El dirigente radical Gustavo González y el diputado provincial Ramón Amarilla se comprometieron a gestionar ante el municipio y la Provincia una solución a la crisis hídrica. Vecinos llevan 18 días acampando frente a la Municipalidad y exhiben bidones con agua turbia.
“Años de desidia del Estado municipal y provincial llevaron a los vecinos de Piray a una situación límite: cientos de familias no tienen acceso al agua potable, como lo demuestran los estudios técnicos y las denuncias públicas”, escribió González en sus redes.
El diputado Amarilla recorrió el acampe —activo desde hace 18 días, según los propios vecinos— y adelantó que presentará un proyecto de comunicación ante la Cámara de Representantes. “Hemos venido a interiorizarnos de la situación por la que están pasando con el agua y los servicios que tiene que brindar el municipio”, dijo.
Pidió además que el Gobierno de Misiones “tome carta en el asunto” y calificó de “vergüenza nacional” que una provincia asentada sobre el Acuífero Guaraní no resuelva “lo más básico, que es el agua”, tras “veinticinco años en el poder”.
En el lugar, vecinos mostraron botellas y bidones con líquido marrón y turbio, contrastados con envases de agua clara.
Daniel Amarilla, en un posteo, afirmó que los manifestantes denuncian amenazas del exintendente Jorge Lezcano y que habrían sido denunciados penalmente por los reclamos.
Denuncia penal y análisis que no están a la vista
La reunión se dio en medio de un conflicto que ya no se limita a los cortes. El municipio, a través de su abogado Daniel Moschner, presentó una denuncia penal contra los concejales opositores Adrián Duarte y Elizabeth Mercado, del bloque Juntos Podemos, por intimidación pública (artículo 211 del Código Penal). La presentación quedó radicada en la comisaría local y fue girada a la Fiscalía de Puerto Rico.
Los ediles habían difundido cuestionamientos sobre la calidad del agua en los barrios San José y Las Marías, y vincularon el servicio con una posible contaminación fecal. Esas afirmaciones expresan la posición de los denunciados y no constituyen, por sí solas, una conclusión sanitaria firme. Vecinos también asociaron cuadros de gastroenteritis con el agua de red, aunque hasta ahora no se conoció un estudio epidemiológico que establezca una relación causal.
La respuesta oficial se apoyó en muestras tomadas el 7 de septiembre y analizadas en laboratorios de la Universidad Nacional de Misiones. Moschner aseguró que el agua era apta para consumo humano y que la documentación fue enviada al EPRAC. El propio representante municipal reconoció, sin embargo, que esos informes no fueron publicados en los canales institucionales: quien quiera verlos debe presentar una nota y pedir acceso.
Informes periodísticos sobre las planillas de la UNaM señalaron turbiedad por encima del máximo de 3 NTU del Código Alimentario Argentino en los tres puntos muestreados (San José, Santuario Virgen de Itatí y barrio Las Marías). En la salida de la cisterna de San José también se consignaron coliformes totales y fecales, con la salvedad del laboratorio de que la muestra se tomó de un caño “sucio y oxidado”.
Tres meses de fallas
El conflicto no nació de un episodio aislado. En los tres meses anteriores, la bomba que impulsa agua desde el río Paraná hasta la cisterna del barrio San José se rompió en tres oportunidades. Circuló material del interior del depósito con sedimentos y residuos; el municipio informó que la estructura fue limpiada y volvió a cargarse.
En junio, el Concejo Deliberante declaró emergencia hídrica, sanitaria y educativa. El municipio rechazó que el problema hubiera afectado al 70 por ciento de la población, pero admitió que la explicación oficial demoró en llegar. Esa demora permitió que convivieran versiones contradictorias y trasladó una discusión de salud pública al terreno penal.
Los mismos concejales habían impulsado antes otra presentación vinculada a la compra de dos camiones para la comuna. Ese antecedente no prueba por sí solo una represalia, pero integra el contexto político de la nueva denuncia.
Lo que falta
La calidad del suministro exige datos verificables: punto de extracción, fecha y método de toma, parámetros, valores y límites reglamentarios. La afirmación general de que el agua es potable no alcanza para reconstruir ese proceso. Tampoco los síntomas informados por vecinos alcanzan, solos, para acreditar contaminación sin respaldo de laboratorio.
González y Amarilla dejaron el compromiso de gestionar. Los vecinos siguen pidiendo lo mismo: agua segura, cisternas en condiciones y los informes a la vista de todos, no detrás de un trámite.
