Se establece un mecanismo para presentarse ante la ANMaC por un plazo de 360 días. Asimismo, el programa para la devolución voluntaria se extiende hasta fines de 2027.

Por 40 votos a favor y 26 en contra el Senado sancionó este jueves el proyecto sobre regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria, que tenía aprobación de la Cámara de Diputados desde octubre de 2024.

Hecha la sugerencia de hacer una sola votación en general y en particular, el senador Martín Soria propuso hacer dos votaciones, dado que ellos estaban dispuestos a votar favorablemente el artículo 4°. Por eso, terminaron haciendo cuatro votaciones: una en general, que terminó 40 a 26; otra en particular con los artículos 1°, 2° y 3°, que tuvo el mismo resultado; luego se votó el 4°, que consiguió el apoyo unánime de 66 senadores; y finalmente los artículos 5° y 6° consiguieron 40 votos a favor y 26 en contra.

La flamante norma plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.

Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.

Cumplidas las verificaciones técnicas y registrales correspondientes, se inscribirán el arma y su poseedor en el Banco Nacional Informatizado de Datos de la ANMaC. Si la persona no fuese legítimo usuario de armas de fuego, tendrá que iniciar el trámite junto con la autorización de tenencia.

En tanto, si se detectasen impedimentos registrales o técnicos graves, se realizarán los procedimientos administrativos y/o judiciales necesarios para retirar el material.

Por otra parte, se prorroga desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”.

Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.

El debate

Como miembro informante, la radical Carolina Losada remarcó que el proyecto viene con media sanción y consideró que “importante y creo que todos podemos estar de acuerdo. Es una política pública en seguridad. Creo que tenemos que apoyarlo todos”.

“Esto sirve para prevenir, para quitar de la oscuridad muchas armas. Hoy existen muchísimas armas en el país que no están regularizadas, por lo tanto, al no haber un registro y no saber en manos de quién están, muchas de esas armas hoy en día están en manos de delincuentes. La posibilidad de que el Estado pueda prevenir eventos delictivos, homicidios, femicidios, suicidios, respecto de las armas de fuego, se puede hacer a partir de tener un control y trazabilidad”, explayó.

La santafecina remarcó que la trazabilidad “es una de las cuestiones más importantes del proyecto de ley, es decir, saber a dónde están exactamente esas armas y quién las tiene. Que la persona que tiene un arma también posea un permiso necesario para portación y registrada”, e informó que esos datos aparecerán en la aplicación Mi Argentina y aclaró que “si la persona tiene una denuncia por violencia de género o cualquier otro motivo, ese permiso caduca de forma automática”.

“Este proyecto busca prorrogar la entrega voluntaria de manera anónima y hay incentivos económicos y, la persona que la entrega, no va a tener sanciones por parte de la justicia. Esta ley hasta el momento tuvo muy buenos resultados. Otro punto importante es regularizar las armas que se encuentran en una casa, en un galpón o en cualquier lugar y no están registradas y no se tiene esa trazabilidad por lo que el Estado no puede cuidar a los ciudadanos”, precisó.

Al cierre, Losada destacó que las armas son destruidas por lo que “no vuelven a circular en sociedad” y precisó que, desde la entrada en vigencia de la ley, fueron destruirse más de 200 mil armas de fuego y más de 2 millones de municiones.

En su intervención, el rionegrino Martín Soria (UP) remarcó que el proyecto tiene que ver con el “taiming” del Gobierno porque pasaron 20 meses para su tratamiento en el Senado. “Casualmente en este momento donde florecen las amenazas de tiroteos en las escuelas el Gobierno aprovecha ahora para sacar la iniciativa. Dejaron vencer el Plan Nacional de Desarme desde el 31 de diciembre de 2023”.

“Esta iniciativa es muy peligrosa”, advirtió y agregó que se generó un retroceso “institucional, político, cultural en materia de control de armas que necesariamente debe tener el Estado”. “Mientras aumentan los casos de amenazas de tiroteos en escuelas y la violencia armada, el Gobierno insiste de forma irresponsable en facilitar y blanquear armas de fuego en la sociedad”, cuestionó.

Soria detalló que en el país se producen 8 muertes por día a causa de armas de fuego y 1 de cada 4 femicidios. “Estamos en un fuerte aumento del circulante de armas de fuego hoy en la Argentina. Entre 2023 y 2025 la cantidad de armas registradas aumentó un 41,9%, las importaciones en 2025 se triplicaron a las de 2023, y las tenencias autorizadas crecieron un 21%. Esta es la delirante idea de que todos anden armados. Es imposible entender los datos sin marcar la responsabilidad política del gobierno de Javier Milei”, apuntó.

El senador criticó la disolución de la ANMaC para volver al RENAR: “Un retroceso de décadas en materia de desarme y control civil de armas de fuego. El DNU 1081/24 con el que habilitaron a que chicos de 18 años puedan acceder y portar armas de fuego. Un total de 1.191 personas entre 18 y 20 años de edad fueron dadas de alta para ser legítimos usuarios”.

“No vamos a acompañar este proyecto por razones técnicas y por razones políticas. Esto es como un blanqueo de armas. El proyecto no diferencia entre armas de fuego que alguna vez estuvieron registradas y aquellas que nunca lo estuvieron, esto es un grave error. En los últimos cuatro años miles de armas de fuego denunciadas como extraviadas y perdidas. Solo en 2025 las denuncias de extravío aumentaron un 41%. ¿Por qué creen que es? ¿que de golpe pase esto? esto significa que hay un universo creciente de armas de fuego que salen del circuito legal para terminar en uno ilegal. Esto es una pérdida de control del Estado”, remató Soria.

El cierre del debate estuvo a cargo de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien calificó el proyecto de “serio, responsable, tan necesario como la regularización de armas de fuego no registradas”, y expresó su sorpresa de que “se hizo en el 2004 con el presidente Néstor Kirchner y llama la atención que hoy se cuestione”.

“No es verdad que se dejó un hueco con la prórroga y la regularización. El hueco se dejó en el 2023 porque deberían haber presentado el proyecto”, le enrostró al peronismo y aclaró que “no se trata de un proyecto para flexibilizar el acceso a las armas, sino para generar una trazabilidad y recuperar el control y tener una capacidad de fiscalización que nunca existió”.

Bullrich precisó que hay 600 mil personas que tienen la credencial vencida porque “el trámite era muy engorroso, más unas 800 mil armas que no están registradas. “Esta situación la verdadera irregularidad y el proyecto busca una lógica de responsabilidad para que todas las personas que tienen armas que quizás heredaron. Se regularizaron 286 armas de un universo de 600 mil en 2004, pero el plan fue un fracaso total, por eso, se busca que haya una fuerte regularización a través de un sistema digital”, explicó.

“Todas las cosas que se dijeron acá son falsas. Hace 30 años que la policía no tiene la potestad de ir a las casas a corroborar si hay armas o no, sería un allanamiento ilegal eso. Eso es mentira, no existe hace años. Le tienen odio a la policía. Esta tarea en los últimos años no la hizo nadie y ahora que venimos con una manera razonable de contabilizar y regularizar las armas para saber quiénes las tienen”, criticó.

Parlamentario