El senador nacional por Misiones, Carlos Arce (Movimiento por Misiones), destacó los avances incorporados al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, entre ellos la exigencia de diagnóstico médico, la participación de las familias y el fortalecimiento de la atención comunitaria. Sin embargo, advirtió que la implementación efectiva dependerá de una partida presupuestaria específica y de una articulación real entre Nación y las provincias.

Tras la reunión plenaria de la Comisión de Salud —de la que es vicepresidente—, Arce señaló que desde el envío del proyecto por el Poder Ejecutivo hasta el dictamen presentado por el oficialismo se incorporaron cambios positivos. Entre ellos, resaltó la obligatoriedad de un diagnóstico médico para los trastornos de salud mental, tanto en tratamientos ambulatorios como en internaciones. Ese diagnóstico podrá estar a cargo preferentemente de un psiquiatra o de un médico con formación en la materia, con la participación de otros profesionales del equipo. También valoró que el texto reconoce la intervención de los psicólogos en las decisiones sobre el alta.

En materia de atención, el legislador subrayó la inclusión de dispositivos comunitarios y el rechazo a las prácticas manicomiales. “Quienes conocemos estas situaciones sabemos lo inhumano que puede resultar una internación en un manicomio y lo difícil que es lograr un tratamiento efectivo en esas condiciones”, afirmó. Destacó además la participación de las familias durante las internaciones y los tratamientos ambulatorios, incluyendo su intervención en decisiones de consentimiento cuando el paciente no está en condiciones de decidir y en el seguimiento del tratamiento.

El proyecto amplía el abordaje al consumo problemático de sustancias y de otras conductas, incorpora a niñas, niños y adolescentes, y contempla la ludopatía como problemática de salud mental. Sobre la prevención del suicidio adolescente, Arce advirtió que la incomunicación con la familia y el entorno puede ser un factor de riesgo, y reclamó facilitar el acceso al tratamiento médico y social junto con la identificación de señales de alerta por parte de Nación y las provincias.

Dos puntos pendientes: financiamiento y coordinación

Pese a los avances, Arce planteó dos objeciones centrales. La primera es el financiamiento: “La creación de dispositivos comunitarios, la capacitación profesional y la incorporación de herramientas como la teleconsulta requieren recursos económicos específicos para garantizar su funcionamiento”. Sostuvo que una ley nacional necesita una partida presupuestaria propia, con control de la ejecución y seguimiento del Congreso, para poder evaluar si los fondos cumplen los objetivos previstos.

La segunda observación apunta a la articulación institucional. Reclamó una participación coordinada del Consejo Federal de Salud (Cofesa) y del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (Cofesama), junto con las áreas provinciales de salud mental y adicciones. “Una ley por sí sola no resolverá la problemática del suicidio. Es un problema más complejo; sin embargo, contar con diagnóstico médico, tratamiento y señales de alerta constituye un paso adelante”, afirmó.

Entre los cambios concretos que incorpora el dictamen figuran:

• La posibilidad de internaciones involuntarias ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros, que en emergencia podrá ser resuelta por un solo médico.
• Un equipo interdisciplinario que tiene 48 horas para revalidarla, con habilitación de teleconsultas con un psiquiatra.
• La comunicación de la internación a la justicia (en lugar de que deba resolverla un juez).
• La exigencia de un plan de egreso desde el diagnóstico, con notificación anticipada al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos.
• Atención de menores por equipos con formación infanto-juvenil e internación en lugares separados de los adultos.
• Cooperación económica entre Nación y provincias, y mantenimiento de la prohibición de crear nuevos manicomios.