La Dirección de Tránsito de Puerto Iguazú ha intensificado los controles sobre las licencias de taxis y remises, con el objetivo de regularizar el servicio y eliminar prácticas irregulares que afectan al sector.
Según explicó el Jefe Operativo, Fabio Duarte, la medida busca garantizar que cada licencia sea utilizada exclusivamente por su titular y con el vehículo declarado, poniendo fin al alquiler ilegal de permisos. “Es bien sabido que esto no corresponde.
La idea es que el transportista pueda trabajar de forma segura con su propia licencia”, afirmó Duarte. La resolución exige que el dominio del vehículo y la habilitación coincidan con la identidad del conductor, aplicando requisitos estrictos a todos por igual.
Desde la Dirección de Tránsito y el área de Fiscalización destacaron que la iniciativa protege la fuente de trabajo de los choferes legales y ofrece mayor seguridad y previsibilidad a vecinos y turistas.
La medida generó repercusiones en el sector, incluyendo quejas por su impacto en un contexto económico complicado.
En respuesta, el concejal Alejandro Verón difundió a través de un video en redes sociales una serie de críticas y propuestas que presentará en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Puerto Iguazú.
Verón cuestionó duramente la gestión municipal, argumentando que la prohibición del alquiler de licencias corrige un error que la propia Municipalidad permitió durante años. Según el edil, esta práctica irregular benefició a personas con múltiples licencias —incluso hasta 10, 15 o 20 permisos—, entre ellas empleados y funcionarios municipales, mientras los trabajadores comunes resultaron perjudicados.“El Municipio ahora corrige a costa de los trabajadores algo que ellos mismos permitieron. Contradice las promesas de defender al trabajador del volante”, expresó Verón, enfatizando que la medida afecta a quienes salen diariamente a ganarse la vida en un momento de dificultades económicas.
Entre las propuestas clave que el concejal adelantó llevar al HCD se encuentran:
Realizar una investigación exhaustiva para determinar quiénes autorizaron o permitieron el alquiler ilegal de licencias en el pasado.
Establecer un plazo de 12 meses para que los titulares regularicen la situación de licencias alquiladas o no utilizadas, permitiendo una transición ordenada sin dejar a los trabajadores sin opciones inmediatas.
Verón insistió en que la normativa vigente ya prohíbe el alquiler, pero su incumplimiento fue tolerado, generando desigualdades en el sector. Sus declaraciones buscan equilibrar la regularización con la protección de los trabajadores del volante, promoviendo transparencia y equidad en el transporte público de la ciudad.
El debate en torno a las licencias de taxis y remises continúa abierto en Puerto Iguazú, en medio de esfuerzos por modernizar y transparentar el servicio en beneficio de todos los actores involucrados.






