El Ejecutivo buscará impulsar su agenda, incluyendo la restitución de los límites a la Ley de Tierras.

La Cámara de Diputados llevará a cabo una sesión especial este miércoles con un amplio temario que incluye los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de Discapacidad, de Morosidad Familiar, entre otros.

El Ejecutivo buscará impulsar así su agenda, incluyendo la restitución de los límites a la Ley de Tierras que la Corte Suprema frenó.

Uno por uno, los proyectos que tratará Diputados

Con el quórum prácticamente asegurado, el oficialismo buscará defender sus dictámenes de mayoría, mientras que la oposición intentará aprovechar la discusión para avanzar con sus propias iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar.

La sesión iniciará a las 12 y prevén que pueda extenderse hasta la madrugada del jueves. Los proyectos que tratarán:

Inviolabilidad de la Propiedad Privada y foco en la Ley de Tierras

El proyecto llega con media sanción a la Cámara baja después del desguace aplicado por la oposición peronista en el Senado, que le volteó el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego, pero también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales.

Ahora, el Gobierno busca restituir la Ley de Tierras en el tratamiento en Diputados, luego de las protestas sociales en contra de la extranjerización y de los intentos de la oposición de derogar todo el DNU 70/2023.

De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie después de la extirpación en el Senado son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojos para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.

En cuanto a las expropiaciones, el dictamen de mayoría estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante si está debidamente acreditado; el proyecto original no ponía ningún porcentaje.

Sobre los desalojos por usurpación, se dispone que el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble y podrá intimar dentro de las 72 horas su devolución si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

En el caso de desalojos por mora (es decir, cuando no hay una usurpación directa), luego de la intimación al pago, los inquilinos tendrán un plazo de al menos 10 días para regularizar deudas antes de que el locador les pueda iniciar la acción de desalojo, contando desde el momento en que recibieron la notificación.

Por otra parte, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada modifica la ley “Pierri” de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única las familias que tengan una posesión pacífica demostrable a lo largo de los 10 años anteriores.

Ley de Discapacidad

En el caso del proyecto sobre discapacidad, el oficialismo no debería pasar apuros, ya que tiene cerrado el dictamen a partir de concesiones a pedido de Argentina Federal y el MID.

El proyecto de “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” toma en cuenta casi todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 de Discapacidad, pero le saca el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.

En este sentido, para La Libertad Avanza, este proyecto cristaliza una versión “superadora” de la ley de emergencia que la oposición de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca busca prorrogar por un año más hasta el 31 de diciembre del 2027.

Lo que se mantiene de la ley de emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.

Además, se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria, y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.

En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.

Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Los aportes de Herrera Ahuad incorporados al dictamen sobre discapacidad

Uno de los ejes centrales de la sesión será el tratamiento de una iniciativa orientada a dar respuesta a las demandas del sector de la discapacidad. La propuesta contempla una redacción propia que establece una partida presupuestaria destinada a incrementar los recursos para pensiones y prestadores de servicios, aunque sin incorporar el componente de emergencia.

Cabe recordar que a fines de septiembre, los aportes de Herrera Ahuad, fueron incorporados al dictamen del proyecto denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”.

De ese modo, los principales planteos del legislador misionero apuntan a corregir aspectos que generan incertidumbre para las personas con discapacidad y sus familias. Además de contribuir a reducir los niveles de judicialización vinculados con prestaciones, pensiones y financiamiento del sistema.

En ese marco, el legislador recordó que la actual Ley de Emergencia en Discapacidad permite acelerar determinados mecanismos judiciales ante incumplimientos. “Si no se cumplen algunos ítems pautados en la ley se puede litigar. Entonces, la justicia ordena los amparos colectivos de una manera más rápida que en una cuestión habitual”, señaló.

Sin embargo, advirtió que la emergencia no resuelve por sí misma los problemas estructurales del sector. “Pero tampoco la ley de emergencia resuelve los problemas de fondo. Si se la renueva, antes del 31 de diciembre del 2027 habrá que discutir nuevamente esto poniendo otra vez a las personas con discapacidad en una situación incómoda de no saber cuál es su futuro para los próximos años”, sostuvo.

La incorporación de estas propuestas representa un avance en la discusión de herramientas que permitan brindar mayor previsibilidad a quienes dependen de estas prestaciones, así como a los prestadores que garantizan la atención y los servicios.

Ley contra el vandalismo rural

El proyecto impulsado por el PRO y avalado por LLA, UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales busca incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal, con el objetivo de imponer duras sanciones de hasta 8 años de cárcel por la intrusión en los campos y los ataques al sistema de producción agropecuaria.

Se tratará un dictamen único firmado por unanimidad para la creación de un Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, con foco en medicamentos de alto riesgo.

La iniciativa, que tiene como autora principal a Silvana Giudici (La Libertad Avanza), constituye una respuesta a la tragedia sanitaria que comenzó en abril del 2025, cuando el fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo causó al menos 90 muertes y afectó a otras 44 personas.

Información con El Cronista