Las PyMEs son las más afectadas por la retracción del consumo, el aumento de alquileres y las asimetrías fronterizas. Desde el Centro de Empleados de Comercio advierten que podrían registrarse nuevos cierres, y señalan que una situación similar se observa en Puerto Iguazú con los cruces hacia Brasil y en otras localidades fronterizas.

El cierre de Batistella, una de las zapaterías de mayor trayectoria en Posadas, volvió a encender las alarmas sobre la delicada situación que atraviesa el comercio local. Aunque desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) aclararon que todavía no recibieron una comunicación oficial sobre ese caso particular, advirtieron que el escenario actual podría derivar en nuevos cierres si la caída del consumo se mantiene.

En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el secretario adjunto del gremio, Agustín Gómez, explicó que el caso se inscribe en un contexto más amplio de dificultades que alcanza a distintos rubros, pero que golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Son los comercios chicos, dijo, los que concentran hoy los mayores problemas de despidos, reducción de personal, informalidad laboral y cierre de establecimientos.

Según detalló, muchas firmas intentan resistir en una primera etapa utilizando ahorros o recurriendo a créditos para cubrir costos y mantener abiertas las puertas. Sin embargo, cuando esas alternativas se agotan y las ventas no se recuperan, algunas terminan decidiendo el cierre.

La caída del poder adquisitivo, el incremento de los alquileres y de los servicios, y las asimetrías con Paraguay y Brasil conforman, según el diagnóstico del gremio, un escenario que sigue debilitando al comercio posadeño. Gómez sostuvo que la falta de consumo es el problema central y advirtió que los eventos y promociones impulsados para incentivar las ventas no alcanzan por sí solos para sostener la actividad en el tiempo.

Menos ventas y más presión sobre las PyMEs

La situación alcanza prácticamente a todos los rubros, aunque desde el CEC observan diferencias según el tamaño de las empresas. Gómez indicó que mayoristas y supermercados registran caídas de ventas que rondan el 30 %, pero explicó que, por su estructura, algunos de esos establecimientos todavía tienen mayor capacidad para absorber el impacto sin recurrir de inmediato a reducciones de personal.

Incluso manifestó preocupación porque la retracción haya llegado a rubros esenciales como alimentos y medicamentos, lo que interpretó como una señal clara de las dificultades que enfrentan las familias para sostener sus consumos habituales.

El escenario más delicado, según planteó, se observa en las PyMEs y los comercios chicos, especialmente aquellos que tienen entre diez y 50 trabajadores y cuya actividad depende directamente de las ventas diarias.

A esa dependencia se suma el costo de los alquileres, ya que una parte importante de estos establecimientos funciona en locales arrendados. Gómez cuestionó en ese sentido los efectos de la desregulación de la Ley de Alquileres y consideró que el cambio eliminó condiciones que antes contribuían a equilibrar la relación entre las partes.

Es en ese segmento, aseguró, donde el sindicato observa con mayor frecuencia cierres, reducción de planteles e informalidad laboral. Algunos establecimientos optan por achicar su cantidad de trabajadores; en otros casos se producen situaciones en las que empleados registrados pasan a condiciones informales. También mencionó dificultades relacionadas con el pago de salarios.

El caso Batistella y la advertencia por nuevos cierres

Consultado específicamente por la situación de Batistella, Gómez aclaró que el sindicato todavía no había recibido una comunicación oficial y que la información también los tomó por sorpresa. No obstante, consideró que el caso refleja un problema más amplio que atraviesa al sector comercial.

Explicó que muchos establecimientos intentan resistir inicialmente mediante créditos o utilizando sus propios ahorros. Esa situación adquiere, además, una dimensión particular en emprendimientos de carácter familiar, donde existe una relación de muchos años entre propietarios y trabajadores. El problema aparece cuando esos recursos se agotan. Por eso, advirtió que podrían aparecer nuevos casos similares al de la tradicional zapatería si el consumo no muestra una recuperación.

Las compras que cruzan la frontera

A las dificultades internas, el representante mercantil sumó el impacto de las asimetrías con Paraguay y Brasil, que volvieron a adquirir protagonismo para el comercio misionero. Gómez sostuvo que el actual escenario cambiario genera diferencias de precios que llevan a muchos consumidores a realizar compras en los países vecinos para proteger su poder adquisitivo.

Como ejemplo mencionó las extensas filas registradas durante el último feriado para cruzar hacia Paraguay, con esperas que llegaron a aproximadamente cuatro horas. Agregó que una situación similar puede observarse en Puerto Iguazú con los cruces hacia Brasil y en otras localidades fronterizas.

Desde la perspectiva del gremio, ese movimiento significa que una parte del consumo de las familias misioneras termina realizándose fuera de la provincia, profundizando la caída de las ventas del comercio local.

Empleo, paritarias y la necesidad de recuperar el poder de compra

Ante la consulta por los más de 12.000 empleos perdidos mencionados recientemente en estadísticas provinciales, Gómez no aportó una cifra específica correspondiente a Misiones, pero sostuvo que el comercio suele tener un peso considerable dentro de los números generales. Como referencia, mencionó estimaciones nacionales según las cuales desde noviembre de 2023 hasta julio de este año se habrían perdido alrededor de 400.000 puestos de trabajo y cerrado unas 33.000 firmas. A partir de la participación histórica de la actividad, estimó que alrededor del 30 % de esos números generales puede corresponder al sector comercial, aunque presentó ese porcentaje como una referencia del gremio y no como un dato estadístico específico de Misiones.

Respecto de las grandes superficies, señaló que existen mayoristas que continúan sosteniendo sus planteles pese a la caída de ventas, mientras otros avanzaron con desvinculaciones. También recordó el antecedente del Hipermercado Libertad, que decidió cerrar y vender su operación.

La crisis del sector también repercute en el cumplimiento de los acuerdos salariales.

Gómez explicó que Comercio acordó recientemente incrementos del 1,9 % mensual durante tres meses, un porcentaje condicionado por los límites establecidos por el Gobierno nacional para la homologación de las paritarias. El sector pretendía actualizaciones mayores, pero desde Nación no se permitían incrementos superiores al 2 %. Aun con esos porcentajes, reconoció que existen dificultades para cumplir con las recomposiciones, particularmente entre las PyMEs más afectadas.

Para el dirigente mercantil, una recuperación sostenida del comercio requiere medidas dirigidas principalmente a mejorar la capacidad de compra de trabajadores, jubilados y familias. Entre las alternativas mencionó recuperar subsidios para combustibles, transporte público y servicios, además de permitir mayores incrementos salariales. También puso el foco sobre los jubilados, a quienes definió como otro sector consumidor afectado por la pérdida de ingresos disponibles.

Gómez relativizó que una eventual reducción de precios o costos sea suficiente por sí sola. Desde su perspectiva, el principal problema reside en que los trabajadores enfrentan gastos mensuales elevados y no disponen de ingresos suficientes para llegar a fin de mes y mantener sus niveles de consumo. La retracción, agregó, genera una cadena que termina alcanzando también al Estado: si los comercios venden menos, tienen mayores dificultades para afrontar impuestos y, en consecuencia, cae la recaudación.

Por eso, consideró que cualquier estrategia destinada a recuperar la actividad comercial debería comenzar por recomponer la capacidad de consumo de asalariados y familias, como condición necesaria para volver a movilizar las ventas.

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