Tras reducir y eficientizar la estructura estatal, el gobernador envió a la Legislatura un proyecto de más de $5,2 billones. Dos de cada tres pesos irán a inversión social.
El gobernador Hugo Passalacqua envió este viernes a la Cámara de Representantes el proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2027, por un monto total de $5.206.134.722.000.
La presentación se da en el marco de una readecuación de la estructura del Poder Ejecutivo que contempló la integración de tres ministerios, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado y administrar mejor los recursos.
El presupuesto pone fuerte énfasis en la inversión social: el 63% de los recursos se destinará a educación pública, salud y políticas de contención para los sectores más vulnerables. Es decir, “dos de cada tres pesos irán destinados a salud, educación y políticas sociales”, como lo remarcó el propio gobernador.
“Para seguir cuidando la educación, la salud y la contención social de los misioneros, destina el 63% a la inversión social, y 14% para el desarrollo de la economía motivado en la reactivación de obras”, afirmó Passalacqua.
La iniciativa fue remitida en cumplimiento del artículo 116, inciso 4, de la Constitución provincial.
Educación y salud como prioridad
El proyecto busca garantizar que la educación pública llegue a todo el territorio, asegurar el acceso al sistema sanitario y consolidar las redes de asistencia para los sectores de mayor vulnerabilidad. Estas áreas continúan siendo prioritarias dentro de la distribución presupuestaria.
También reserva un 14% para políticas vinculadas al desarrollo económico, principalmente a través de la reactivación de obras y medidas destinadas a acompañar la actividad productiva.
En los fundamentos enviados a la Cámara, el Ejecutivo cuestionó la “sostenida ausencia del Estado Nacional” y señaló que desde 2024 se profundizó el retiro de partidas y fondos que antes financiaban distintas políticas públicas. Entre ellos mencionó la interrupción del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la desarticulación de programas sanitarios, la eliminación del fondo compensador del transporte, la falta de financiamiento del programa Remediar y la reducción de recursos para infraestructura vial y cajas previsionales provinciales.
Según el Gobierno, ese proceso trasladó una mayor carga operativa y financiera a las provincias, que deben cubrir con recursos propios servicios esenciales.
Resguardo de la economía local
De cara al impacto de la situación macroeconómica en las economías regionales, el proyecto advierte sobre la desregulación de mercados, la apertura de importaciones y el retraso cambiario. Esta coyuntura afecta a productores, empresas exportadoras, comercio de frontera, nivel de actividad, empleo e ingresos provinciales.
Ante este panorama, el Estado provincial ratificó que seguirá implementando herramientas para amortiguar estas desigualdades y mantener el trabajo conjunto con el sector privado.
Con la presentación formalizada, la propuesta inicia su recorrido en la Cámara de Representantes, donde pasará por las distintas comisiones antes de llegar al recinto para su tratamiento.
