El Poder Ejecutivo Nacional publicó el Decreto 467/2026, que introduce modificaciones sustanciales en los procesos de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como de titulares y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. La medida busca dinamizar y simplificar los trámites, modificando los decretos 222/2003 y 588/2003.
Crisis de vacantes impulsa el cambio
La decisión se enmarca en la crítica situación que atraviesa la Justicia nacional y federal por el elevado número de vacantes de magistrados. Según el Gobierno, estas demoras afectan el debido proceso y los derechos de los ciudadanos. El objetivo principal es agilizar la cobertura de los cargos vacantes eliminando trámites considerados innecesarios y etapas duplicadas que ralentizaban los nombramientos.
Principales modificaciones del decreto
Entre los cambios más relevantes se destacan:
Eliminación de instancias administrativas previas: Se suprimen los pasos previos a la nominación presidencial que se realizaban dentro del Poder Ejecutivo, ya que duplicaban controles de idoneidad y transparencia que luego realiza el Honorable Senado de la Nación.
Publicidad de las candidaturas: Para la Corte Suprema, los nombres y antecedentes curriculares se publicarán durante tres días en el Boletín Oficial y en la web del Ministerio de Justicia (dentro de los 30 días de producida la vacante). Para el resto de los cargos judiciales y del Ministerio Público, las ternas se publicarán por un día en el Boletín Oficial, con enlace a la web del Ministerio para consultar los antecedentes.
Declaraciones Juradas unificadas: Los candidatos tendrán cinco días para presentar una declaración jurada patrimonial (según la Ley de Ética Pública N° 25.188) y otra detallando asociaciones, sociedades, estudios de abogados y clientes de los últimos ocho años, con el fin de detectar posibles conflictos de intereses.
Informes de ARCA con plazos: Se solicitará a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero un informe sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos, con un plazo máximo de cinco días para su emisión, respetando el secreto fiscal.
Derogaciones: Se eliminan artículos de los decretos anteriores que establecían criterios adicionales de valoración y mecanismos de publicidad considerados redundantes, como publicaciones en diarios.
Impacto en la ciudadanía y transparencia
Con esta reforma, el Gobierno busca concentrar el control democrático y el escrutinio de la idoneidad de los candidatos en el Senado de la Nación, donde ya funcionan audiencias públicas y canales para recibir observaciones ciudadanas. Se espera que la simplificación acelere los nombramientos, reduzca demoras judiciales y mejore la eficiencia del sistema.
La transparencia se mantiene garantizada a través del proceso legislativo, que continúa siendo público y participativo. El decreto promueve una clara desburocratización en la administración pública, fortaleciendo el rol del Senado como principal instancia de control en las designaciones judiciales.
Esta medida ya genera expectativa en el ámbito político y judicial, donde se espera que contribuya a resolver la histórica demora en la cobertura de vacantes en los tribunales del país.
