La discusión sobre la transparencia en la función pública volvió a instalarse este jueves en la Cámara de Representantes de Misiones, donde diputados de tres bloques políticos diferentes presentaron proyectos orientados a un mismo objetivo: que los ciudadanos puedan conocer y controlar la evolución patrimonial de los funcionarios públicos.

“Los misioneros tienen derecho a saber cómo evolucionó el patrimonio de quienes administran los recursos de todos”, sostuvo el legislador durante su intervención en el recinto.

Castro recordó que el Partido Agrario y Social viene impulsando esta discusión desde hace más de una década y señaló que el actual sistema provincial presenta importantes limitaciones. Entre ellas mencionó que las declaraciones juradas sólo se actualizan cada dos años y que su contenido permanece bajo reserva, salvo requerimiento judicial o autorización expresa del funcionario involucrado.

La iniciativa propone que todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 15 días de asumir, una actualización anual mientras permanezcan en funciones y una última declaración dentro de los 15 días posteriores al cese del cargo.

Además, establece que la información sea publicada en un portal web oficial de libre acceso para cualquier ciudadano.

“El sistema actual es de transparencia pasiva. Para acceder a la información hay que pedirla. Nosotros proponemos transparencia activa: que cualquier ciudadano pueda consultar las declaraciones juradas con un simple ingreso a una página web”, explicó.

Según detalló, el proyecto contempla una parte pública y otra reservada. Los datos vinculados a domicilios, patentes o información sensible permanecerían protegidos, mientras que los bienes, montos y evolución patrimonial serían de acceso público.

Durante su exposición, Castro vinculó la iniciativa con los recientes escándalos nacionales que pusieron en discusión el origen del patrimonio de algunos funcionarios.

“La confianza no se declama, se construye. Quienes administran recursos públicos no pueden pedir un cheque en blanco a la sociedad. Deben rendir cuentas de sus actos y también de la evolución de su patrimonio”, afirmó.

En segundo término, el diputado Ramón Amarilla presentó una propuesta de similares características y puso el foco en lo que consideró una contradicción normativa.

“Gracias a la ley nacional de ética pública cualquier ciudadano puede conocer el patrimonio de un funcionario nacional, pero las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales siguen bajo estricto secreto”, señaló.

Amarilla sostuvo que ningún organismo estatal puede reemplazar el control social y defendió la necesidad de abrir la información patrimonial de quienes manejan recursos públicos.

“La mejor herramienta contra la corrupción es la transparencia, nunca el secreto”, expresó.

El legislador también cuestionó que existan debates sobre restricciones para acceder a cargos públicos mientras continúa siendo imposible conocer el patrimonio de quienes ya ejercen funciones.

Su iniciativa propone que las declaraciones juradas sean públicas, gratuitas y accesibles por internet, permitiendo realizar un seguimiento de la evolución patrimonial de cada funcionario desde su ingreso hasta su salida de la administración pública. Al mismo tiempo, prevé la protección de datos sensibles vinculados a la seguridad personal y familiar.

Por su parte, el diputado Osvaldo Manzoni, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto orientado a endurecer los mecanismos de control y seguimiento del cumplimiento de las declaraciones juradas.

Entre las principales novedades, propone que las presentaciones sean anuales, la creación de un registro público de cumplimiento, la obligación de presentar la declaración antes de asumir funciones y un sistema de sanciones específicas para quienes incumplan la normativa.

“Es simple: el misionero tiene que poder comparar con qué patrimonio entró un funcionario y con qué patrimonio se va. Eso no es persecución, es lo mínimo que le debemos a la gente”, afirmó.

Manzoni también planteó que cualquier ciudadano pueda denunciar irregularidades detectadas en las declaraciones patrimoniales.

Más allá de las diferencias políticas entre los autores, el dato sobresaliente de la sesión fue la coincidencia de tres bloques opositores en impulsar medidas destinadas a ampliar la transparencia sobre el patrimonio de los funcionarios públicos.

Los proyectos fueron incorporados para su tratamiento legislativo y ahora deberán comenzar su recorrido por las comisiones correspondientes. La discusión abre un debate de fondo sobre el acceso a la información pública en Misiones y sobre el alcance de los mecanismos de control ciudadano respecto de quienes administran recursos del Estado.

Misiones Opina