a organismos internacionales.
¿Cómo impacta en los vecinos?
Este programa apunta directamente a mejorar la calidad y la accesibilidad de la justicia en las comunidades. Al fortalecer la capacitación de jueces y personal de paz en temas sensibles, e incorporar tecnología y un lenguaje más claro, se espera que los ciudadanos obtengan respuestas más rápidas y comprensibles a sus conflictos legales, especialmente en asuntos familiares y comunitarios.
La iniciativa busca, en definitiva, reforzar la confianza en el sistema judicial y garantizar un mayor respeto de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional.
