La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la suspensión de entrega de tierras al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, por parte del Estado Nacional en la ciudad de Bariloche. Esto se refiere a la intimación del juzgado federal de esa ciudad, que el 17 de marzo diera un plazo de 30 días para transferir “a título gratuito” al INAI el dominio de las tierras para su “inmediata adjudicación” a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue, quien lo viene reclamando desde finales del 2021.
La Corte hizo lugar a los recursos extraordinarios presentados por el Ejército argentino y el
Ministerio Público Fiscal de la Nación, por lo que decidió suspender el traspaso de la propiedad de
las tierras.
Esta decisión va en concordancia con la campaña en contra del Pueblo mapuche y la acusación de
que el Estado argentino “está regalando tierras”. También tiene que ver con una fuerte presión de
actores privados vinculados con desarrolladores inmobiliarios y turísticos, que le reclamaron al
Ejército y al Ministerio actuar frente a la “amenaza” que representan las comunidades mapuches.
Este territorio que es de uso ancestral de dicha comunidad, y se encuentra ubicado en la ladera del
Cerro Otto, a 8 kilómetros del centro de Bariloche y a un kilómetro del Lago Gutiérrez.
Cabe destacar que el Ejército no desarrolla ninguna actividad en estas tierras, lo único que había allí y sobre una parte del territorio, eran prácticas de tiro. Además, tuvo una actitud muy diferente conlos territorios usurpados por el country Arelauquen que se encuentra en la misma zona. A pesar deser sus tierras, el Ejército no realizó ninguna acción judicial ni reclamo alguno contra sus dueños.
Por otro lado, la Provincia de Mendoza está viviendo una situación terriblemente vergonzosa, ya
que la Cámara de Diputados, cuya mayoría responde al radical Rodolfo Suárez, aprobó una
resolución que declara al pueblo mapuche como no argentino.
Esto está relacionado con un reconocimiento del INAI a territorios realizado en febrero pasado,
especialmente a los lof Suyai Leufu, El Sosneado y Limay Kurref, que salieron publicadas en el
Boletín Oficial.
En los considerandos del proyecto, los diputados, por un lado, rechazan la prórroga de la Ley
26.160, por otro cuestionan el reconocimiento que el INAI hizo de las comunidades y por último
rechazan la “argentinidad” al Pueblo Mapuche.
Todo esto está en contra de los derechos reconocidos luego de tantos años de lucha de los pueblos
originarios, tanto en la Constitución Nacional como en el Convenio 169 de la OIT. Reconocimientos
que fueron realizados por el Estado nacional y respetados por diferentes gobiernos. Inclusive esto
va en contra de los mismos orígenes de la normativa que reconoce los derechos de los Pueblos
Originarios, las que provinieron de un gobierno radical, ya que durante la presidencia de Raúl
Alfonsín es cuando se promulgó la Ley 23.302, de Política Indígena y apoyo a las Comunidades
Aborígenes, que luego originó otras herramientas jurídicas de reconocimiento de derechos, y el
Convenio 169 de la OIT fue ratificado a instancias del Gobierno de Fernando De La Rua.
Desde el Serpaj, dieron a conocer su repudio a ambas medidas “negacionistas y confrontativas con los pueblosoriginarios, y manifestamos suma preocupación ante la actuación de la Corte Suprema de Justiciade la Nación, porque no solo crean una imagen negativa de éstos, sino que además nos retrotraena tiempos pasados, en donde la incorporación de derechos, que tanto ha costado no sólo a los pueblos indígenas sino a toda la sociedad, todavía no se vislumbraba.
Los derechos de los Pueblos Indígenas, son derechos humanos y por lo tanto obligaciones que el
Estado, es decir los tres poderes, deben cumplir y hacer respetar” señalaron en un comunicado a la prensa.

Fuente: Fundación Servicio de Paz y Justicia

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