La reunión convocada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dejó una postal inédita del conflicto que atraviesa la yerba mate.
Alrededor de una misma mesa se sentaron representantes de todos los sectores de la cadena productiva para discutir los efectos que dejó la eliminación de las principales facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Sin embargo, lejos de acercar posiciones, el encuentro terminó evidenciando una profunda división.
Por un lado estuvieron quienes llegaron con un planteo común: advertir que la desregulación provocó una fuerte caída del precio de la hoja verde, desplomó la rentabilidad de los productores y generó un escenario de incertidumbre para toda la actividad. En ese grupo participaron Carlos Luis Czajkowski, en representación de las cooperativas; Ricardo Maciel, por el Gobierno de Misiones; Carmelo Rojas, por la UATRE; Luis Konopacki, por el sector de secaderos; Roberto Ferreira, director del INYM por la Producción Primaria.
Del otro lado quedaron quienes defendieron sin matices la política impulsada por el Gobierno nacional. El diputado nacional de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez; el director del INYM por la Industria y representante de la Cámara de Molineros, Rubén Orlando Henrikson; la representante del Gobierno de Corrientes, Mariel Gabur, y el presidente del Instituto, Rodrigo Correa, acompañado por su abogado, Esteban Aquino, coincidieron en respaldar la continuidad de la desregulación y transmitieron a Sturzenegger que no debía retroceder ni devolver al INYM las facultades eliminadas por el DNU 70/2023.
La postura sorprendió especialmente porque durante la reunión se presentó un informe técnico elaborado por Roberto Ferreira, en el que se expusieron indicadores que, según la producción, muestran un deterioro generalizado de la cadena yerbatera desde la entrada en vigencia de la desregulación. El documento sostiene que cayó la producción de hoja verde, disminuyó el consumo interno, el productor recibe un precio que no cubre los costos y la baja en el valor de la materia prima nunca se trasladó en igual proporción al consumidor.
Pese a esos planteos, quienes defendieron el modelo nacional sostuvieron que el camino elegido por el Gobierno de Javier Milei debía mantenerse y rechazaron cualquier posibilidad de volver al esquema regulatorio anterior.
La intervención de Rubén Henrikson generó particular malestar entre los representantes de la producción. Como director del INYM por el sector industrial y representante de la Cámara de Molineros, su respaldo a la continuidad de la desregulación fue interpretado como la defensa de los intereses de los grandes compradores de materia prima, justamente uno de los sectores que los productores señalan como beneficiados por el nuevo escenario.
También despertó críticas la posición del diputado Adrián Núñez. Mientras la mayoría de las entidades productivas misioneras vienen reclamando recuperar herramientas para equilibrar la negociación entre productores e industria, el legislador libertario volvió a alinearse con la postura del Gobierno nacional y defendió el modelo de libre mercado impulsado por Sturzenegger. Dijo que el Gobierno de Misiones tiene que hacerse cargo de las consecuencias que padecen los productores, y no la nación.
La presencia de Mariel Gabur también marcó diferencias con el planteo realizado por la delegación misionera. La funcionaria correntina acompañó la posición del ministro nacional y respaldó la continuidad de la desregulación, en línea con la postura que viene sosteniendo el gobierno de Corrientes.
Las intervenciones provocaron un profundo malestar entre los representantes de la UATRE, las cooperativas, los secaderos y los productores presentes, que esperaban que el encuentro sirviera para abrir una instancia de revisión de una política que consideran responsable de la crisis que atraviesa la actividad.
La reunión terminó sin cambios. Federico Sturzenegger ratificó que el Gobierno nacional mantendrá la desregulación y descartó cualquier modificación al esquema vigente. Así, el encuentro dejó dos posiciones claramente enfrentadas: de un lado, quienes sostienen que los números demuestran el fracaso del modelo y reclaman recuperar herramientas de regulación; del otro, los representantes de la industria molinera, el gobierno de Corrientes y La Libertad Avanza, que pidieron sostener el rumbo sin modificaciones.
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