Esta mañana, por orden del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, personal policial realizó allanamientos en dos chacras de la localidad de Guaraní con el objetivo de hallar posibles restos de una veintena de perros que desaparecieron el pasado 27 de marzo.
El operativo se enmarca en una investigación por presunto maltrato animal que tiene como principal foco el destino de entre 23 y 24 canes que fueron retirados de una vivienda tras el fallecimiento de su dueña, Margarita Sokalski. Según las denuncias, los animales fueron sacados por personal municipal y desde entonces no se tiene información oficial sobre su paradero, lo que generó fuerte conmoción y movilización de protectores de animales en la provincia.
El juez Horacio Alarcón dispuso las medidas tras recibir testimonios de vecinos, del propietario del predio y otras personas involucradas. La causa busca determinar si existió algún tipo de irregularidad, sacrificio clandestino o maltrato en el manejo de los perros.
El intendente de Guaraní, Miguel Ángel Vargas, prestó declaración testimonial en calidad de testigo sospechoso. En su declaración habría afirmado que los animales fueron retirados y destinados a adopción, desmintiendo versiones sobre maltrato o sacrificio. Sin embargo, hasta el momento no se habrían presentado certificados veterinarios ni documentación que acredite el destino final de los canes, lo que mantiene abierta la investigación.
Protectores de animales de la Red Provincial de Protección Animal elevaron una recompensa que llegó a los 600 mil pesos por información veraz sobre el paradero de los perros o, en caso de que hayan sido sacrificados, el lugar donde podrían estar sepultados. Hasta ahora solo se registraron dos denuncias formales, aunque la preocupación y el reclamo de “aparición con vida” o al menos de claridad se extendió a nivel provincial.
Los allanamientos de esta mañana se centraron específicamente en la búsqueda de restos óseos o evidencia que permita avanzar en el esclarecimiento del caso. Por el momento no se informaron resultados oficiales del operativo.
El caso generó gran repercusión en redes sociales y medios locales, con vecinos y organizaciones exigiendo transparencia por parte de las autoridades municipales y judiciales. La investigación continúa en curso.
