Un proyecto de ley impulsado por Carlos Rovira y Paula Franco busca que el Estado deje de pedirle al ciudadano información que ya tiene y que simplifique todos los trámites. Menos filas, menos viajes y más gestiones desde el celular.

¿Cuántas veces una persona tuvo que presentar la misma documentación en distintas oficinas del Estado? ¿Cuántas veces le pidieron una fotocopia del DNI, una constancia o un certificado que otro organismo público ya había emitido? ¿Cuántas horas se perdieron en filas, traslados y trámites repetidos?

Esas situaciones, que forman parte de la experiencia cotidiana de miles de misioneros, son precisamente las que busca resolver un proyecto de ley presentado por la diputada Paula Franco en la Cámara de Representantes de Misiones en la sesión de este último jueves, proyecto que también es impulsado por el diputado provincial Carlos Rovira, ambos integrantes del bloque de Encuentro Misionero.

La iniciativa, denominada Ley de Simplificación, Digitalización y Accesibilidad del Poder Ejecutivo Provincial, propone transformar la relación entre los ciudadanos y el Estado a través de un principio sencillo: que las personas hagan menos trámites y que el Estado trabaje de manera más inteligente.

El ciudadano no puede ser un cadete entre oficinas

Uno de los puntos centrales del proyecto establece que ningún organismo provincial podrá exigir reiteradamente información o documentación que ya se encuentre en poder del Estado.

Dicho de manera simple: si una dependencia pública ya tiene un dato, otra dependencia debería poder acceder a él sin obligar al ciudadano a volver a presentar los mismos papeles. La diferencia parece menor, pero en la práctica puede representar un cambio enorme.

Imaginemos a una persona que vive en San Pedro, El Soberbio o Bernardo de Irigoyen y necesita realizar una gestión administrativa. Hoy muchas veces debe trasladarse, presentar documentación, obtener certificaciones y volver a repetir parte del proceso en otras oficinas. Con el sistema que propone la ley, gran parte de esa información podría circular entre los organismos de manera segura, evitando viajes, gastos y pérdida de tiempo.

Un único acceso para todos los trámites

El proyecto también impulsa la creación progresiva de una identidad digital única. Actualmente, muchos plataformas de distintos organismos de la provincia funcionan de manera independiente y requieren distintos usuarios, contraseñas y mecanismos de acceso.

La propuesta apunta a que cada ciudadano tenga una única identidad digital para relacionarse con el Estado provincial. Eso permitiría ingresar a diferentes servicios utilizando una sola cuenta, simplificando la experiencia y reduciendo obstáculos burocráticos.

Otro de los aspectos más relevantes es la creación de un Portal Único Provincial de Servicios Digitales. La idea es que los ciudadanos puedan acceder desde un mismo lugar a sus trámites, expedientes, consultas, notificaciones y servicios. En la práctica sería algo similar a una ventanilla única digital.

En lugar de buscar información en múltiples páginas web o recorrer distintas oficinas, una persona podría ingresar a una única plataforma para conocer requisitos, iniciar trámites, consultar estados de expedientes y recibir comunicaciones oficiales de cualquiera de los organismos provinciales.

Trámites 24×7, con conectividad y sin exclusiones

La iniciativa también promueve que los servicios digitales estén disponibles de manera permanente cuando la naturaleza del trámite lo permita. Eso significa que muchas gestiones podrían realizarse durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin depender exclusivamente del horario de atención de una oficina pública.

Para quienes trabajan durante gran parte de la jornada o viven lejos de los centros administrativos, esta posibilidad representará un beneficio concreto.

Los autores del proyecto aclaran que la modernización no puede dejar a nadie afuera. Por eso la propuesta obliga al Estado a mantener mecanismos de asistencia presencial, telefónica y remota para para personas con discapacidad y adultos mayores, para aquellas personas que tengan dificultades de conectividad, escasos conocimientos digitales o necesiten un acompañamiento especial.

Pero el proyecto también parte de una realidad evidente: la digitalización sólo funciona si existe conectividad. Por eso la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo deberá seguir ampliando progresivamente la infraestructura tecnológica, la cobertura de internet, el equipamiento y los puntos de acceso digital en toda la provincia, con especial atención a las zonas que hoy presentan mayores dificultades de conexión. El objetivo es que los beneficios de la modernización no queden concentrados en las grandes ciudades, sino que alcancen por igual a quienes viven en localidades más pequeñas o alejadas de los principales centros urbanos.

Menos burocracia, más tiempo para la gente

Aunque el texto contiene conceptos técnicos como interoperabilidad, identidad digital o expediente electrónico, la discusión de fondo es mucho más simple. La pregunta que intenta responder el proyecto es por qué un ciudadano debe invertir tiempo, dinero y esfuerzo para conseguir información que el propio Estado ya posee. La propuesta presentada por Rovira y Franco busca terminar definitivamente con esa lógica.

La aplicación efectiva de este proyecto, cuando se convierta en ley, impactará de manera directa en algo que cualquier misionero valora muchísimo: liberarse de papeles, menos filas, menos viajes y menos tiempo perdido frente a la burocracia.