El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó la Resolución 468/2026, que actualiza el protocolo para la detección temprana de trata de personas en el ámbito aeroportuario. La medida fortalece los procedimientos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y designa oficiales referentes para combatir este grave delito.
El Ministerio de Seguridad Nacional dictó la Resolución 468/2026, que aprueba un nuevo “PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE SITUACIONES DE TRATA DE PERSONAS EN EL ÁMBITO AEROPORTUARIO”. Esta normativa actualiza y deja sin efecto la anterior de 2018, con el objetivo de adaptar las herramientas policiales a la evolución del crimen organizado.
La trata de personas es un delito complejo, de carácter intra e internacional, que atenta contra los derechos humanos. Los aeropuertos se han convertido en puntos neurálgicos para la movilidad humana y, por ende, para la detección e intervención contra estas redes criminales. La actualización responde a esta realidad y se alinea con compromisos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo de Palermo.
Ejes principales del nuevo protocolo
Protocolo de Detección Temprana: Se aprueba el Anexo I, que establece pautas claras de actuación para el personal de la PSA, facilitando la identificación de indicios de trata de personas.
Anexo Reservado: Se incorpora un Anexo II de carácter reservado con información sensible operativa y de investigación.
Oficiales Referentes: Se definen pautas para designar “Oficiales Referentes del Delito de Trata de Personas” en cada Unidad Operacional Preventiva y Compleja de la PSA, fortaleciendo la especialización y el abordaje integral.
Aplicación obligatoria: El protocolo rige para todo el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Monitoreo: La Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y contra la Integridad Sexual será responsable del seguimiento de su implementación, difusión, actualización y la conformación de mesas de trabajo.
La resolución enfatiza la prevención, detección temprana, persecución, investigación y el resguardo de las víctimas. Su implementación no implica erogación presupuestaria adicional y busca mejorar la capacidad operativa de la PSA para proteger a las víctimas y desarticular las redes de trata.
Con esta medida, el Estado argentino reafirma su compromiso en la lucha contra uno de los flagelos más graves de la actualidad, adaptando sus respuestas a las dinámicas cambiantes del crimen organizado.
