Así lo definió Santa Fe, Corrientes y Mar del Plata. Las nuevas disposiciones apuntan a prevenir hechos de intimidación en las instituciones educativas. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció medidas.
Ante el incremento de amenazas de tiroteos en escuelas, distintas provincias y municipios del país comenzaron a implementar medidas para responsabilizar económicamente a las familias de los autores. Las disposiciones buscan desalentar este tipo de intimidaciones y reducir el impacto que generan en la comunidad educativa y en los recursos del Estado.
En la provincia de Santa Fe, el gobierno resolvió que, una vez comprobada la autoría, los responsables deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad desplegados ante cada alerta. Según estimaciones oficiales, cada procedimiento puede implicar un gasto de entre cinco y seis millones de pesos.
El ministro de Seguridad y Justicia santafesino, Pablo Cococcioni, fue categórico al respecto: “No se trata de una broma, se trata de un delito”. Además, explicó que los gastos incluyen la movilización de policías, bomberos y equipos de emergencia.
Durante la última semana, esa provincia registró un pico de 65 amenazas en un solo día, en su mayoría difundidas a través de carteles dentro de los establecimientos educativos. Las autoridades indicaron que ya hay detenidos tras una serie de allanamientos y que estos hechos pueden dejar antecedentes que afecten futuros trámites de los involucrados.
En tanto, en Corrientes, la Policía provincial también avanzó con una postura similar. A través de un comunicado oficial, se advirtió que no se tolerarán intimidaciones y que los casos serán investigados bajo el delito de intimidación pública, contemplado en el Código Penal.
El jefe de la fuerza, Miguel Ángel Leguizamón, remarcó que “la edad de los involucrados no los coloca fuera de las consecuencias”, y subrayó que los padres pueden ser responsables civiles por los daños ocasionados por sus hijos menores.
Una medida en la misma línea fue adoptada en Mar del Plata, donde la Justicia dispuso que los padres de estudiantes identificados como autores de amenazas deberán hacerse cargo de los costos de los operativos. La decisión fue impulsada por el fiscal general Fabián Fernández Garello.
En esa jurisdicción ya se registraron al menos diez episodios y un adolescente de 17 años fue imputado por intimidación pública. Las autoridades investigan si estos hechos están vinculados a desafíos virales que circulan en redes sociales.
Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires no se aplicaron sanciones económicas, aunque se reforzaron los protocolos de actuación y el trabajo coordinado con la Justicia. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que “no vamos a naturalizar que las amenazas de violencia alteren la vida escolar”.
A su vez, el mandatario porteño hizo un llamado a la responsabilidad de las familias y al diálogo con los jóvenes. “No se trata de una broma pesada, es un delito”, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de mayor acompañamiento y atención por parte de los adultos frente a este tipo de situaciones.
Infobae
