El Concejo Deliberante trató sobre tablas y aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza impulsado por el concejal Fabián De Sá. La iniciativa declara la emergencia por 12 meses y busca fortalecer la prevención, el acompañamiento familiar y la protección de niños, niñas y adolescentes.
Este jueves, el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú dio tratamiento sobre tablas al Expediente N° 70/26, una nota del concejal Fabián De Sá que eleva un proyecto de ordenanza referente a los consumos problemáticos. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y recibió un fuerte aplauso de los vecinos presentes en el recinto.
En uso de la palabra, el concejal De Sá fundamentó el proyecto con profunda emoción y consternación. Señaló que se trata de una problemática que afecta especialmente a los jóvenes de la ciudad y que las familias viven bajo una amenaza constante. Lo acompañaron vecinos que se acercaron a respaldar la iniciativa. También estuvo presente Samuel Doichele, quien dirige un centro de rehabilitación en Wanda que ya alberga a varios jóvenes de Iguazú.
El proyecto de ordenanza
El texto declara la emergencia municipal en materia de prevención, abordaje integral de los consumos problemáticos y protección comunitaria en todo el ejido de Puerto Iguazú, por el término de 12 meses a partir de su promulgación. La emergencia podrá ser prorrogada por el Concejo mediante evaluación fundada de los indicadores y resultados obtenidos.
El objetivo es establecer un régimen extraordinario para fortalecer y coordinar las políticas municipales de prevención, promoción de la salud, atención temprana, acompañamiento familiar y comunitario, protección integral de niñas, niños y adolescentes, inclusión social, educativa, cultural y deportiva, intervención territorial sobre factores de vulnerabilidad, recuperación de espacios públicos, coordinación interinstitucional y generación de información pública para la planificación y evaluación.
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los consumos problemáticos, a cargo del Departamento Ejecutivo. Entre sus objetivos prioritarios figuran fortalecer los dispositivos de prevención y orientación, implementar acciones territoriales en zonas de mayor vulnerabilidad, articular derivaciones hacia organismos sanitarios y asistenciales, promover actividades deportivas, culturales y educativas, y recuperar e iluminar espacios públicos prioritarios.
También prevé la creación de un mapa municipal de vulnerabilidad y prevención, destinado exclusivamente a la planificación y focalización de políticas públicas. El mapa podrá incorporar indicadores estadísticos agregados (demanda de asistencia, vulnerabilidad de niños y adolescentes, deterioro de espacios públicos, requerimientos vecinales, entre otros), pero tiene prohibiciones explícitas: no podrá identificar personas, individualizar domicilios ni ser utilizado para tareas de inteligencia o investigación criminal. Toda información de difusión pública deberá estar anonimizada.
Se establece un protocolo municipal de actuación diferenciado según se trate de emergencias sanitarias, personas que soliciten asistencia, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, o hechos que pudieran revestir carácter delictivo.
Un capítulo central delimita con claridad las competencias: las actuaciones municipales tendrán carácter exclusivamente preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial y administrativo. Queda expresamente prohibida cualquier actividad de investigación criminal, inteligencia, seguimiento de personas o producción de evidencia. Cuando se tome conocimiento de hechos que pudieran constituir delito —especialmente aquellos comprendidos en la Ley Nacional 23.737 o de competencia federal—, deberá darse inmediata intervención a las autoridades judiciales, fiscales o de seguridad competentes.
La ordenanza prevé una mesa de coordinación institucional (con carácter de invitación a organismos provinciales, nacionales, educativos, sanitarios, judiciales y organizaciones de la sociedad civil), da prioridad a la protección reforzada de la niñez y la adolescencia, y establece informes trimestrales al Concejo Deliberante sobre la ejecución, con datos estadísticos y sin identificación personal. Autoriza las adecuaciones presupuestarias necesarias y obliga a reglamentar la norma dentro de los 30 días de su promulgación.
Las intervenciones en el recinto
El concejal De Sá leyó un texto escrito por un joven que apenas terminó el secundario, titulado “Salvemos a Puerto Iguazú”. En él se describe la venta y el consumo de drogas como “una sombra gigante en la espalda de Puerto Iguazú”, tapada por el turismo y las Cataratas, y se hace un llamado urgente a no mirar hacia otro lado. “Esto no es un llamado solidario, es un pedido de auxilio urgente”, expresó. Recordó casos de madres que llegaron al extremo de tener que atar a sus propios hijos y envió un saludo a los jóvenes que están con Samuel Doichele en el centro de Wanda, donde ya no hay más lugar.
El concejal Omar Gómez aportó datos sobre la situación local: según información proveniente de Posadas, entre el 70 y el 80 % de los consumidores de la zona consumen “piedra” (derivado del crack), con inicio de consumo entre los 9 y 16 años. Señaló que el 22 % de las operaciones se produce alrededor de los colegios, que el 68 % de los jóvenes conoce a alguien que consume y que el 27 % llegó a probar alguna sustancia. Remarcó que el comienzo suele estar ligado al alcohol y la marihuana, y que el 90 % combina alcohol, tabaco y drogas.
La concejal Raquel Matkoski acompañó los sentimientos expresados y destacó que el proyecto se apoya en leyes nacionales (26.657 de Salud Mental, 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 23.737).
Valoró que esta versión delimita correctamente las competencias y no confunde roles con la Justicia Federal ni las fuerzas de seguridad. Recordó los programas existentes (Departamento de Conductas Adictivas, Primera Escucha, Seguridad Ciudadana, Hogar de Día provincial) y planteó la necesidad de fortalecerlos. También señaló las limitaciones de la Ley Nacional de Salud Mental respecto de las internaciones involuntarias, una dificultad que enfrentan muchas familias.
La ordenanza fue aprobada por unanimidad. Los vecinos presentes en el recinto acompañaron con un fuerte aplauso.
