El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) dictó una resolución clave para fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios de todo el país. La Resolución N° 734/2026 sustituye un artículo del procedimiento de bloqueo de terminales, incorporando expresamente a los establecimientos penitenciarios provinciales al esquema de detección y bloqueo de IMEI/IMSI y líneas telefónicas asociadas. Esta medida, que ya regía para las cárceles federales, busca impedir que organizaciones criminales con miembros alojados en penales utilicen dispositivos móviles para planificar y coordinar actividades ilícitas. Las provincias que adhieran al procedimiento aprobado por el Ministerio de Seguridad Nacional (RESOL-2026-336-APN-MSG) podrán solicitar el bloqueo a través de este organismo.

Un paso firme contra el crimen organizado

La utilización de teléfonos celulares desde el interior de las cárceles es una problemática de larga data en Argentina, que permite a delincuentes continuar operando y coordinando delitos fuera de los muros. La Ley N° 24.660 ya prohibía las comunicaciones telefónicas a través de equipos móviles en los penales, exigiendo la instalación de inhibidores. Sin embargo, la efectividad de estas medidas siempre ha sido un desafío.

Con esta nueva resolución, ENACOM busca cerrar una brecha importante al extender el alcance de estas acciones a las jurisdicciones provinciales. La solicitud de bloqueo de IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) e IMSI (Identidad Internacional de Abonado Móvil) permite una identificación precisa de los dispositivos y las líneas asociadas, dificultando aún más su uso indebido.

¿Cómo funciona la ampliación?

Los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles (PSCM) deberán bloquear el IMEI, el IMSI y la línea telefónica de aquellos dispositivos que se activen dentro de las áreas de detención o acceso restringido de los penales, tanto federales como provinciales. Esto significa que si un teléfono es detectado operando ilegalmente en una cárcel provincial que haya adherido al protocolo, su uso será inmediatamente interrumpido. Es un paso importante para cortar las comunicaciones ilegales que muchas veces se originan desde dentro de las prisiones, afectando la seguridad ciudadana. La coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional será clave para que las provincias puedan realizar estas solicitudes de bloqueo de manera efectiva.

Impacto en la seguridad y las telecomunicaciones

La medida representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado y la seguridad pública, al dificultar la logística delictiva desde los centros de detención. Para las empresas de telecomunicaciones, implica la adaptación de sus sistemas para implementar estos bloqueos a solicitud de la autoridad, lo que refuerza su rol en la colaboración con las fuerzas de seguridad. Se espera que esta ampliación tenga un efecto disuasorio importante, contribuyendo a una sociedad más segura.