El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, salió al cruce de quienes niegan la grave situación que atraviesa el sector yerbatero provincial.
En un posteo en redes sociales y en declaraciones a la prensa, Romero Spinelli afirmó que negar la crisis “es, cuanto menos, no tener contacto con la realidad”, y llamó a estar “cerca, escuchando y defendiendo a quienes trabajan todos los días para sostener a su familia”.
“Hablo permanentemente con productores de toda la provincia y escucho acerca de la dificilísima situación que se vive en cada chacra, y sé del enorme esfuerzo que están haciendo para subsistir y salir adelante”, expresó el vicegobernador.
Romero Spinelli criticó la distancia entre quienes opinan desde estudios de televisión en Posadas y la realidad que viven los misioneros en el campo. “Una cosa es opinar desde un estudio de TV en Posadas, y otra muy distinta es conocer y acompañar a los misioneros en esta realidad adversa”, señaló.
En la entrevista, el vicegobernador describió con crudeza la situación de los pequeños productores: “¿Vos le viste hablando ahora de vos? Me parece que para mí es muy difícil salir a caminar y ver la crisis del sector, el rendimiento, que hoy en día a un productor chiquito no le da ni para cambiar la cubierta. Odio que está el precio, y los costos son mucho más elevados del precio que se propone”.
Según su relato, los valores ofrecidos por la hoja verde de yerba mate muestran una fuerte dispersión y, en muchos casos, quedan muy por debajo de los costos de producción. “Vimos hace no más de dos semanas, creo, bueno, en Andrésito 5, 2 empiezan a mejorar el precio, 3.50. Este otro que paga 300, cooperativas que cuidan al socio, pero la gran comunidad es la que está afuera. Y esa es la que está complicada”, detalló.
El vicegobernador apuntó directamente a la desregulación del mercado yerbatero y a la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que durante años funcionó como herramienta de regulación y protección del sector primario tras largas luchas de los productores. “El sector está en crisis de Estado y va a seguir de Estado siempre y cuando no tenga un instituto que fue resultado de años de lucha y que estaba para cuidarlo”, sostuvo.
Romero Spinelli reconoció que las herramientas actuales son limitadas y evitó prometer soluciones mágicas: “En esto no se puede prometer nada, ni no ser sincero con la gente. Son las herramientas que hoy están. Pero decir que está en orden, por favor, hable con cualquiera nomás que le va a explicar la herramienta”.
En ese contexto, mencionó el respaldo del gobernador Hugo Passalacqua, quien la semana pasada ratificó su intención de avanzar con una presentación judicial para recuperar las funciones plenas del INYM, especialmente la capacidad de fijar precios de referencia que protejan a los productores frente a la volatilidad del mercado.
La crisis yerbatera en Misiones se profundiza desde la desregulación impulsada a nivel nacional. Pequeños y medianos productores denuncian que los precios actuales de la hoja verde —que en muchos casos oscilan entre $180 y $300 por kilo, con algunas excepciones aisladas que llegan a $350— no cubren los costos de producción, que superan ampliamente los $400 por kilo según referencias técnicas.
Esto se combina con el aumento generalizado de insumos, la caída en la rentabilidad y plazos de pago extendidos que complican aún más la subsistencia de las familias rurales.
Mientras algunas cooperativas y secaderos intentan sostener valores más elevados para sus socios o por calidad, la “gran comunidad” de productores independientes —la mayoría— enfrenta la mayor presión.
La situación afecta directamente la economía de miles de chacras en toda la provincia, principal productora de yerba mate del país.
Romero Spinelli cerró su mensaje con un llamado claro: estar al lado del productor misionero en esta etapa adversa. Su postura refuerza el compromiso del gobierno provincial con el sector primario y anticipa que el conflicto yerbatero seguirá siendo uno de los temas centrales de la agenda misionera en los próximos meses, con la acción judicial como una de las principales vías para intentar revertir la pérdida de herramientas regulatorias.
