El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó, mediante una resolución publicada el 15 de mayo de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina, la creación de la Mesa de Coordinación Federal de Prevención y Combate del Narcotráfico y la Criminalidad Organizada en los Corredores Bioceánicos.
Se trata de un mecanismo de respuesta estratégica ante las crecientes amenazas que enfrenta el país por el uso del sistema logístico nacional como vía de organizaciones criminales transnacionales. El objetivo es fortalecer la eficacia del sistema de justicia penal y blindar los principales ejes de transporte frente a delitos complejos en permanente adaptación. 
La medida, firmada por la ministra de seguridad nacional Alejandra Susana Monteoliva responde a la necesidad de articular estrategias interinstitucionales nacionales y regionales, debido a los denominados corredores bioceánicos que se entiende como el “conjunto integrado de infraestructuras, nodos logísticos, pasos fronterizos y vías de comunicación terrestre, ferroviaria, fluvial, portuaria y multimodal, existentes o en desarrollo, que articulan el territorio nacional con los Estados de la región, facilitando flujos logísticos, comerciales y humanos de carácter interjurisdiccional e internacional”.
Según la normativa, estos corredores han multiplicado su importancia en la vinculación logística del océano Atlántico y el Pacífico. La expansión de estas rutas ha derivado en un incremento exponencial de la movilización anual de cargas y de personas, fenómeno que, como advierte la resolución, “presenta vulnerabilidades susceptibles de ser explotadas por organizaciones criminales transnacionales para la reconfiguración de rutas ilícitas”.
El impacto directo de esta estructura logística abarca desde las provincias del Noroeste Argentino, Noreste Argentino, Cuyo, Centro y Patagonia, e involucra relaciones de integración logística y comercial con Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. La principal prioridad de la Mesa en su etapa inicial será la vigilancia y protección de los corredores bioceánicos del norte del territorio, responsables de conectar el NOA y NEA con los puertos de los océanos Atlántico y Pacífico.
El documento advierte que, si bien la expansión de los ejes logísticos ferroviarios y viales promete optimizar los costos y tiempos de tránsito de exportaciones e importaciones, estos beneficios son acompañados de riesgos: “Los corredores logísticos de gran escala, en ausencia de esquemas de seguridad integrales y coordinados, pueden transformarse en vectores privilegiados para el ocultamiento, transporte y distribución de estupefacientes, drogas sintéticas, nuevas sustancias psicoactivas y otros flujos ilícitos de alto impacto”.
La Mesa de Coordinación Federal estará integrada por la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia, el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. La inclusión del Ministerio de Economía, la Dirección General de Aduanas, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y cuerpos policiales provinciales.
La Secretaría de Seguridad Nacional tendrá la responsabilidad exclusiva de coordinar operativamente el despliegue de las fuerzas federales sobre los corredores bioceánicos, en tanto que la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada se encargará de la producción de análisis estratégicos y prospectivos sobre fenómenos delictivos emergentes, patrones de riesgo y modalidades de criminalidad organizada asociadas a estas rutas. Por su parte, el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, aportará insumos técnicos y de inteligencia criminal, con un enfoque particular en drogas sintéticas, nuevas sustancias psicoactivas y el control de precursores químicos.
El texto también instruye el desarrollo de programas de capacitación técnica y operativa para las fuerzas federales y, conjuntamente con las autoridades provinciales y el sector judicial, ampliar la formación de actores estratégicos vinculados a la logística, el transporte y la infraestructura. La medida subraya el objetivo de “fortalecer las capacidades institucionales para la prevención, detección y afectación de capacidades operativas de organizaciones criminales vinculadas”.
Un aspecto innovador de la medida, consignado en el Boletín Oficial, es la promoción de mecanismos de cooperación y articulación voluntaria con operadores logísticos, empresas de transporte, concesionarios de infraestructura y otros actores privados para anticipar, detectar y reportar riesgos. Se destaca la participación de la Subsecretaría de Articulación Federal para implementar y coordinar estas acciones, basadas en intercambio de información y el desarrollo de protocolos de alerta temprana.
La resolución establece finalmente que la operación de la Mesa y el despliegue de acciones no supondrán erogación presupuestaria alguna para el Ministerio de Seguridad Nacional. Fija formalmente una nueva estructura federal de respuesta ante los desafíos planteados por la convergencia de criminalidad organizada en los corredores logísticos estratégicos del país.
Infobae
