Pasadas las 3 de la madrugada, La Libertad Avanza logró que el proyecto vuelva a comisiones con 121 votos a favor, 117 en contra y 5 abstenciones. La oposición denunció presiones del Gobierno y no pudo avanzar con el dictamen de minoría.
En un cierre cargado de tensión, la Cámara de Diputados devolvió a comisiones el proyecto de ley sobre endeudamiento familiar. Pasadas las 3 de la madrugada, la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, pidió el regreso a comisiones y la moción resultó afirmativa.
Unión por la Patria intentó evitar que prosperara para avanzar con el dictamen de minoría, pero la sesión concluyó con la iniciativa del oficialismo.
Ese desenlace llegó después de una larguísima sesión en la que siempre estuvo latente la sensación de que no se llegaría al final. La oposición había emplazado el tema el 9 de septiembre, junto a otro asunto, y existía la expectativa de que al menos uno quedara sin votar. En medio de las intervenciones, Cecilia Moreau interrumpió a su compañero de bloque, Cristina Andino, y denunció la presencia de funcionarios del Gobierno en el recinto para “presionar” a legisladores y que acompañaran el dictamen de La Libertad Avanza. “Me preocupa que a esta hora de la madrugada estén llamando a diputados para que no se rechace el dictamen del oficialismo”, señaló, y comparó la situación con el proceso que se vivió con Edgardo Kueider. A su lado, Germán Martínez coincidió con la denuncia.
El oficialismo se impuso en el marcador final gracias a la abstención de cinco cordobeses: Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Alejandra Torres, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez. Juan Brugge votó con La Libertad Avanza, al igual que Lourdes Arrieta y Sergio Capozzi. El resto de Provincias Unidas votó en contra.
El proyecto había sido emplazado por la oposición, pero la composición de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor le permitió al oficialismo obtener el despacho de mayoría. A diferencia del régimen de condonación de deudas que proponían Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, el texto del oficialismo apunta a un marco de transparencia crediticia y educación financiera.
Entre sus ejes se encuentran la obligación de las entidades financieras y comerciales de informar de forma clara, comprensible y accesible las tasas de interés, el valor de las cuotas, las comisiones, los seguros asociados y el costo total de la financiación.
También exige destacar el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) para que no quede relegado detrás de tasas promocionales. Incorpora medidas de protección en entornos digitales, como autenticación reforzada, consentimiento informado y mecanismos para reclamos y reintegros ante posibles fraudes. Promueve la educación financiera e incluye herramientas para que los titulares de tarjetas fijen límites de gasto inferiores al crédito otorgado, mecanismos de portabilidad de financiación y protección para menores de edad, con notificaciones inmediatas y gratuitas a los titulares cuando se registren consumos desde perfiles de personas menores de 18 años.
En el recinto, el miembro informante del dictamen de mayoría, el oficialista Santiago Pauli, sostuvo que buscaban “un marco común de reglas para los que otorgan crédito, como para los que acceden al crédito”. Detalló la necesidad de más transparencia, acceso al perfil de riesgo crediticio, consentimiento efectivo con autenticación reforzada, un botón de arrepentimiento en los primeros 10 días hábiles, mayor educación financiera, defensa contra el fraude, información inmediata a los mayores en el caso de menores y la posibilidad de autolímites.
También destacó la portabilidad del crédito como herramienta para mejorar la calidad de vida.
El radical Martín Lousteau citó declaraciones del presidente Javier Milei sobre los bajos montos de los créditos y sostuvo que, si la gente no puede pagarlos, es porque no le alcanza la plata o porque el interés es muy alto, “o las dos cosas juntas”. Señaló que el 40% de los deudores deben menos de 90 mil pesos y no pueden pagar, y atribuyó la situación a la caída del poder adquisitivo y al aumento de los gastos fijos de las familias en el AMBA, superior a la inflación. Criticó un viaje de Milei a España y recordó una frase del presidente sobre la “casta”.
La peronista Kelly Olmos recordó que se había logrado tratar la situación de la discapacidad y un tema que el Ejecutivo “trató de eludir sistemáticamente”: el problema masivo de la morosidad y el sobreendeudamiento. Afirmó que más de 6 millones de argentinos han ingresado en mora, muchos en nivel 4 y 5, lo que prácticamente los convierte en “muertos” desde el punto de vista de sus oportunidades crediticias.
Julia Strada, titular de la Comisión de Economía por Unión por la Patria, enumeró aumentos en el transporte y lo sintetizó como “un problema de ingresos”. Apuntó contra Milei por sus dichos sobre los endeudados y contra Marcos Galperín. Citó un informe del Banco Central de Santiago Bausili que indica que el 63% de los morosos están en situación 5 en el VERAZ hace más de 365 días, y cuestionó: “¿De qué televisor del Mundial está hablando el presidente?”. Vinculó al Pro con Galperín y cerró leyendo titulares sobre asalariados que se saltean comidas y la caída del consumo de alimentos.
Para fustigar el dictamen de minoría se sumó la diputada del Pro Daiana Fernández Molero, quien pidió imaginar qué sucedería en 2028 si se aprobara. Sostuvo que sería más difícil conseguir crédito para cambiar una heladera, que un trabajador independiente quedaría afuera del mercado y que habría tasas más altas, porque se pondrían topes de tasas, se romperían contratos y se alterarían barreras de entrada a la competencia. Comparó el proyecto con la Ley de Alquileres derogada por el DNU 70/23 y lo denominó “Lipovetzky II”. Criticó con dureza lo que llamó una alianza entre “los moderados y el kirchnerismo”.
Con esta votación, el proyecto de endeudamiento familiar regresa a comisiones y la sesión de Diputados llegó a su fin sin que se tratara el dictamen de minoría impulsado por la oposición.
Información con Parlamentario
