El bloque oficialista negocia el texto con la Casa Rosada, el PRO, la UCR y los bloques federales. Mantendría la actualización de las prestaciones, pero sumaría nuevos filtros para acceder a una pensión.El dictamen está previsto para esta semana.

La bancada de La Libertad Avanza en Diputados define junto con la Casa Rosada y sus aliados un nuevo proyecto de Discapacidad, después del cortocircuito que generó el capítulo incluido en el Presupuesto 2027. El texto reemplazaría el paquete de recortes al área que el oficialismo había enviado en la “ley de leyes”, aunque incorporaría requisitos más estrictos para el acceso a una pensión no contributiva.

Las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda están obligadas, por el emplazamiento votado en la última sesión, a dictaminar esta semana. La oposición, que encabezó esa movida, busca extender por un año más la Emergencia en Discapacidad, actualmente vigente hasta fin de 2026.

Cómo se armó el cortocircuito

Forzado por la mayoría que se impuso en el recinto, el oficialismo centró su estrategia en subirse al debate en lugar de rechazarlo. Desde el inicio planteó que impulsaría un “proyecto superador” que ya circulaba entre las bancadas del PRO, la UCR y los bloques federales, con la intención de que ese fuera el texto que ganara la votación.

Hubo reuniones de legisladores oficialistas con tres áreas de Gobierno —Hacienda, Legal y Técnica y Discapacidad— para delinear el texto. Por eso, cuando el Ejecutivo envió el Presupuesto con un capítulo que deroga artículos clave de la ley vigente y suma ajuste en un área sensible, la estrategia oficialista quedó en jaque. Generó internas y tensó la relación con aliados que ya no están dispuestos a dar número para sostener otro veto de Javier Milei sobre el tema.

Marcha atrás con el capítulo del Presupuesto

Tras reuniones de emergencia para contener el daño político, La Libertad Avanza ratificó que elaborará el “proyecto superador”, con el compromiso de que lo que se defina en ese texto reemplace o se refleje en el proyecto de Presupuesto. En los hechos, implica dar marcha atrás con gran parte de lo que el Gobierno había incluido en el capítulo VI.

La letra definitiva todavía está en tratamiento y no será presentada públicamente hasta que la valide la Casa Rosada.

Qué mantendría y qué cambiaría

El nuevo texto garantizaría la continuidad de la actualización automática de las prestaciones, aunque pasaría a ser bimestral en lugar de mensual, como rige actualmente. En el acceso a las pensiones, en cambio, incluiría más filtros: “Que la cobre el que la necesita”, aseguró una fuente del oficialismo.

La discusión pasa por cómo fijar ese criterio. Desde el oficialismo remarcan que apuntará a distinguir el nivel de gravedad e inhabilitación de una discapacidad severa frente a una leve, como puede ser una disminución auditiva de un solo oído que permite seguir trabajando.

Lo que proponía el Presupuesto original

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno había enviado arrasa con casi todos los artículos de la actual ley de emergencia. Entre otros puntos, propone eliminar el sistema de aranceles universales para las prestaciones, lo que permitiría que las obras sociales y las prepagas fijen libremente los valores de las terapias.

“Es muy importante el rol del prestador, porque eso asegura la calidad de vida de nuestros hijos. Esto que quieren hacer es federalizar la desigualdad”, había cuestionado Gilda Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad.

El texto original también plantea establecer una incompatibilidad automática entre la percepción de la prestación y el empleo registrado, sin contemplar el criterio de los dos salarios mínimos que rige actualmente como filtro. Además, deroga el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud para quienes reciben la Pensión No Contributiva por Discapacidad.

La oposición insiste en extender la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027. El reclamo se apoya en que la norma fue vetada por Milei, que el Congreso insistió con su sanción, que luego hubo trabas administrativas y que el Gobierno terminó aplicándola recién por fallos judiciales, lo que, según argumenta, implicó una implementación tardía y limitada.

Con información de Clarín y BAE Negocios.